Nuestro Estado, formado para atender los servicios básicos y necesidades de salud y bienestar de la población, que fue orgullo para las generaciones pasadas, cada vez cumple de forma más deficiente sus servicios y funciones por la falta de coordinación y excesos de procedimientos que en vez de controlar hacen cada vez más lenta y pesada la acción institucional.

A esta situación se han sumado varias factores: por una parte la aprobación generosa de derechos y servicios a la población sin los correspondientes recursos que respondan a las expectativas; por otra, el desfase organizacional y la profusión de normativas de control de procedimientos y personas que entorpecen y paralizan la gestión que al mismo tiempo que incrementan los costos y reducen la oportunidades de acceso a los servicios. Esta situación se ha hecho particularmente dolorosa para el 80% de la población, que con el actual modelo de desarrollo ha visto reducirse sus ingresos o han permanecido estancados. Todo esto al mismo tiempo que se exhiben, cada vez con mayor detalle, un día sí y otro también los privilegios que se han otorgado los grupos gremiales y empresariales, con los recursos públicos.

 El patrimonialismo origen de la corrupción

El patrimonialismo, la grave enfermedad que aqueja nuestro sistema, o sea la imposición de diversas formas de los intereses de los grupos gobernantes, por encima del interés público, ha generado, en la medida que los privilegios se hacen cada vez más visibles, un gran malestar público. Los ciudadanos resienten en este contexto, no solo la baja en la calidad de los servicios y la forma en que son atendidos, sino la burla y el engaño a han que ha sido sometidos por la clase política.

Expectativas sobre el nuevo gobierno

Para un sector importante de la población existe la esperanza que el nuevo gobierno de un giro en la gestión pública de tal forma que el Estado rompa con el patrimonialismo y coloque al interés público como eje de la gestión. Este clima, si queremos sacar adelante al país, debe mantenerse y fortalecerse con logros, que aunque inicialmente pueden ser limitados, respondan a las expectativas más sentidas de la población (en la salud, seguridad, educación y política social), que fortalezcan la autoridad del gobierno y abran espacio a metas mayores.  Esto implica una visión de sistema que permita romper progresivamente los círculos viciosos y generar nuevas prácticas. El gobierno ha tomado algunas medidas de austeridad que le han ganado la confianza en lo inmediato. Sin embargo, el problema no es sencillo la administración pública está acostumbrada a aceptar formalmente las directrices, pero continua actuando con su propia inercia.

Existe un desfase entre la administración basada en una relación vertical donde se considera que el bienestar fluye de las estructuras,  y las necesidades del desarrollo incluyente, donde las comunidades se deben incorporar activamente en la solución de sus propios problemas. Por otra parte la “balcanización”, o sea la falta de coordinación de la administración pública en las regiones, no se puede subsanar, solo con mecanismos administrativos como Puente al Desarrollo, los que dieron un éxito relativo, en la lucha contra la pobreza a la administración pasada.

Necesidad de una economía incluyente

Es preciso acelerar el proceso de transformación. La situación social se ha agravado durante el primer semestre del presente año en las regiones excluidas del país, donde crecen los índices de desempleo y desigualdad en la distribución del ingreso. El desempleo abierto, por ejemplo alcanzó el 14% en la Región Pacífico Central y el 12% en la Región Brunca, para citar casos destacados. Siguiendo adelante con los datos del Observatorio Económico y Social de la UNA,  el porcentaje de desempleados que no ha terminado la secundaria en el ámbito nacional es del 62%. En las regiones se destacan con el 78%, la Huetar Norte, en la Brunca el 69%, en la Huetar Caribe 68.7/%, en el Pacífico Central 67.7%. Para el alto nivel de inversión social que tiene nuestro país estas cifras son absolutamente inaceptables y reflejan, no solo la descoordinación y falta de ajuste entre instituciones, sino nos muestran como dentro de la abundancia de mal administrados recursos se erosiona el tejido social y se gesta la incubación de la violencia en nuestra patria.

Los problemas de empleo e ingreso, al igual que la seguridad y la salud, se pueden resolver, tal como lo hizo en nuestro país el Dr. Ortiz Guier con el Hospital sin Paredes y el programa Hambre Cero en Brasil, incorporando a las comunidades en la solución de sus necesidades.

La descentralización y el papel clave del INA y el desarrollo de la “Costa Pobre”

En estas condiciones, no basta enarbolar banderas de justicia o de economía solidaria. Es preciso promover mecanismos de descentralización, regionalización e incorporación activa de las comunidades organizadas a las tareas del desarrollo que promueva la inclusión como lo hizo desde la empresa privada, en su momento, el Hotel Punta Islita. Se requiere de una decisión política de transformación que se junte con la voluntad y organización de las comunidades. Acciones que pueden ser inicialmente pequeñas, pero que acumulen resultados y aliados, que se conviertan en una operación “tenazas” donde desde arriba se impulsen las políticas y desde abajo se imponga su realización.

Es urgente empezar con instituciones como el INA ajustándolas a las necesidades de las comunidades especialmente costeras, donde la inmensa mayoría de desocupados no han concluido la secundaria, creando cursos pre profesional y capacitando en organización local, difícilmente se podrá encontrar una solución que genere desarrollo. Hay que profundizar en el camino de superación del malestar y la construcción de un Estado incluyente mientras tenemos tiempo y oportunidad.