Miguel Sobrado

Costa Rica y Uruguay aunque han tenido su desarrollo en contextos geográficos e históricos diferentes tienen algunos elementos comunes.  Son de poca población y extensión sin grandes dimensiones ni estructuras federales, lo que facilita su comparación y contraste. No solo son similares en este aspecto sino que han compartido políticas sociales que buscan la equidad y el bienestar de la población y obtenido algunos resultados convergentes. Uruguay no obstante ha tenido un desarrollo institucional diferente, más descentralizado y con mecanismos de evaluación de resultados que involucran a las regiones y territorios. Una característica del sistema institucional uruguayo es que existe una tradición de continuidad de las políticas, más allá de los procesos electorales.

A partir de 2005, con la llegada al poder del Frente Amplio se fortaleció el sistema de evaluación y control y se dio un cambio en las políticas públicas respecto al agro. En el 2007, el parlamento vota la ley 18126 de descentralización y coordinación de las políticas agropecuarias con base departamental. Los propósitos eran contribuir a generar una política de descentralización, articulando políticas y recursos en el ámbito departamental y promover un mayor involucramiento de la sociedad agropecuaria en la definición de políticas para el sector. Se buscaba sortear la representación de las organizaciones tradicionales, generalmente con acceso al poder, fomentando la acción colectiva a nivel local. Es interesante que en el informe que dio al X Congreso Latinoamericnao de sociología rural en noviembre pasado, el ingeniero uruguayo don Pedro Arbeletche, destacó el apoderamiento de las comunidades sobre los asuntos locales como luz eléctrica, educación vivienda, salud y el acceso a la tierra, más allá de los temas productivos que han tenido, en este contexto, menor demanda e importancia. Se estimuló la capacidad de pasar del abordaje sectorial al territorial e intersectorial que condujo en opinión de uno de los responsables del proceso, a la construcción de ciudadanía en el ambiente rural que incluye a mujeres, jóvenes y asalariados.

Más allá de los efectos en el agro, el país como un todo ajustó la estructura institucional, con la participación de las comunidades y produjó resultados importantes en la primera década. La pobreza que en 2004 era 20%, igual que la de Costa Rica ese mismo año, se reduce al 8% en 2014 y la pobreza extrema que el 2004 era del 7%, similar a la nuestra, se reduce al 0.7% en 2014. Mientras tanto nosotros con una estructura institucional tipo archipiélago, donde no existen instancias operativas regionales y locales que involucren las fuerzas viva, seguimos estancados en los mismos porcentajes de principio de siglo.

Es evidente que nuestro problema está en el sistema institucional y no en la falta de recursos per cápita destinados al sector social. Debemos aprender de Uruguay y ajustar el sistema institucional a las necesidades con la participación efectiva de las comunidades en la gestión pública y en la toma de decisiones. No basta tener la voluntad de cambio desde los ministerios, es preciso dinamizar a las comunidades organizadas con información sobre los resultados para promover los ajustes institucionales requeridos. De otra manera, los controles cuando existan, serán formales y tecno burocráticos, sin efectos reales sobre los resultados de las políticas públicas.

Romper con la inercia no es fácil, las estructuras de poder políticas y de mandos medios establecerán una gran resistencia parapetándose en las leyes y normativas creadas para que nada cambie, pero es posible romper la inercia contando incluso con la participación activa de un parte de funcionariado, que preocupado por la decadencia del sector público, busca estabilidad y futuro en su carrera profesional.

El actual gobierno ha tenido logros relevantes en cuanto a política fiscal y reforma del reglamento de la Asamblea, pero esto no es percibido por el ciudadano de “a pie” que tiene que hacer colas de refugiados en la Caja, que pierde horas valiosas del día en las presas, al mismo tiempo que afrontar la inseguridad ciudadana. En el equipo de gobierno existe gente valiosa, pero anclada en una visión tecno burocrática. Por ahí no saldrán adelante y se les avecinan turbulencias. Hay que gobernar con la gente resolviendo conjuntamente sus problemas. El  ejemplo del Hospital sin Paredes en San Ramón, que construyó 161 puestos de salud con los recursos de las comunidades, es un testigo mudo de lo que se puede hacer. Más recientemente el proyecto Germinadora en la zona sur, a pesar de haber sido frenado en el 2013 por la tecno burocracia ha generado más de 200 empresas gracias a la organización de las comunidades con el respaldo de los Grupos de Acción Territorial de JUDESUR. Los hechos hablan por sí solos de lo que es posible. Los paradigmas asistencialistas que parten de que a los perdedores deben hacérseles las cosas, ciegan y pierden hacen perder el rumbo del desarrollo.