Hace 14 años la tasa de pobreza en Uruguay era del 20% y la de indigencia de los 7%, similares a las costarricenses de entonces. Hoy en día la tasa de pobreza en Uruguay es del 4% y la de indigencia del 0.8%, mientras que nosotros no nos despegamos del 20% y 7% respectivamente, a pesar de que tenemos como país una inversión social per cápita respetable en el ámbito continental.

En estos cambios en el Uruguay ha incidido una política social congruente centrada en la niñez, la educación la salud y el trabajo, con evaluación regular y financiamiento propio. Ha contribuido sustancialmente a estos resultados la descentralización e involucramiento progresivo de las comunidades en la ejecución de los programas y proyectos. También han reducido el índice de desigualdad de Gini al 0.38, mientras que el nuestro ha crecido al 0.51.

Uruguay aunque ubicado en otra latitud y contexto geopolítico tiene elementos en su historia y evolución, especialmente en su vocación republicana y el papel de los sectores medios, que lo hermanan con Costa Rica. En extensión es tres veces y medio nuestro territorio, pero en población apenas llega a los 3 y medio millones.

Estos países distantes en sus orígenes coloniales de los Virreinatos y Capitanías Generales, no tuvieron poblaciones indígenas para repartir en encomiendas, ni esclavos para la plantaciones. En sus capitales no había marqueses con carrozas, como en Buenos Aires o México y se facilitó la organización local y el equilibrio local lo cual los hizo proclives a la vía republicana. José Artigas en Uruguay un hacendado gaucho y   Juan Rafael Mora cafetalero y comerciante en Costa Rica, sus libertadores, forjaron el camino de la república y la vida democrática. Hoy en día, a pesar del crecimiento de la desigualdad durante las últimas décadas en nuestro país se perciben aún similitudes en el carácter de nuestros pueblos que debemos reforzar.

¿Podremos nosotros emular con Uruguay en reducción de la pobreza y desigualdad, aunque sea modestamente, con el programa Puente al Desarrollo? Recursos suficientes tenemos asignados, pero el archipiélago institucional y su dependencia de las instituciones centrales y las redes de poder conspiran contra estas metas. El clima institucional post huelga, tampoco favorece una articulación, coordinación y dinamización de los recursos públicos para emprender la cruzada requerida. Por eso en un artículo previo destaque la importancia de involucrar a las comunidades organizadas y a las autoridades territoriales y municipales la definición de las tareas específicas a realizar en cada contexto. En establecer mecanismos ágiles de seguimiento y control en las regiones y aprovechar, ahí donde existen y funcionan los organismos regionales, como el caso de JUDESUR, que a través de los Grupos de Acción Territoriales (GAT) ha venido desarrollando y dando seguimiento con éxito a proyectos como el de “Germinadora”.

En otras palabras no bastan planteamientos técnicos que “marquen los pasos del baile” es preciso frente a la carencia de mecanismos efectivos de coordinación ponerle “música” para que los procesos avancen. Esto significa que no basta activar formalmente los planes desde los Ministerios, es necesario activar la parte inferior de la tenaza, esto es a las comunidades organizadas. De otra forma nos quedaremos en soluciones tecno burocráticas y perderemos una gran oportunidad de estimular la reforma del desfasado Estado que tenemos.