Miguel Sobrado
El profesor don Luis Lorenzo Rodríguez, en su excelente artículo ¿Reformar la constitución?
Publicado en LN el pasado 29 de diciembre, pone el dedo sobre la llaga sobre los problemas que aquejan el desempeño estatal. Nos citan cinco artículos claves de la Constitución Política actual que de cumplirse desaparecerían muchos de los principales problemas institucionales que nos aquejan. Se trata de los artículos: 11 párrafo 2 que exige evaluación por resultados de los programas públicos y responsabilidad de los jerarcas; El 57 que establece la igualdad de salarios en la administración pública; el 176 que establece el monto de presupuesto no puede exceder los ingresos; el 189 que establece que para crear nuevas instituciones autónomas debe darse 2/3 de los votos, norma ignorada por un subterfugio, que ha permitido crear 300 instituciones a la clase política.

 


De este análisis deriva que lo que necesitamos no es una nueva constitución, sino hacer cumplir la que está vigente. No voy a repetir lo que tan bien ha explicado el profesor Rodríguez, sino aprovechar esta publicación para evidenciar que el problema de mal funcionamiento de nuestro Estado no depende de la Constitución solamente, sino que es un problema del apropiamiento legal que se han hecho grupos corporativos, como los transportistas, desarrolladores, sindicatos o gremios profesionales, entre otros creando leyes con nuevas instituciones y ocupando espacios en las instancias decisionarias. Han logrado, de esta forma subrepticia que se anteponga su interés gremial o corporativo por encima del interés público. En otras palabras han instaurado la génesis de la corrupción empotrándola en las instituciones, donde cada subsector lucha por sus intereses. Una corrupción estructural que se reproduce en cascada hasta la base y el que no se atiene a sus reglas es un ingenuo. No se trata de negar los intereses legítimos de cada sector, sino de que estos no se impongan, como lo hacen actualmente sobre el interés público.
Todo esto ha sido encubierto ante el gran público por una visión individualista que le atribuye el problema del mal funcionamiento a la existencia de personas corruptas dejando de lado el sistema que las reproduce. Creando al mismo tiempo la ilusión de que basta que llegue una persona honrada para que todo funcione bien o que hay que cambiar la Constitución sin razonar porqué.
Lo que explica el mal funcionamiento de nuestro Estado son las instancias de poder subyacentes. Estas y la Constitución son las que definen como se hacen las cosas a contrapelo de los marcos constitucionales y de las leyes madre.
En otras palabras la acción reivindicativa debe estar orientada, por una parte a hacer que se cumplan las normas constitucionales vigentes para que haya controles, rendiciones de cuentas efectivas y sanciones a quienes las trasgreden. Por otra parte, debe orientar la acción a modificar las composiciones de las instancias decisorias y leyes vigentes que permiten anteponer los intereses de grupo, a gremios y corporaciones, por encima del interés público.
Llevar personas honradas al gobierno que antepongan el interés público al corporativo es importante, pero no soluciona el problema de la corrupción. Es preciso extirparlo en la raíz en las leyes e integración de las instancias decisorias que permiten y promueven la corrupción.
Es una tarea que demanda visión y decisión de estadistas porque hacer dinero desde le poder es una práctica muy arraigada en América Latina que viene desde la Colonia. ¿Pero podemos seguir tolerando este desaguisado y pretender ingresar al siglo XXI?
Tienen la palabra los señores diputados que tanto hablan de moral pero no exigen el cumplimiento de las normas constitucionales vigentes ni legislan para sancionar a quienes las irrespetan..