Miguel Sobrado

El juez Moro de Brasil,  un país latinoamericano con un sistema político tradicionalmente  corrupto, ha incursionó, con éxito, en la maraña de relaciones de convivencia entre empresarios y políticos. Ha logrado meter entre rejas a connotadas figuras públicas, especialmente del Partido de los Trabajadores en desventaja numérica legislativa, e incluso a grandes empresarios como Odebrecht.  Otros personajes importantes de la clase política, seriamente cuestionados como el mismo Presidente Temer, se han parapetado tras las mayorías legislativas y logrado hasta el momento permanecer impunes.

Dentro de las acciones probadas que mantienen en la cárcel a destacados colaboradores del Partido de Lula, está el “ordeño” sistemático de Petrobras y el tráfico de influencias para otorgar ventajas a las empresas de Odebrecht y otros empresarios.  Estas acciones de no son nuevas en la política brasileña ni latinoamericana, ha sido una tradición que se realicen tanto para beneficio propio de los gobernantes, como para comprar alianzas y votos en de los partidos. Muchos de estos operan como grupos de alquiler en los Congreso Nacional y en las cámaras de diputados estatales. Con estas compras se han garantizado votos para aprobar políticas y proyectos.

El caso del Partido de los Trabajadores o PT, no se destaca el enriquecimiento personal como motivación principal, sino como mecanismo de configuración de alianzas,  ya que por este medio se garantizó  la aprobación de políticas y leyes  que tuvieron, por casi una década, un gran impacto económico y social en ese país.

Con estas políticas el PT logró aprobar proyectos para sacar de la pobreza e insertar en la clase media 40 millones de brasileños, especialmente de grupos y sectores excluidos de los campos y las ciudades.  Creo 29 nuevas universidades Federales para impulsar la movilidad social y el progreso regional. Una tarea hecha bajo los gobiernos de Lula y Dilma, que ha sido destacada como ejemplar por los organismos internacionales.

Aunque  el fin no justifica siempre los medios,  esos eran los medios operativos  que había utilizado y utiliza el sistema político vigente, oculto pudorosamente bajo un manto formal republicano.

Pienso que el Partido de los Trabajadores se confió en la tradicional práctica de impunidad de los gobernantes y no aprovechó su liderazgo para levantar oportunamente la bandera de la reforma institucional, que transformara el sistema electoral y estableciera un sistema de controles descentralizados. Ahora paga las consecuencias.

Si bien el destape de la red de corrupción ha sido mayúsculo e incluso ha afectado otros 12 países latinoamericanos donde operó Odebrecht y esto es un gran mérito, más allá de las intenciones del juez Moro, las de los políticos que manejan el Congreso, no parecen estar dirigidas solo a limpiar y democratizar la vida republicana, sino más bien a impedir el retorno de Lula inhabilitándolo para ser candidato a la Presidencia.

Si bien Lula difícilmente podía ser ajeno a las operaciones de sus funcionarios, que eran además “normales” dentro de la práctica de gestión latinoamericana, sin embargo, no se le pudo probar su involucramiento personal. Tal como se puede ver en los interrogatorios (depoimientos en portugués) del juez Moro al expresidente Lula del 10 de mayo 2017 y del 13 de setiembre de ese mismo año. Tal  como se evidencia en los interrogatorios, donde se le achacan cargos de uso de un apartamento supuestamente cedido por Odebrecht, posterior a su período presidencial. Estos interrogatorios se encuentran disponibles en YouTube, dentro de las cuales destaco un párrafo significativo:

-“Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?

– No, por eso le pregunto.- Ya le respondí”.

Este juicio ha sido muy acelerado, cosa inusual en la justicia brasileña, y ha ido acompañado del ensañamiento de toda la gran prensa y medios televisivos, que han condenado al expresidente desde el principio sin darle una mínima capacidad de respuesta.

El proceso ha sido tan atropellado, que cuando uno de los recursos de apelación de Lula se encontraba empatado en las votaciones dentro de la Corte Suprema  de Justicia se produjo el pronunciamiento del jefe de las fuerzas armadas indicando que no permitiría que se impusiera la impunidad. Un día después la Pdte. de la Corte decide votar doble y desempatar la votación para que Lula sea llevado a la cárcel.

La crucifixión de Lula

En otras palabras es la urgencia política de inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia se imponen y el juez carente de pruebas, y a contrapelo del principio jurídico de que en caso de duda debe resolver a favor del reo, lo decreta culpable.

La judicialización de la política, es uno de los caminos para combatir la corrupción en nuestra América, pero no puede apartarse del debido proceso que la legitima ni someterse a presiones electoreras, si no quiere devaluarse.  Por sí misma, aunque puede contribuir, pero es incapaz de llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas para que se descentralice y apodere del control del uso de los recursos públicos a las comunidades y grupos.

El problema de la corrupción es del sistema que viene desde la colonia, mientras la política no sea manejada por las comunidades organizadas y esté en manos de patronos y pastores que venden al mejor postor sus ovejas el sistema seguirá produciendo corrupción.

Quizás los ejemplos uruguayo o boliviano marcan senderos relevantes de descentralización participación y desarrollo cívico y resultados económicos ejemplares.