El contexto de polarización creciente en que se da la última elección producto, es en última instancia producto de una confrontación entre “Costa Pobre” esto es la parte abandonada por las políticas públicas del país, con serios problemas de pobreza y desempleo y la parte urbana y rural moderna. En esta última campaña la temperatura política creció a niveles no vistos desde los años 40s y aunque el triunfo electoral de don Carlos y su joven gabinete apaciguo parcialmente las tensiones y creo una atmósfera de esperanza, las causas de la polarización están latentes. El nuevo gobierno debe responder con resultados a las expectativas generadas de acabar con la exclusión y esto no va a ser fácil. El déficit fiscal es muy urgente y debe resolverse para garantizar la estabilidad y operación del Estado, pero lo importante, lo que genera la turbulencia socio política va mucho más allá y requiere cambios estructurales.

No basta la toma de decisiones formales desde la presidencia o los ministerios para que desaparezca  la frustración popular, nuestro estado está entrabado y no tiene controles efectivos sobre la gestión pública. Cada vez que llega un nuevo gobierno con intenciones de cambio, el funcionariado que conoce el sistema, aunque acepta formalmente las iniciativas de cambio, todo sigue igual.

Nuestro estado tiene varias fallas en su sistema: las instituciones están centralizadas, las instancias de coordinación regionales o territoriales son débiles o inexistentes y no se exige la evaluación por resultados, como lo manda el artículo 11 de la Constitución. De existir obligaría a renunciar o a ser destituidos a los ministros y jerarcas que incumplan con los planes. Dentro de este panorama es muy difícil que el nuevo gabinete, pueda sin reformas acumulativas, hacer las transformaciones que el país requiere.

Puente al desarrollo como programa, puesto en marcha por la administración anterior y rescatado por el nuevo gobierno, puede ser un buen instrumento parcial ya que permite integrar los esfuerzos que hoy realiza de manera aislada cada institución, alrededor de las comunidades más pobres, pero es insuficiente como se ha demostrado en la práctica para integrar los esfuerzos de capacitación y desarrollo. En este ámbito como lo señala la evaluación realizada a dicho programa, las instituciones han mantenido  políticas poco flexibles excluyentes de las poblaciones más necesitadas.

¿Cómo enfrentar el problema de la rigidez institucional que caracteriza a nuestro estado malestar?

En primer lugar el señor Presidente y su gabinete deben exigir resultados, como lo ordena la Constitución en la gestión de cada ministerio e institución y cada jerarca debe responder en caso de incumplimiento con la renuncia o el despido. El Presidente, debe entender el contexto, pero hacer imperar el interés público y no las relaciones de amistad.

En segundo lugar  los resultados deben progresivos y acumulativos. Esto es debe empezar con pequeñas cosas que acumulen confianza y autoridad y ganen respaldo y confianza en la gestión pública. En este proceso es importante incorporar a los empleados públicos innovadores que impulsen y promuevan la socialización de las mejores prácticas. La transformación y ajuste del Estado no se puede imponer desde arriba sin crear un nuevo sistema que recorte los aumentos automáticos y premie los resultados y el buen funcionamiento de la administración pública y estimule la incorporación de los empleados al proceso de transformación institucional. Los funcionarios públicos perciben el peligro que se cierne sobre ellos ya que se les presenta como únicos y principales responsables por el mal funcionamiento del Estado. Necesitan encontrar nuevos espacios desde los cuales puedan contribuir a la reforma y ajuste institucional.

 

En tercer lugar descentralizar, trasladando a los territorios o municipios, según proceda, la adecuación y supervisión de los programas y proyectos que se desarrollan en su territorio.

En cuarto lugar, pero no menos importante para la transformación institucional, es promover la organización comunal y estimular la participación pública alrededor de los resultados buscados, de tal forma que se geste una operación “tenazas”, esto es que a las decisiones presidenciales se sume el control y la exigencia de las bases organizadas. Un ejemplo exitoso de esta descentralización e incorporación de las bases organizadas a la solución de los problemas de salud, lo fue el Hospital sin Paredes de San Ramón, que generó 161 puestos de salud con recursos y participación local, transformando radicalmente los índices sanitarios de la zona.

En este proceso de debe jugar un papel preponderante la política social orientada a generar capacidades en vez de clientelas, priorizando la capacitación organizacional comunal y empresarial que es la fuente más efectiva de poder e instrumento de participación propositiva. Lamentablemente, esta tarea tan importante, choca con el enfoque asistencialista prevaleciente tanto en la formación de los profesionales, como en la articulación política e institucional. Prevalece el criterio de que los “perdedores” deben ser llevados de la mano por lo funcionarios y las instituciones están hechas para responder a la necesidades de los funcionarios y de la formación de clientelas agradecidas, no para las necesidades de la gente. El cambio de este enfoque es esencial para lograr la incorporación de los excluidos, tal como ya lo hizo en el campo de la salud con el Hospital sin Paredes, el dr. Ortíz Guier, e incorporarlos activamente en la transformación institucional.

Como se puede apreciar la tarea que tiene por delante el nuevo gobierno, no es nada fácil y requiere, además de juventud, capacidad organizativa que le permita, por sus resultados, crecer en fuerza y respaldo social. Tarea nada simple considerando la composición legislativa, pero posible si logra aprovechar el respaldo y entusiasmo generado, para trabajar alreded