Miguel Sobrado

en enero 8, 2017

Miguel Sobrado
El profesor don Luis Lorenzo Rodríguez, en su excelente artículo ¿Reformar la constitución?
Publicado en LN el pasado 29 de diciembre, pone el dedo sobre la llaga sobre los problemas que aquejan el desempeño estatal. Nos citan cinco artículos claves de la Constitución Política actual que de cumplirse desaparecerían muchos de los principales problemas institucionales que nos aquejan. Se trata de los artículos: 11 párrafo 2 que exige evaluación por resultados de los programas públicos y responsabilidad de los jerarcas; El 57 que establece la igualdad de salarios en la administración pública; el 176 que establece el monto de presupuesto no puede exceder los ingresos; el 189 que establece que para crear nuevas instituciones autónomas debe darse 2/3 de los votos, norma ignorada por un subterfugio, que ha permitido crear 300 instituciones a la clase política.

¿REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

en diciembre 30, 2016

en Recomendaciones

http://www.nacion.com/opinion/foros/Reformar-Constitucion_0_1606439350.html

OPINIÓN

¿Reformar la Constitución?

ACTUALIZADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 AM

Con modificar la Carta Magna o hacer una nueva no se lograrían los cambios requeridos

El 14 de diciembre, el Foro de La Nación publicó un artículo de la estudiante universitaria María Pilar Corrales Vargas, en el cual se propone reformar la Constitución Política, ante las graves deficiencias de la administración pública de nuestro país.

Realizaremos un breve repaso de cinco artículos, con el fin de mostrar cómo la posible causa de las deficiencias pudo haber sido la violación sistemática a nuestra Carta Magna.

1) Artículo 11, párrafo 2: “La Administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, como consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra a todas las instituciones públicas”.

A ningún gobernante o diputado le ha interesado proponer, al menos, el proyecto de ley para hacer operativa la evaluación y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas. Nadie se ocupa de esta importante tarea, y cuando se realiza algún estudio parecido a una evaluación, siempre es elaborado por los mismos funcionarios públicos.

2) Artículo 57: “El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.

El manejo sin controles de los salarios, pluses y beneficios en el sector público recién empieza a ser conocido públicamente. En general, existen enormes diferencias entre funcionarios que hacen la misma labor y con los trabajadores del sector privado las brechas son abismales.

Es evidente la inconstitucionalidad de los llamados “pluses” y las diferencias salariales; sin embargo, son comprensibles, aunque no aceptables, las razones e intereses de los funcionarios del Poder Judicial para no valorarlos objetivamente.

3) Artículo 176: “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrán exceder el de los ingresos probables”.

Para la Constitución, el déficit presupuestario ni siquiera se presenta como una posibilidad. Aun así, para todos es conocida la situación de nuestras finanzas públicas. En décadas pasadas, como consecuencia de los enormes déficits fiscales, mediante el mecanismo de la inflación, se ha disminuido drásticamente el salario real de los trabajadores, producto de los derroches gubernamentales.

4) Artículo 189: “Son instituciones autónomas: 1) Los bancos del Estado; 2) las instituciones aseguradoras del Estado; 3) las que esta Constitución establece y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

Con el fin de evadir la disposición constitucional de requerir mayoría calificada para crear instituciones autónomas, la Asamblea Legislativa se inventó, de manera inconstitucional, la figura de institución “semiautónoma” y el adefesio jurídico de “institución pública no estatal”.

Esto nos ha dado como resultado tener que mantener, con salarios casi tres veces mayores a los del sector privado, a más de 300 instituciones públicas. Cada una requiere siempre, en exceso, funcionarios que no le brindan ningún servicio a la población; son los llamados empleados administrativos, quienes conforman la burocracia kafkiana.

En las instituciones que no se rigen por el Servicio Civil, para los nombramientos y ascensos, es más fácil encontrar el partidismo, el amiguismo y el nepotismo.

5) Artículo 191: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.

Cuando la Constitución menciona al Estado, se refiere a la totalidad de sector público; sin embargo, el estatuto aprobado por la Asamblea Legislativa solo incluye a los empleados de los ministerios, y deja por fuera al Poder Judicial, al Poder Legislativo, instituciones autónomas, municipalidades y demás entes públicos.

Con esta legislación inconstitucional, cada ente público creó su propio sistema de salarios y beneficios sin controles y se desató una competencia entre ellas por más y mayores beneficios. Los funcionarios cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil quedaron en desventaja respecto a la piñata de pluses, beneficios y privilegios.

A pesar del mandato constitucional, el Estatuto aprobado no menciona nada respecto a la eficiencia de la administración y, hasta la fecha, es un tema tabú en nuestra administración pública.

En algunos casos, en aras de la llamada autonomía, se dejó en manos de los mismos trabajadores de la institución la determinación de sus propios salarios, pluses y beneficios. El interés particular y la voracidad sindical dejaron como resultado las dos Costa Ricas que hoy tenemos: la de los trabajadores cubiertos por las convenciones colectivas y, en el lenguaje de este gobierno, la de los de a pie.

Con estos pocos, pero importantes ejemplos, pareciera que el caos actual de nuestra administración pública y por ende del país, no es producto de la Constitución, sino de su flagrante y constante violación. Con modificarla o hacer una nueva, no se lograrían los cambios requeridos. Es un asunto de cultura política.

Una posibilidad podría ser la de establecer como delito la violación a la Constitución. El asunto es encontrar quién lo proponga y quién lo apruebe. En estos momentos todo el poder político del Estado está ocupado por funcionarios públicos de carrera. No podemos pretender cambios importantes. Posiblemente para las próximas elecciones este será un tema sensible.

El autor es profesor de la UCR.

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COMO SE TRANSFIRIO LA AYUDA A LA COMUNIDAD DE LIMÓN DEL YUNA EN REP. DOMINICANA DEVASTADA POR DOS HURACANES EN 1979

en diciembre 10, 2016

Miguel Sobrado Chaves

Ced.1294994

Hernán Mora Corrales

Ced. 2294505

Un desastre de gran magnitud como un huracán requiere, además de la asistencia inmediata, de un método que incorpore a la comunidad organizada de ser posible en la prevención para mitigar el evento, pero sobre todo en las tareas de reactivación y reconstrucción de la infraestructura y de la actividad social y económica.

La asistencia y el socorro son muy necesarios en una primera etapa, pero una vez que los afectados son puestos salvo, la asistencia no debe prolongarse porque se transforma en asistencialismo con toda su estela de dependencia. Le toca al Estado fijar políticas de respaldo pero la comunidad organizada asumir el control de la reconstrucción.

Viaje a Perú y Bolivia

en diciembre 10, 2016

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EMERGENCIAS: ARTICULA INSTITUCIONES ¿PERO TAMBIÉN COMUNIDADES?

Miguel Sobrado

El Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (SNPRAE) tiene un diseño formalmente impecable. Define el papel de cada institución, de los Comités cantonales y comunales y establece los protocolos de acción. La movilización institucional, tal como la vimos en la última emergencia, se articula y funciona de acuerdo a lo previsto. No obstante, los comités cantonales que son la base del sistema, no están artículados. Esta limitación no ha sido muy grave frente a emergencias menores, pero resulta determinante cuando se trata de catástrofes mayores como la de Upala que afectan amplios sectores de población y su actividad económica.

El caso de Upala llama más allá de las responsabilidades que le puedan caber al Alcalde, llama a la reflexión. ¿Basta designar a un Alcalde como responsable local de la atención de emergencias y desastres para que funcione un Comité Municipal de Emergencia? ¿Se elaboran planes previos frente a los diversos tipos de emergencias y desastres y se controla la preparación de la población local para reaccionar preventivamente o mitigar los daños? ¿Se controlan estos preparativos y se brinda, de ser necesaria por la naturaleza del desastre, la capacitación apropiada?

EL CENTRALISMO DESCENTRALIZANTE Y EL EXITO EN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA

Miguel Sobrado

Hemos visto como al colocarse el Presidente en el centro de la gestión frente a la emergencia ha utilizado su autoridad para articular y coordinar la acción institucional. Se ha demostrado las instituciones están preparadas y pueden articularse eficientemente cuando hay un mando central que goza de autoridad y capacidad.
En el campo de la política social doña Ana Elena desde la vicepresidencia y doña Mercedes la esposa del Presidente, se habían anticipado marcado la pauta de cómo poner a trabajar este descoordinado aparato, llamando a cuentas a los directores regionales. No es más que la materialización del viejo adagio campesino: “el ojo del amo engorda el caballo”, que va más allá de los controles burocráticos y administrativos, que sigue y orienta la gestión apoyándose en la gestión especializada sin invadir el campo técnico.
Felicito al Presidente Solís, por haber asumido el liderazgo y lo invito a seguir por este sendero, que ha mostrado ser efectivo supervisando lo sectorial y regional. Demandando resultados a los Ministros rectores, pero al mismo tiempo respaldándolos con su autoridad, en su relación con los sectores de transportes, de salud, y otros que andan como “moro sin señor” manejados por los intereses corporativos y clientelistas.

LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA: UNA FELICITACIÓN Y UNA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Miguel Sobrado

Más allá del impacto que tuvo la actividad económica en la generación de empleo en las regiones Brunca y Chorotega elevando el ingreso de los sectores más pobres locales, el logro de la política social en la reducción de la pobreza es relevante y amerita un análisis y aprendizaje.

Gracias a la focalización institucional sobre cantones y distritos prioritarios por su nivel de pobreza se obtuvieron resultados positivos. Se trata de un esfuerzo que debe ser destacado por el talento en su diseño y el esfuerzo por concentrar los recursos del sector social. No ha sido nada simple realizar esta tarea en la maraña institucional. Especialmente teniendo en cuenta el centralismo institucional nucleado en la capital y la carencia de instancias regionales con poder efectivo, en un sistema lleno de prácticas e inercias paralizantes y desestimulantes del trabajo efectivo.

DIRIGENTES POPULARES DE BASE O APARATCHIKI UNGIDOS POR EL PODER POLITICO

Miguel Sobrado

Las luchas por el poder en un sistema clientelista abarca progresivamente todas las esferas de la vida sociopolítica. Los partidos y corporaciones luchan activamente por el control y manejo las organizaciones y grupos de interés. De esta lucha no se encuentran exentas sino que son objeto de seguimiento sistemático las organizaciones creadas por los grupos y comunidades para resolver sus problemas y atender sus necesidades.

Desde el gobierno se utilizan los recursos institucionales para estimular y crear liderazgos ungidos por los partidos –como los aparatchiki soviéticos-. Se busca comprar lealtades y negociar votos e influencias buscando transformarlas, hasta donde les sea posible en fajas de transmisión partidario.

En este proceso compiten y procuran arrinconar, cuando no las pueden subordinar, a las organizaciones autónomas con liderazgos y prestigio propios surgidas de las necesidades y capacidades de las bases.

Estas luchas se extienden progresivamente a los sindicatos empezando por los de las instituciones del sector público, sujetas de influencia política directa. Pero de esta manipulación no están exentas las cooperativas y asociaciones comunales y deportivas a través de instituciones tutelares con financiamiento formalmente para su desarrollo. Por este medio se procura convertirlas paulatinamente en áreas de influencia de los caudillos o partidos.

EL ALTO ABSTENCIONISMO EN EL REFERENDO DE COLOMBIA Y LA NECESARIA REFORMA INSTITUCIONAL LATINOAMERICANA