Un recuento de nuestro viaje a La Habana, Cuba en junio del 2017
Desde las colonias española y portuguesa se articularon en América Latina sistemas de gobierno, donde las actividades económicas estaban reguladas desde el poder político centralizado. En Madrid, se definían los permisos para colonizar, se asignaban encomiendas sobre las poblaciones indígenas, se otorgaban permisos para explotar minas y controlar el comercio. Los Virreinatos y las capitanías generales eran simples ejecutores. Si bien, con la independencia se reivindicó el derecho al libre comercio con el exterior, se mantuvieron las estructuras centralizadas y los monopolios locales. La nueva élite criolla, aunque formalmente republicana y liberal, mantuvo desde el poder el control de las actividades económicas y legisló, o actúo de hecho para mantener sus privilegios. Esta forma de gobierno conocida como patrimonialista, por tener como objetivo el enriquecimiento de los grupos ubicados en las redes de poder, es el que ha predominado en nuestro continente asociado a un sistema de patrones y redes de clientelismo político. En este contexto floreció un “capitalismo de amiguetes” cuyo principal mérito no ha sido su capacidad emprendedora, de innovación o su aporte a la riqueza nacional sino su entronque con las relaciones de poder.
Es en este sistema de Estado, carente de una visión integradora de los esfuerzos públicos, donde se incuba la corrupción que se ha mantenido potenciado en nuestros días. Contrasta por sus deficientes resultados económicos y sociales, con las formas avanzadas de gobierno republicano articuladas alrededor de una visión articuladora con sistemas de controles basadas en pesos y contrapesos institucionales.
Hace 14 años la tasa de pobreza en Uruguay era del 20% y la de indigencia de los 7%, similares a las costarricenses de entonces. Hoy en día la tasa de pobreza en Uruguay es del 4% y la de indigencia del 0.8%, mientras que nosotros no nos despegamos del 20% y 7% respectivamente, a pesar de que tenemos como país una inversión social per cápita respetable en el ámbito continental.
En estos cambios en el Uruguay ha incidido una política social congruente centrada en la niñez, la educación la salud y el trabajo, con evaluación regular y financiamiento propio. Ha contribuido sustancialmente a estos resultados la descentralización e involucramiento progresivo de las comunidades en la ejecución de los programas y proyectos. También han reducido el índice de desigualdad de Gini al 0.38, mientras que el nuestro ha crecido al 0.51.
Uruguay aunque ubicado en otra latitud y contexto geopolítico tiene elementos en su historia y evolución, especialmente en su vocación republicana y el papel de los sectores medios, que lo hermanan con Costa Rica. En extensión es tres veces y medio nuestro territorio, pero en población apenas llega a los 3 y medio millones.
Durante el gobierno anterior, don Carlos Alvarado entonces Ministro de Trabajo impulsó el proyecto Puente al Desarrollo, que integraba a nivel regional el trabajo institucional para reducir la pobreza. Con este proyecto logró que se redujera, por primera vez en muchos años el porcentaje de pobreza, aunque no así el de la pobreza extrema. Este logro fue posible, entre otros, gracias al volumen de los fondos, per cápita de la política social existentes en el archipiélago institucional, que al ser coordinados y focalizados apalancaron los resultados. Debe destacarse, así mismo, el seguimiento y supervisión de la señora Vicepresidente de entonces doña Ana Elena Chacón como el de la presencia del programa Tejiendo Oportunidades de doña Mercedes Peñas entonces primera dama.
En esta administración, la importancia del Plan Fiscal, ha dejado en segundo plano el programa oficial para el combate a la pobreza llamado Puente al Desarrollo.
Integrar y focalizar es muy importante, porque permite concentrar recursos y programas institucionales dispersos, en soluciones regionales y locales. Este tipo de políticas, cuando se han realizado en estructuras institucionales desdentralizadas, articuladas, con evaluación y seguimiento, han tenido resultados importantes en países como Uruguay y Chile. No obstante, nuestro archipiélago institucional está lejos de articularse y viene saliendo de una turbulenta huelga que requiere de una conducción firme y sostenida, para alcanzar logros relevantes. Integrarlo y conducirlo es importante pero, en las actuales circunstancias, se necesita de un estímulo y control desde abajo. De un involucramiento y participación activa de las comunidades organizadas y gobiernos locales, que refuercen la conducción y el cumplimiento de la política integradora y orienten el ajuste institucional a los requerimientos actuales.
La importancia de la participación organizada de las comunidades en la consecución de logros y en ajuste de las instituciones a sus necesidades ha sido evidente en varias experiencias históricas. Para citar dos casos en el Brasil con el programa Hambre Cero que sacó a 30 millones de pobreza en un tiempo record y en nuestro país con el Hospital sin Paredes que creo 161 puestos de salud con los recursos y organización comunal y redujo la tasa de mortalidad materno infantil en pocos años. Experiencia que le ameritó al Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier y su equipo del Hospital de San Ramón en los años 60 premios tanto, de la Organización Panamericana, como como de la Organización Mundial de la Salud.
Lamentablemente este no es el paradigma prevaleciente en el enfoque de la política social que se inclina más por la asistencia y no es probable que los actuales jerarcas estén dispuestos a poner en marcha, en el corto plazo un enfoque participativo de involucramiento activo de las comunidades.
La auto organización y las resistencias de las estructuras de poder
La organización autónoma alrededor de las necesidades de las comunidades y organizaciones es la única fuente de poder que las convierte en actores activos del desarrollo. A través de la organización se adquieren capacidades para desarrollar proyectos comunales y empresariales, se rompen “techos sociales” y se adquiere la visión que permite las transformaciones productivas y el ajuste de las relaciones sociales.
Existen métodos basado en la organización autónoma que han sido probado exitosamente en el mundo. Métodos que apodera a los grupos organizados de visión y capacidad operativa, que resquebraja los techos sociales abriendo nuevas perspectivas de participación. Como lo realiza actualmente en 49 cantones de seis provincias Surafricanas ver: www.seriti.org.za
No obstante los alcances demostrados, estos métodos encuentran su aplicación encuentra serias resistencias en las estructuras de poder político y en la organización institucional diseñada “para ayudar a la gente” y consolidar clientelas políticas.
La operación tenazas
Enfrentar esta resistencia, no es un problema teórico metodológico. En este campo las fortalezas de la capacitación masiva son evidentes por su arraigo y fundamento en la andragogía, o ciencia de la educación de adultos y en los resultados obtenidos- La resistencia es ante todo un problema político y como tal debe ser enfrentado desarrollando procesos de acumulación de fuerzas. Se requiere no solo de una visión y decisión políticas sino de ante todo de una alianza activa con los nuevos tipos de organizaciones incluyentes. Alianza que contribuya con políticas públicas a su promoción, al mismo tiempo que fortalezca la descentralización y la base activa del poder local y nacional. El éxito de la política social no depende solo del Plan Fiscal, pase este o no pase y se deba trabajar con recursos menguados deberá ponerse en marcha. Sus logros, eso sí, estarán ligados estrechamente a las alianzas que permitan una reforma institucional impulsada fuertemente desde abajo.
Se han desatado migraciones masivas de personas y familias de los estados del triángulo norte de Centro América hacia los Estados Unidos. Esto es nuevo por su masividad y organización de los migrantes, para poder protegerse de los coyotes, asaltantes y violadores, pero no es un fenómeno nuevo, que se viene dando hace décadas. Según estimaciones de expertos entre un 10% y un 12% de la población de esos países ha emigrado colocando a la región a la cabeza mundial de las migraciones. Pero muchos años antes de las actuales caravanas masivas, que han colocado el tema en los medios de comunicación, entre medio millón y 700.000 personas lo hacían anualmente, aunque en pequeños grupos, subiéndose al tren mexicano que va de frontera a frontera que por su crudeza y violencia contra los migrantes se ha llamado La Bestia. La gente que emigra está desesperada de las malas condiciones y falta de perspectivas imperantes a pesar de la gran riqueza de sus países. Escapan de la falta de oportunidades educativas, del desempleo y de la violencia que practican tanto las autoridades como las maras y el narcotráfico. Los sistemas de gobiernos son ejercidos por grupos de poder que se reparten los beneficios del Estado y saquean las arcas públicas sin tener un norte común integrador. A contrapelo de sus propias constituciones y leyes menosprecian a sus poblaciones y no consideran la educación de la como una inversión necesaria. Las decisiones se imponen por la fuerza, desalojando a las poblaciones de manera violenta que no excluyen los asesinatos de los dirigentes que se oponen activamente, como fue el sonado caso del asesinato en Honduras de Norma Cáceres que permanece impune. Las élites gobernantes viven en verdaderas burbujas en ciudadelas amuralladas y de espalda a las necesidades de la población a la que miran con prejuicio racista, ignorando las necesidades de inversión en capital humano que requiere el desarrollo actual. Por eso no contribuyen al fisco y tienen una baja recaudación de impuestos, muy por debajo de las necesidades de inversión pública moderna. En este contexto florece la economía subterránea de las maras y narcotraficantes que asumen cada vez más porciones de poder, cobrando peaje para permitir la actividad económica en los territorios. La desesperanza y la violencia expulsa las poblaciones hacia cualquier parte, donde exista un espacio para vivir, asumiendo incluso el riesgo de ser asaltados y violados en travesía ferroviaria de La Bestia. Las actuales marchas masivas escapando del infierno de sus países podrían estar marcando un parte aguas en la historia de la región que está involucrando cada vez más actores. Ya el Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador hablo de hacer un proyecto magno, conjuntamente con Canadá y los Estados Unidos, para el desarrollo del sur de México y los tres países del triángulo del norte de Centro América. . Está por verse si los Estados Unidos de Trump, que de entrada envió el ejército a la frontera, van a aceptar la idea. En todo caso, si pudieran recogerse los fondos, no es una tarea para ser manejada desde los escritorios de la burocracia. Implica en primer lugar hacer cambios políticos en esos países que le den participación activa a los excluidos. Que puedan gozar de espacios y autonomía así como apoyo técnico a sus proyectos que genere posibilidades de inclusión en el proceso de desarrollo. Esto no es fácil de aceptar por las estructuras empotradas en poder y convencidas de que se trata de los migrantes son “perdedores e incapaces”. Es previsible, más bien un incremento de turbulencias sociales y políticas así como salidas violentas en Centro América y su contexto inmediato. Pareciera que algo se ha quebrado y de abajo ya no soportan la situación y los de arriba no tienen la visión, la capacidad, ni la flexibilidad para realizar los ajustes necesarios. Se han puesto en evidencia con toda su crudeza los límites que tienen para gobernar los actuales gobiernos. Si bien si bien esta experiencia y sus impactos por el momento son regionales, no debe perderse de vista que la causa estructural que ha generado este fenómeno, esto es el patrimonialismo o corporativismo de los gobiernos, en mayor o menor grado, comparten todos los estados latinoamericanos. Patrimonialismo sustentado por relaciones clientelistas que han sido el eje del poder, pero que en la transformación que está teniendo la economía y la sociedad latinoamericano y mundial son insostenibles y retrasan peligrosamente los ajustes necesarios. Por eso es que afloran cada vez con mayor fuerza las crisis económicas sociales y políticas que ensombrecen el panorama continental con las orejas del populismo y el fascismo. La crisis regional debe llamar a una reflexión y acción profunda en el continente, se requieren cambios estructurales profundos, descentralizando y democratizando la gestión pública, apoderando a los excluidos de organización ciudadana, y aprendiendo y difundiendo las mejores prácticas, amistosas con el medio ambiente y que permiten generar ingresos y arraigar a la población
El Gran Tempisque de don Federico Sobrado Carreras: una experiencia del siglo XX donde se puede apreciar el impacto de las políticas públicas sobre el auge y decadencia del desarrollo regional
Dos libros, escritos uno por una nieta y un nieto, sobre su abuelo Federico Sobrado Carrera remozan la historia de este visionario empresario, dinamizador de Guanacaste en las primeras 4 décadas del siglo XX. El primero de estos libros “La casa de la independencia” de Martha García Sobrado publicado recientemente en México y del cual han circulado algunos ejemplares en nuestro país y el segundo, aunque primero en el tiempo, de Federico Sobrado París fue elaborado hace varios años y circulo en una edición digital limitada, que algunos han impreso.
Más allá del interés que pueda tener para sus descendientes, dentro de los cuales me incluyo, la figura de don Federico, pienso que su experiencia empresarial es de interés de la historia económica nacional como una experiencia de desarrollo agroindustrial dinamizadora de la economía regional a partir de la apertura del monopolio de la producción de alcohol.
Don Federico, inmigrante a los 15 años para que no lo utilizaran como carne de cañón en las guerras carlistas de España, viajo a Argentina. Tuvo una rica experiencia en ese país donde amasó una pequeña fortuna comerciando caballos hacia Chile a través los Andes. Con esos recursos compró un barquito y viajó solo hasta Panamá. Pretendía colaborar con en la construcción del canal, pero cuando llegó se encontró que el constructor del canal de Suez Ferdinand de Lesseps, había fracasado. Se vino entonces para Costa Rica donde se casó con doña Pacífica García, guanacasteca hija de don Tomás Guardia e inició sus trabajos exportando maderas de Guanacaste a Alemania. Ya con algún ahorro compró la Hacienda Santa María, actual parque nacional, donde inició su actividad agropecuaria utilizando tecnología. Posteriormente compró la Hacienda el Tempisque que gozaba de un permiso gubernamental para destilar alcohol en su trapiche. Pronto transformó el trapiche en un ingenio e inició el camino a un desarrollo agro industrial que dinamizó la economía regional. Desde el Tempisque, se expandió con la compra de territorios de la Chocolata, La Hacienda Maderas Negras, la Hacienda El Real y la Hacienda las Delicias “convirtiéndose en el mayor terrateniente de la zona”. “La producción de ingenio por él instalado era poco menor de los doce mil quintales de azúcar, cifra suficiente para abastecer la mitad del mercado guanacasteco de entonces.” En 1907 bajo decreto del entonces Presidente González Víquez se le otorgó la concesión de destilar alcoholes puros y de baja graduación. La destilería estaba instalada con maquinaria Lavalle francesa con cuatro cubas para la destilación de 4200 litros cada una. La apertura del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores se mantuvo por más de 30 años. En este tiempo se diversifico la actividad industrial, bajo la dirección de don Arnoldo Heger se instalaron una fábrica de candelas, otra de jabón, un beneficio de arroz y un procesador de madera. El beneficio de arroz tenía maquinaria alemana y el aserradero un equipo moderno que le permitía amachimbrar y dar acabado a la tablilla.
Unos años después se montó la fábrica de hielo que abastecía Liberia a pesar que el transporte duraba seis horas en carreta.
La electricidad era de uso común en El Tempisque, mientras permanecía desconocida en el resto de la provincia. Las obras de la agro industria requerían e una gran infraestructura incluyendo un tanque con péndulo para recoger las aguas del rio abastecer sus industrias y proveer el consumo así como un puente colgante de 100 metros de largo sobre el rio para facilitar el transporte de trabajadores, materias primas y productos.
“Este desarrollo agro-industrial a la vera del gran Tempisque era movilizado por energía de vapor, para lo que disponía de tres calderas.” Estas se alimentaban con leña y el bagazo producto de la trituración de la caña.
El desarrollo agroindustrial requería de servicios técnicos de apoyo tanto de profesionales, como de mecánicos y de una red de transporte capaz de llevar los productos a las ciudades del Guanacaste y El Puerto de Puntarenas, tal como lo requería el acuerdo de Gobierno.
La operación del Gran Tempisque requería de circulación de dinero que la Hacienda facilitaba en forma de “chapas” con valor de cambio, que circulaban en toda la provincia; así como confianza y apoyo bancario.
Actividad complementaria de la industrialización fue la cría de cerdos al pastoreo y la explotación de apiarios.
“Los pastizales eran asistidos por doce maquinas podadoras tiradas por bueyes, que asimismo desyerbaban los cañales…limpiaban cada una a razón de dos hectáreas diariamente.”
El hato era de 16.000 cabezas de ganado y el ganado caballar más de 1.500 cabezas.
Las inundaciones anuales del rio Tempisque dejaban cardúmenes de sardinas que eran recogidas con redes y servían para alimentar la piara necesaria para la industrial del jabón y candelas. La harina de pescado era utilizada para la producción porcina.
La producción de alcohol, eje de este polo de desarrollo regional que ocupaba mano de obra de las poblaciones vecinas y estimulaba el empleo en las ciudades, se vio interrumpida por la prohibición que estableció la administración de León Cortés Castro 1936-40, paradójicamente el último de los gobiernos liberales, para devolver el monopolio a la FANAL. Esta prohibición coincidió con la muerte de don Federico y estimuló la diáspora de sus hijos e hijas a otras actividades y regiones. Carentes de la actividad centrífuga que le permitía estimular e integrar la economía local, el Gran Tempisque desapareció y aunque como Hacienda siguió teniendo peso no volvió a tener el dinamismo y la relevancia
A pesar de los grandes aportes presupuestarios que realiza nuestro país, para superar la pobreza, uno de los más elevados per cápita del continente, ésta no baja mientras que otros países han logrado avances con menos recursos
En la política social se distinguen dos grandes campos de acción: La política asistencial dirigida a quienes se ven afectados de manera temporal por desastres u otras calamidades y a quienes lo son de manera permanente por no poder valerse ya por sí mismos.
Dejando de lado lo asistencial permanente que mitiga la pobreza de los más necesitados, los proyectos promocionales, que deberían reinsertar a la pobreza temporal al proceso de desarrollo, presentan serias limitaciones desde su concepción y de las relaciones de poder y la configuración institucional. A esta población se les visualiza como “perdedores”, esto es personas que no han sido capaces de “flotar” solos y que requieren ayuda externa. Esta concepción está arraigada en las relaciones de poder, basada en el clientelismo y en la misma organización institucional, que propone soluciones “desde arriba”.
Fuera de algunos escasos proyectos de apoyo técnico a grupos organizados, los programas son elaborados y ejecutados por el personal institucional, sin consulta ni participación real de las comunidades. En este contexto se estimula la pasividad la dependencia y se fortalecen las relaciones culturales de dominación y subordinación. Esto es no genera la pro actividad, participación ni la cultura que requiere el desarrollo.
El contexto de polarización creciente en que se da la última elección producto, es en última instancia producto de una confrontación entre “Costa Pobre” esto es la parte abandonada por las políticas públicas del país, con serios problemas de pobreza y desempleo y la parte urbana y rural moderna. En esta última campaña la temperatura política creció a niveles no vistos desde los años 40s y aunque el triunfo electoral de don Carlos y su joven gabinete apaciguo parcialmente las tensiones y creo una atmósfera de esperanza, las causas de la polarización están latentes. El nuevo gobierno debe responder con resultados a las expectativas generadas de acabar con la exclusión y esto no va a ser fácil. El déficit fiscal es muy urgente y debe resolverse para garantizar la estabilidad y operación del Estado, pero lo importante, lo que genera la turbulencia socio política va mucho más allá y requiere cambios estructurales.
No basta la toma de decisiones formales desde la presidencia o los ministerios para que desaparezca la frustración popular, nuestro estado está entrabado y no tiene controles efectivos sobre la gestión pública. Cada vez que llega un nuevo gobierno con intenciones de cambio, el funcionariado que conoce el sistema, aunque acepta formalmente las iniciativas de cambio, todo sigue igual.
Miguel Sobrado
El juez Moro de Brasil, un país latinoamericano con un sistema político tradicionalmente corrupto, ha incursionó, con éxito, en la maraña de relaciones de convivencia entre empresarios y políticos. Ha logrado meter entre rejas a connotadas figuras públicas, especialmente del Partido de los Trabajadores en desventaja numérica legislativa, e incluso a grandes empresarios como Odebrecht. Otros personajes importantes de la clase política, seriamente cuestionados como el mismo Presidente Temer, se han parapetado tras las mayorías legislativas y logrado hasta el momento permanecer impunes.
Dentro de las acciones probadas que mantienen en la cárcel a destacados colaboradores del Partido de Lula, está el “ordeño” sistemático de Petrobras y el tráfico de influencias para otorgar ventajas a las empresas de Odebrecht y otros empresarios. Estas acciones de no son nuevas en la política brasileña ni latinoamericana, ha sido una tradición que se realicen tanto para beneficio propio de los gobernantes, como para comprar alianzas y votos en de los partidos. Muchos de estos operan como grupos de alquiler en los Congreso Nacional y en las cámaras de diputados estatales. Con estas compras se han garantizado votos para aprobar políticas y proyectos.
El caso del Partido de los Trabajadores o PT, no se destaca el enriquecimiento personal como motivación principal, sino como mecanismo de configuración de alianzas, ya que por este medio se garantizó la aprobación de políticas y leyes que tuvieron, por casi una década, un gran impacto económico y social en ese país.
Con estas políticas el PT logró aprobar proyectos para sacar de la pobreza e insertar en la clase media 40 millones de brasileños, especialmente de grupos y sectores excluidos de los campos y las ciudades. Creo 29 nuevas universidades Federales para impulsar la movilidad social y el progreso regional. Una tarea hecha bajo los gobiernos de Lula y Dilma, que ha sido destacada como ejemplar por los organismos internacionales.
Aunque el fin no justifica siempre los medios, esos eran los medios operativos que había utilizado y utiliza el sistema político vigente, oculto pudorosamente bajo un manto formal republicano.
Pienso que el Partido de los Trabajadores se confió en la tradicional práctica de impunidad de los gobernantes y no aprovechó su liderazgo para levantar oportunamente la bandera de la reforma institucional, que transformara el sistema electoral y estableciera un sistema de controles descentralizados. Ahora paga las consecuencias.
Si bien el destape de la red de corrupción ha sido mayúsculo e incluso ha afectado otros 12 países latinoamericanos donde operó Odebrecht y esto es un gran mérito, más allá de las intenciones del juez Moro, las de los políticos que manejan el Congreso, no parecen estar dirigidas solo a limpiar y democratizar la vida republicana, sino más bien a impedir el retorno de Lula inhabilitándolo para ser candidato a la Presidencia.
Si bien Lula difícilmente podía ser ajeno a las operaciones de sus funcionarios, que eran además “normales” dentro de la práctica de gestión latinoamericana, sin embargo, no se le pudo probar su involucramiento personal. Tal como se puede ver en los interrogatorios (depoimientos en portugués) del juez Moro al expresidente Lula del 10 de mayo 2017 y del 13 de setiembre de ese mismo año. Tal como se evidencia en los interrogatorios, donde se le achacan cargos de uso de un apartamento supuestamente cedido por Odebrecht, posterior a su período presidencial. Estos interrogatorios se encuentran disponibles en YouTube, dentro de las cuales destaco un párrafo significativo:
-“Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?
– No, por eso le pregunto.- Ya le respondí”.
Este juicio ha sido muy acelerado, cosa inusual en la justicia brasileña, y ha ido acompañado del ensañamiento de toda la gran prensa y medios televisivos, que han condenado al expresidente desde el principio sin darle una mínima capacidad de respuesta.
El proceso ha sido tan atropellado, que cuando uno de los recursos de apelación de Lula se encontraba empatado en las votaciones dentro de la Corte Suprema de Justicia se produjo el pronunciamiento del jefe de las fuerzas armadas indicando que no permitiría que se impusiera la impunidad. Un día después la Pdte. de la Corte decide votar doble y desempatar la votación para que Lula sea llevado a la cárcel.
La crucifixión de Lula
En otras palabras es la urgencia política de inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia se imponen y el juez carente de pruebas, y a contrapelo del principio jurídico de que en caso de duda debe resolver a favor del reo, lo decreta culpable.
La judicialización de la política, es uno de los caminos para combatir la corrupción en nuestra América, pero no puede apartarse del debido proceso que la legitima ni someterse a presiones electoreras, si no quiere devaluarse. Por sí misma, aunque puede contribuir, pero es incapaz de llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas para que se descentralice y apodere del control del uso de los recursos públicos a las comunidades y grupos.
El problema de la corrupción es del sistema que viene desde la colonia, mientras la política no sea manejada por las comunidades organizadas y esté en manos de patronos y pastores que venden al mejor postor sus ovejas el sistema seguirá produciendo corrupción.
Quizás los ejemplos uruguayo o boliviano marcan senderos relevantes de descentralización participación y desarrollo cívico y resultados económicos ejemplares.
Nuestro Estado, formado para atender los servicios básicos y necesidades de salud y bienestar de la población, que fue orgullo para las generaciones pasadas, cada vez cumple de forma más deficiente sus servicios y funciones por la falta de coordinación y excesos de procedimientos que en vez de controlar hacen cada vez más lenta y pesada la acción institucional.
A esta situación se han sumado varias factores: por una parte la aprobación generosa de derechos y servicios a la población sin los correspondientes recursos que respondan a las expectativas; por otra, el desfase organizacional y la profusión de normativas de control de procedimientos y personas que entorpecen y paralizan la gestión que al mismo tiempo que incrementan los costos y reducen la oportunidades de acceso a los servicios. Esta situación se ha hecho particularmente dolorosa para el 80% de la población, que con el actual modelo de desarrollo ha visto reducirse sus ingresos o han permanecido estancados. Todo esto al mismo tiempo que se exhiben, cada vez con mayor detalle, un día sí y otro también los privilegios que se han otorgado los grupos gremiales y empresariales, con los recursos públicos.
El patrimonialismo origen de la corrupción