Miguel Sobrado

¿ES POSIBLE RETOMAR EL CAMINO DEL DESARROLLO INCLUYENTE?

Sí pero hay que cambiar de rumbo y estimular la autonomía y creatividad de las organizaciones.

El desarrollo costarricense, aunque exitoso en términos económicos, ha tenido un costo social y político creciente. Mientras el 22% ha visto incrementarse sus ingresos, el 78% los ha visto estancarse o reducirse. No se han dado políticas económicas y sociales que estimulen las iniciativas y el desarrollo del llamado sector tradicional de la economía, que promuevan sus capacidades e inserción pujante a la economía nacional. Aquí hemos dado ventajas a la inversión extranjera, y está bien, pero estas ventajas deben ir acompañadas de estímulo a los encadenamientos con la economía nacional, tal como lo hace Israel que demanda que se compre un porcentaje  insumos y servicios nacionales en un plazo de tiempo razonable. Las políticas sociales, más allá de las asistenciales que tienen un fin de mitigar la pobreza, no se han dirigido a potenciar la autonomía organizativa y creatividad de las poblaciones excluidas. Por el contrario, se ha potenciado el tutelaje político y la manipulación con el uso de recursos públicos de las instituciones “promotoras”, generando corrupción y castración en las organizaciones populares.

Mientras tanto la exclusión social y la falta de oportunidades han generado desempleo, pobreza y falta de perspectivas. Como menos de la mitad de la población adquiere el grado de bachillerato,  y en las zonas costero fronterizas este porcentaje se eleva considerablemente,  las oportunidades de conseguir un ingreso digno se difuminan. El Instituto Nacional de Aprendizaje, llamado a crear oportunidades  para todos, establece requisitos de ingreso y barreras que impiden el acceso a gran parte de la población excluida dejándola por fuera del acceso a la economía moderna, al mismo tiempo que tampoco moderniza su oferta. Paralelamente crece la delincuencia organizada impulsada por la corrupción y el poder económico creciente el narcotráfico. Se disparan los delitos económicos y crecen los asesinatos producto de las rivalidades entre bandas por controlar el mercado de las drogas. Se erosiona y corrompe el tejido social en un ambiente que estimula el consumo galopante, pero no proporciona oportunidades legítimas para obtener ingresos dignos, y crece la desesperanza, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, frente a la cual el Estado ni las instituciones tradicionales no ha desarrollado mecanismos efectivos. En este contexto, han surgido las iglesias evangélicas ofreciendo sanaciones o dinámicas de grupo, que logran contrarrestar en algunos casos el avance del alcoholismo y las drogas, ofreciendo de esta manera al menos un sendero de esperanza en el ámbito familiar.  Estas iglesias que operan con sus fieles, han venido llenando el espacio que los instituciones públicas, anquilosadas por rígidas estructuras centralizadas pesadas e ineficientes y cautivas del clientelismo político no han podido para la organización y desarrollo del potencial de la gente organizada.

Los nuevos tiempos requieren una adecuación de las políticas económicas y sociales del Estado a las necesidades del desarrollo. Anteriormente mencionamos el ejemplo de Israel para las políticas económicas, pero es indispensable ajustar al mismo tiempo las políticas sociales, no para crear más burocracia y clientelismo sino para estimular las iniciativas y participación de las comunidades, quienes deben convertirse en actores de la política social pero esto no será fácil porque choca con las estructuras de poder existentes. No obstante, la realidad ha empezado a manifestar con crudeza sus necesidades y los resultados electorales han sido un campanazo, que si bien ha dejado a muchos aturdidos, debe llamar la atención sobre la importancia de la organización autónoma; de como la comunidad con buenas políticas, es capaz de sacar adelante la tarea sin necesidad de comisarios políticos, ni intervencionismo burocrático.

Las experiencias nacionales e internacionales existen, pero han sido ignoradas a propósito por las redes de poder. Un caso, en nuestro país fue el Hospital sin Paredes impulsado por el doctor Ortíz Guier, en la década de los setenta y ochenta realizada en cinco cantones de la meseta central occidental. Con las comunidades organizadas creo 160 puestos de salud, sin necesidad de recursos institucionales extra, se trajo abajo las altas tasas de mortalidad materno infantil, recibió premios internacionales y nacionales  incluso el de Benemérito de la Patria y su trabajo sirvió de modelo para la reforma del sector salud en los 90s. Solo que esta reforma dejó con los EBAIS, en la práctica  por fuera la participación de la comunidad y creo una estructura institucional costosa y pesada. Algo similar sucedió las cooperativas agrícolas de autogestión organizadas por campesinos sin tierra y obreros agrícolas desplazados por las bananeras  a principios de los 70s, surgieron, contra todos los pronósticos gracias a su lucha por la autonomía obteniendo resultados económicos y sociales destacados, no solo en Costa Rica, sino también en Honduras donde se montaron más de 1000 empresas asociativas. Estas experiencias se sistematizaron por parte de Clodomir Santos de Morais como Metodología de Capacitación Masiva, aplicada exitosamente en tres continentes y aunque posteriormente algunas de estas experiencias fueron sometidas a relaciones castrantes por el clientelismo, el camino fue trazado y debe ser recuperado como base de una nueva política social dirigida a activar las reservas humanas de la población hoy marginada o excluida.

Esto implica una visión diferente y renovadora de la política social y económica, que demanda cambios institucionales profundos y sacar del estado de confort a los políticos y burócratas. Pienso que no hay otra alternativa al desarrollo efectivo organizado y consciente de nuestro país. Lo demás es más de lo mismo con distinto nombre dejando por fuera el potencial creativo de la gente o limitándose a soluciones individuales.

Miguel Sobrado

Juan José Rojas Herrera

Introducción                                                               

En la oferta institucional de los gobiernos latinoamericanos existen diversos programas y proyectos que apuntan, cada uno a resolver síntomas de la pobreza con acciones puntuales de acuerdo a la visión que se tiene del problema. Unos, los más, dirigidos a brindar asistencia por medio de la transferencia de recursos, otros influidos de una visión más tecnocrática, a dar capacidades.

Los primeros se orientan, sin hacer grandes distinciones, a imponer políticas y procesos a los “perdedores”. Los segundos, cuando tienen experticia exigen requisitos y logran algunos resultados, pero sólo sobre un sector reducido de la población. Unos y otros parten de visiones fragmentadas de la realidad a la que aplican soluciones estandarizadas. Los que ven “perdedores” ponen énfasis en una asistencia que rápidamente se transforma en asistencialismo. Los que aportan una visión más tecnocrática, escogen entre los que tienen mayor nivel educativo y motivación, a la población objetivo con la cual trabajar. A ambos, así como a otras visiones paralelas, les caracteriza el enfoque sobre las causas individuales de la pobreza y el tipo de soluciones instrumentales, que requieren los “perdedores”.

La pobreza, sin embargo, no es solo un fenómeno individual, sino que tiene un fuerte arraigo en el sistema económico, en la estructura del poder político y en la cultura de la sociedad. La cultura es el factor que ajusta y consolida el funcionamiento social[1]. Por esto las soluciones deben generar cambios en los grupos y sus productos deben facilitar la acumulación de respaldo proactivo desde las bases.

Ahora bien, si enfocamos el problema desde un plano más amplio, puede corroborarse que diversas experiencias históricas alrededor del mundo parecen confirmar que una de las condiciones imprescindibles para que una determinada sociedad alcance niveles aceptables de desarrollo económico y humano, está relacionada con la existencia paralela y simbiótica de una sociedad robusta y de un Estado fuerte que, en lugar de enfrascarse en una lucha de desgaste interminable y sin vencedor posible, contribuyan mutuamente al impulso de un proyecto nacional de largo aliento.

Esta idea fue recuperada en el texto de la Recomendación sobre la Promoción de las Cooperativas, emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002, al señalar que: “Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y de otras organizaciones sociales y no gubernamentales…”.

Del mismo modo, los autores de este artículo, en un trabajo más extenso, publicado en el año 2004, bajo el elocuente título de: América Latina crisis del Estado clientelista y la construcción de Repúblicas Ciudadanas, planteamos que los problemas del subdesarrollo latinoamericano se remontan a los orígenes y tienen que ver con el hecho de que en esta región del mundo, primero se configuró un Estado corporativo, excluyente de las poblaciones originarias, y, luego, bajo el control y la tutela estatal, ha ido emergiendo, a oleadas intermitentes, la sociedad civil.

Y más recientemente, el célebre y controvertido investigador Francis Fukuyama, en su obra erudita: Los orígenes del orden político, además de confirmar el origen patrimonialista y corporativista del Estado latinoamericano ha postulado que para que las sociedades humanas alcancen el equilibrio indispensable para propiciar las condiciones socio-económicas y políticas en las que florece el desarrollo humano, se necesita un Estado fuerte con límites legales y una sociedad civil sólida y organizada, que interactúen en forma positiva.

Con base en lo anterior, estimamos que el Estado fallido y la sociedad civil sumisa y diletante, que hoy en día distingue a la mayoría de los países latinoamericanos, son las dos caras de un mismo círculo vicioso que reproduce el atraso económico y facilita la manipulación ideológica y política del clientelismo depredador. La gravedad de la coyuntura actual nos muestra a América Latina y buena parte del mundo arrinconados y al borde del colapso ante la amenaza que representa la constante reducción de puestos de trabajo provocada por la revolución tecnológica en curso, fenómeno que, a su vez, estimula el aumento de la pobreza y la delincuencia organizada. En las últimas cuatro décadas el neoliberalismo y la globalización desfundaron económicamente al Estado latinoamericano, ahora es la narco violencia la que lo desmantela en el terreno político, al tiempo que mina su legitimidad legal. En este contexto, ni la política social instrumentada ni la militarización de las sociedades, ocurrida en los últimos años, han sido suficientes para contener dicha amenaza. En consecuencia, frente a los enormes desafíos del mundo contemporáneo nos aproximamos a un dilema fundamental, directamente relacionado con la definición del vehículo principal en el que podríamos apoyarnos para intentar salir de este impasse, que podría formularse en los siguientes términos: ¿Insistir en canalizar recursos públicos a los excluidos dejando intactos los mecanismos del control corporativo y clientelar existentes o promover la organización autónoma de la gente para que sea ésta la que, al convertirse en sujeto colectivo, se movilice en pos de la construcción de soluciones innovadoras desde abajo?.

En caso de que nuestra apuesta se incline a favor de la organización autónoma, entonces, los pueblos de América Latina tendríamos, hacia el futuro inmediato, dos grandes tareas históricas que cumplir. Por una parte, necesitamos recuperar al Estado del secuestro histórico que ha padecido por parte de las élites políticas y empresariales (Trocello, 2008). Secuestro que, en las últimas décadas, se ha tornado más burdo, al haberse subordinado a los intereses del gran capital, en el marco de las exigencias impuestas por el modelo neoliberal en boga, que ha provocado la exclusión de amplios segmentos de la población trabajadora y la imposición de los bajos niveles de ingreso que éstas perciben. En este sentido, una reforma profunda e integral del Estado clientelista es imperativa, si se aspira a tener un aparato estatal con compromiso social y que sea incluyente y garante de los intereses nacionales.

Por otra parte, se requiere reactivar y apoderar a la sociedad civil, utilizando los instrumentos de la política social para atender el enorme déficit que en materia de capital social[2] y comunidad cívica[3] padecemos. La construcción masiva de actores sociales proactivos y organizados constituye un elemento indispensable para acabar con la desigualdad prevaleciente y para proponernos seriamente la superación de nuestros ancestrales lastres sociales y culturales.

Ambas tareas son simultaneas, pero el proceso, para ser efectivo, debe ir de abajo hacia arriba. Por ello, para limpiar al Estado de corruptos y ponerlo a trabajar al servicio de un proyecto compartido de futuro y de beneficio general, es necesario forjar la organización social de base comunitaria o territorial. De acuerdo con lo anterior, la comunidad organizada está llamada a convertirse en el principal motor de cambio que, al desplegar su protagonismo, contribuye a crear una nueva realidad que permite impulsar la reforma del Estado, generándose así una operación tenazas que atiende al proceso de cambio, tanto en la base social y económica como en la superestructura política y cultural.

Miguel Sobrado es sociólogo pensionado de la UNA

Juan José Rojas Herrera es Catedrático de Sociología Rural de la Universidad de Chapingo

Tanto los sistemas fascistas y los de partido único como el Partido Comunista de la Unión Soviética o Partido de la Revolución Institucional (PRI) de México como las socialdemocracias en sistemas multipartidistas, una vez en el poder pretendieron y lograron en el tercer mundo, cooptar la organizaciones de los sectores populares  como u componentes del poder político.

La subordinación de los sectores populares se promovió de diferentes formas dependiendo del tipo de régimen, pero siempre utilizando los recursos públicos para promover liderazgos a cambio de lealtades. Estas lealtades conllevaron un deterioro de la gestión propia. Generaron un clima autoritario que limita y reprime las iniciativas que demanda el desarrollo de las organizaciones, donde no interesa la eficacia, como el estar “bien apuntado” en el servicio a los jerarcas. Es un contexto donde se abren las vías para los manejos turbios, la corrupción y el debilitamiento e incluso la quiebra de las cooperativas o sindicatos, lo que conlleva la desmoralización, el desprestigio de este tipo de organizaciones.

Donde ha imperado el tutelaje, se ha generado animadversión y desconfianza hacia todo tipo de organización cooperativa, comunal o sindical. La política basada en este modelo de organizaciones manipuladas desde el poder, no solo ha fracasado y desalentado la organización de base, sino que ha desprestigiado la vía de la autogestión cooperativa, sindical y comunal como una alternativa a la crisis contemporánea.

La creación de empleo y ocupaciones

El cambio tecnológico contemporáneo desplaza aceleradamente cada vez más puestos de trabajo, creando una exclusión masiva de amplios sectores de población que las políticas sociales asistenciales tradicionales ni la manipulación institucional clientelista no pueden mitigar ni enfrentar.

Adam Schaff en su visionario trabajo de 1982 “Que futuro nos aguarda”, señalaba que la sociedad post industrial, requería además de empleos, de la creación de ocupaciones en las comunidades para atender a las nuevas necesidades. La población cada vez más envejecida demandaba cada vez más atención en salud, aprovechamiento del ocio y tiempo libre;  por otra parte de la juventud, que veía prolongarse los requerimientos de preparación y capacitación para un mundo cambiante sin posibilidades de salir de la casa de sus padres, necesitaba de nuevas condiciones y servicios.

Schaff consideraba que resolver estos problemas exigiría políticas y recursos del Estado, pero no para inflar una burocracia centralizada que había demostrado su ineficacia, sino para ser manejado por las mismas comunidades respondiendo sus necesidades. Esto además lo considerable posible por la riqueza creciente aportada por el desarrollo tecnológico que abría las puertas a la humanidad, tanto para un paraíso de bienestar como para un infierno nuclear dependiendo del talento de la gestión pública. Consideraba que una sociedad organizada podría estimular a una burguesía inteligente a entender esta situación y conseguir las transformaciones necesarias para superar la descomposición social creciente y el caos, impulsando  el progreso global con un tejido social sano y en paz.

Por suerte el mismo cambio tecnológico está revolucionando las formas de organización,  estimulando a su vez la gestión descentralizada y experiencias de autogestión cada vez más consolidadas que abren un sendero de esperanza capaz de responder a las necesidades de las nuevas realidades.

La creación de capital social y la organización autónoma

En este sentido existen condiciones favorables y experiencias como la del método moraiseano de capacitación masiva, de origen latinoamericano, han generado resultados destacados con la participación de los excluidos en la gestión comunal y económica en tres continentes. Un método, que como veremos en un próximo artículo, ha logrado, abrirse paso a contrapelo de las estructuras clientelistas y desencadenar las fuerzas locales apoderándolas  de organización autónoma.  De especial relevancia en la actualidad es la experiencia Sur Africana, que ya tratamos en un artículo anterior, donde en 49 municipios de seis provincias se desarrollan exitosamente iniciativas de participación  en los poderes locales para resolver sus necesidades comunales y productivas. Una opción exitosa de poder descentralizado autónomo en confrontación activa frente a los caciques tradicionales.

Este método lo que hace es sistematizar las experiencias de las organizaciones de base exitosas antes de caer en las garras de los comisarios políticos y las estructuras clientelistas. Perfila el camino que genera ciudadanía y proactividad en la vida económica y social, que es el camino del futuro.

La economía actual basada fundamentalmente en las leyes de mercado confronta el peligro de hacer desaparecer la vida humana.  No solo está agotando los recursos naturales vitales como los suelos y la vida marina, sino que erosiona, dada la creciente desigualdad, los tejidos sociales al mismo tiempo que fractura la estabilidad política de las naciones.  Ante esta debacle, surgen como respuesta  cada vez más nuevas prácticas de producción y organización, impulsadas desde las comunidades y sectores de nuestro planeta.  Estas nuevas prácticas perfilan, diversos tipos de senderos innovadores. Se han venido gestando así nuevos modelos  respetuosos del medio ambiente que estimulan estimulan la producción y el arraigo de  las comunidades. Dentro de estos modelos se destaca en el agro la producción orgánica y agroecológica, que se apartan de la explotación masiva con recetas agroquímicas de desgaste de los suelos, generan plagas y contaminan el medio ambiente. Este sector ha venido, lenta pero sostenidamente,  abriendo brechas con nuevos paradigmas  con logros cada vez más significativos en cuanto a la calidad y cantidad de la producción. Un ejemplo de esta innovación, en nuestro país son los exitos generados y estimulados por Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, el clúster más antiguo y numeroso del país.  Esta asociación integrada en un 80% por indígenas con gran participación femenina, ha logrado incrementar la producción del banano y el cacao, generando un clima que ha estimulado a los profesores y jóvenes del colegio a crear una vacuna natural contra la monilia del cacao, enfermedad devastadora de este cultivo, innovación que fue reconocida premiada internacionalmente con un premio de INTEL en el 2014.

Se trata, todavía de logros parciales, pero que abren senderos prometedores para una producción cada vez más sostenible basada en la integración de saberes tradicionales y modernos.

Tanto en los campos como en los centros urbanos, estas nuevas formas de producción,  han venido jugando un papel cada vez más destacado en la protección del medio ambiente, como entorno de vida de los socios así como en la estabilidad laboral y de ingresos,   muchas cooperativas y diversas formas asociativas de productores y trabajadores surgidas al calor de las necesidades han  desarrollado estas prácticas conservacionistas como respuesta de las necesidades de los asociados. Es importante señalar que esta emergencia de estas nuevas organizaciones innovadoras en lo productivo u organizacional, es parte de la búsqueda de nuevos senderos  de encadenamiento y arraigo local.  En este proceso han participado también empresarios individuales, para poder enfrentar la competencia de las transnacionales, como es el caso del Hotel Punta Islita. Experiencia destacada en universo del turismo que  ha estimulado el surgimiento y encadenamiento con 24 empresas locales, seis de ellas de arte que han generado empleo e ingresos. Ha recuperado la vegetación nativa para reinsertar especies nativas como la lapa roja que habían sido desplazadas por la ganadería, al mismo tiempo que ha creado un clima de arte y cultura donde no caben casinos ni las mafias que acompañan los hoteles tradicionales.

En este sentido es importante conocer y estudiar nuevo fenómeno organizacional y empresarial, sin pretender meterlo en moldes rígidos y moralistas como ha sido el caso de quienes pretenden etiquetar las nuevas experiencias como “economía social solidaria”, excluyendo a quienes no caen en su definición. Igualmente importante es no confundir la personería jurídica, por ejemplo de tipo cooperativo,  con las funciones que cumple la empresa en relación al entorno ambiental y social. El hecho de tener una personería jurídica asociativa no garantiza el cumplimiento de sus funciones con el ambiente y la sociedad, a veces puede ser solo un manto para poder acogerse a políticas públicas que benefician al sector cooperativo o asociativo.

En este sentido estas políticas deben afinarse para estimular y promover por resultados sociales y ambientales a las mejores prácticas e iniciativas emergentes.

La práctica tradicional de estimular y dirigir desde la burocracia la formación de cooperativas o asociaciones de diverso tipo, no ha producido siempre los mejores resultados. Estas organizaciones  y sus federaciones han sido codiciadas por el poder político para utilizarlas como bandas de transmisión de poder. De tal forma se han promovido políticas públicas institucionales para subordinar, con recursos públicos a las organizaciones, que premian la lealtad y castran la eficiencia y la iniciativa.

Las políticas públicas en estos casos deben orientarse por el impacto y resultados como estimulantes de las iniciativas locales y sectoriales, lo cual solo se logra con una descentralización y participación que garantice la autonomía y el desarrollo interno. Los servicios de crédito y capacitación así como los estímulos fiscales deben responder, en procesos transparentes a las necesidades de las organizaciones y no deben existir posibilidades de condicionarlos a lealtades políticas espurias. En este sentido deben separarse funciones de crédito

Las nuevas prácticas están marcando la senderos a la economía y  deben ser estudiadas con mucha atención por las universidades  y su conocimiento difundido para promover su experiencia y contribuir a rediseñar el sistema de promoción y apoyo institucional desde organismos cada vez más técnicos y menos políticos que se evalúen por resultados.

La Virgen de los Ángeles, más allá de su connotación religiosa para los católicos, es un símbolo de identidad nacional, al igual que la selección nacional, para la mayoría de los costarricenses. Las romerías del 2 agosto son un gran acontecimiento nacional que integran tanto a católicos devotos, como pasivos y personas múltiples personas no siempre católicas de las diversas comunidades del país.

Don Ronny al retar a la Virgen de los Angeles en su templo y decirle que en Costa Rica no cabían los dos y que ella tendría que irse, se extralimitó, no solo por la falta de respeto a un símbolo religioso y nacional, sino porque no calculó las implicaciones estratégicas. Se lanzó al ataque a uno de los símbolos más fuertes de identidad nacional, sobrevalorando las fuerzas propias y sin considerar lo inoportuno de su acción.

Los resultados, electorales no le serán favorables a su protegido don Fabricio a menos que don Ronny pueda mover las voluntades  de la gente como dice mover las placas tectónicas de la tierra.

Fila Tigre es una comunidad campesina del distrito de Pittier en el cantón de Coto Brus, ubicada en las faldas de la cordillera de Talamanca en las cercanías del parque internacional La Amistad, que compartimos con Panamá. Es una comunidad cuyas casas carecen de rejas, donde no existe basura tirada en la calle, que impresiona, además, por la organización y participación de sus vecinos y la calidad de su escuela. Había estado en el 2016 en esa comunidad durante la realización de un Seminario de Área Económica con emprendedores locales  (API) y había quedado muy impresionado de la participación e iniciativa de los participantes. El Seminario  se desarrolló  impulsado por el proyecto Germinadora de Empresas, con la participación de la sede Brunca de la Universidad Nacional, del Infocoop y Judesur dentro de lo programado como seguimiento dentro Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Trabajo, se reunieron y actualizaron los proyectos por área económica que se habían elaborado en años anteriores y que no habían recibido seguimiento institucional.  Con tal propósito, se invitaron al Alcalde, a las Cámaras  empresariales, cooperativas y organizaciones locales, amén de los funcionarios locales de las instituciones nacionales existentes en la zona. La intención era actualizar los proyectos que calificaran que podían ahora si ser financiados por JUDESUR,  pero sobre todo empotrarlos y articularlos con las estructuras de poder e institucionales locales. Ya habíamos experimentado cuando se lanzó el proyecto en 2010, que el apoyo formal desde San José de las autoridades nacionales, e incluso el decreto de la Sra. Presidenta doña Laura Chinchilla declarando el proyecto de interés público y extendiéndolo a todas la regiones fronterizas y costeras en condiciones de vulnerabilidad, no se había producido el respaldo institucional local ni fluía el financiamiento. Por eso nos concentramos en  promover y fortalecer las organizaciones locales y hemos visto los resultados con el financiamiento que los Grupos de Acción Territorial de Judesur.

En esta primera visita me encantó la comunidad, pero pensé que se trataba de una de las últimas fronteras de la cultura campesina valle centrina, de esas ejemplares en cooperación, que aún quedan en varias regiones apartadas del país, pero que están siendo progresivamente erosionadas por el individualismo josefino del “me importa a mí” y la delincuencia organizada. La miré entonces con nostalgia, pensando que más temprano que tarde le llegaría la mala vibra capitalina y acabaría con aquel capital social de esencia costarricense.

El retiro, a instancias del viceministro de Trabajo  Cuenca, del financiamiento del Infocoop al proyecto Germinadora, debido a que “no generaba cooperativas” como si esto se hiciera por decreto debilitó la continuidad de los Seminarios y restó impulso del proyecto. No obstante, las comunidades organizadas siguieron trabajando y más de 200 proyectos recibieron financiamiento y apoyo de parte de los Grupos de Apoyo Territoriales (GAT) de Judesur. Fue así como a mediados de marzo recibimos en la Universidad una invitación para asistir a una Feria Ganadera que se había organizado en Fila Tigre, por parte de pequeños productores en asocio con la Cámara de Ganaderos, resultado del trabajo de 2016.

La Feria fue todo un éxito los pequeños productores ganaderos habían aprovechado los modestos créditos para mejorar su ganado   con inseminación artificial de razas de calidad la actividad tuvo una gran asistencia y su ganado fue muy bien valorado.

Esta vez tuve oportunidad de enterarme mejor de las condiciones locales que parece emanar de la Escuela y está abriendo senderos profundos en la cultura de la comunidad. Uno de los aspectos que se destacan, como se mencionó al principio, es que no hay basura botada en la calle. Los niños se encargaban inicialmente de recogerla, pero poco a poco los padres se han involucrado en esta tarea generando una nueva cultura de respeto al ambiente. Gracias a las promociones contra el fumado, éste se ha disminuido considerablemente en la comunidad, según el director de la Escuela de 80 fumadores iniciales solo quedan 10 en la actualidad y no es por el cáncer.

En síntesis, no se trataba, como pensé inicialmente de una última frontera, sino de algo más, de un nuevo sendero de organización cívica, capaz de integrar la tecnología y el conocimiento a la práctica abriendo camino a la inclusión social y económica. Un sendero que perfila un sistema de articulación socio productivo, que partiendo de la organización y liderazgo autónomo articula la educación y capacitación a las necesidades. Una experiencia digna de estudiarse  por el liderazgo y papel del sistema educativo, la capacitación organizacional autónoma, el papel destacado del organismo regional JUDESUR a través de los GAT, la participación de activa de las cámaras, organizaciones y el gobierno municipal. Se trata de una de las mejores prácticas que perfila un sistema de acción para el desarrollo afianzado en el respeto y promoción de las iniciativas locales. Un sistema que no requiere de una burocracia castradora centralizada, sino de un acompañamiento técnico y de servicios oportunos. Toda una tarea de estudio y promoción que puede orientar la gestión del nuevo gobierno.

La organización autónoma es el fundamento del capital y el desarrollo en todas sus dimensiones. Lo demostró con una sólida base empírica en su estudio sobre la realidad italiana, Robert Putnam en su libro “Para hacer que la democracia funcione”. Fue a raíz de esta publicación en los años 90s que los organismos de desarrollo incorporaron el concepto de capital social, hasta entonces un concepto filosófico, en las políticas del desarrollo.
La evidencia de la importancia del capital social para el desarrollo ha generado, en diversas partes del mundo, políticas públicas, para favorecer el surgimiento de cooperativas y otras formas asociativas de producción en forma de reducción de impuestos y otras ventajas. Se puede decir, por el impacto que este tipo de organizaciones cuando son autónomas, tienen sobre las comunidades y el medio ambiente que estas políticas han sido acertadas. No obstante, es importante que las políticas públicas se orienten cada vez más por los resultados ambientales y sociales y no solo por el nombre o personería jurídica adoptada ya que esto se puede prestar para camuflajes de intereses y empresas privadas para evadir impuestos y competir con otros actores económicos que si pagan impuestos.
Para aclarar el papel de la autonomía es muy interesante que Putnam no consideró a las organizaciones religiosas, que se orientan a pedirle a Dios las soluciones, como parte del capital social. Por el contrario, prefirió considerar a las organizaciones cooperativas, comunales, sindicales e incluso deportivas, donde la gente se organiza para resolver sus problemas, como uno de los ejes más importantes en la definición de capital social.
Vale la pena retomar este criterio de proactividad y gestión propia aplicado por Putnam, como un requisito del capital social para revisar y valorar la práctica de las organizaciones que formalmente son de base, pero que en la práctica carecen de autonomía real y operan como parte de una faja de transmisión de intereses políticos clientelistas, y demandan, por su nombre, ventajas sociales. Esto es, organizaciones que de forma similar a las organizaciones religiosas, no tienen proactividad ni gestión propia, sino que dependen de un patrono político que utiliza recursos públicos para comprar lealtades.
Lo anterior es muy importante para no confundir bajo el mismo manto cooperativo, comunal o sindical a organizaciones de carácter diferente, unas realmente autónomas generadoras de progreso local y ambiental y otras que carecen de autonomía real y dinámica organizacional creadora.
Aplicar este enfoque nos facilita, además, entender el fracaso de muchas políticas de “promoción” de cooperativas y organizaciones, a través de instituciones y políticas públicas hechas para imponer lealtades reapartiendo prebendas. Instituciones y políticas creadas en nombre del capital social, pero que en vez de gestar la creatividad e iniciativa popular, castran, vuelven ineficientes, domestican y corrompen las bases populares.
Por eso en la definición de políticas públicas, debe verse la integridad de la política social para que educación, organización y capacitación estimulen la autonomía y los productos socio ambientales. Los resultados obtenidos en la preservación del medio ambiente, las condiciones de vida y el arraigo de la población deben tener un peso decisivo sobre cualquier otro factor. Esto es la evaluación ambiental y social de beneficio y arraigo así como la regeneración ambiental por parte de una gestión incluyente e innovadora.

Desde luego que la creación en segundo y tercer grado de las organizaciones autónomas de tipo asociativo-incluyente debe ser estimulado con políticas sectoriales, nacionales y regionales que presten servicios oportunos. Sin embargo, esto no debe confundirse con la creación de instituciones burocráticas que asumen, desde los escritorios la tarea del desarrollo de las comunidades. Instituciones donde predomina el enfoque clientelista y domesticador, donde el uso de recursos públicos solo contribuye a consolidar las redes de poder, incrementar la corrupción y a debilitar el músculo y la participación comunal.
Esto, como se ha confirmado por la experiencia internacional, no da resultados y desgasta el erario público en rivalidades por asumir el control de los movimientos populares. Son los proyectos de las comunidades de base, como los de cualquier otro empresario, el único y principal motor dinamizador del desarrollo. Dentro de este contexto es muy difícil que un estado centralizado, sin instancias descentralizadas que se adecuen a las necesidades e incluyan la participación regional y local pueda ser efectivo en sus políticas de desarrollo. No solo se requiere un ajuste institucional sino que su acción debe estar acompañada por los gobiernos locales en la definición de prioridades en obras de infraestructura, comunicaciones, sistema sanitario, servicios de crédito y asistencia técnica. Sin embargo, para que se dé este cambio de estructuras institucionales adecuándolas a las necesidades de la gente, no es suficiente la decisión política superior, es preciso que esta se produzca dentro de una operación tenazas por la acción simultánea organizada de la ciudadanía.