El Estado liberal del siglo XIX, al mismo tiempo que permitió grandes avances en el desarrollo económico, gestó profundas contradicciones sociales y políticas que llevaron primero a la gran crisis mundial de 1929 y posteriormente a la tragedia de la segunda guerra mundial. Como respuesta a esta hecatombe surgieron los estados interventores, por un lado el fascismo y  la economía central planificada en la Unión Soviética y por otro, inspirados en el economista inglés John Maynard Keynes  los llamados estados de bienestar. El fascismo se derrumbó con la segunda guerra mundial y la economía central planificada con el fin de la Unión Soviética. Los estados de bienestar, que se diseñaron para prestar servicios de educación salud y vivienda, entre otros, desde estructuras burocráticas institucionales, si bien cumplieron con su misión inicial, como carecían de controles de ciudadanos, con el tiempo se fueron haciendo pesados, cada vez menos eficientes. Los costos subieron desproporcionadamente, mientras que   la calidad de los servicios se estancaba o reducía, generándose desequilibrios fiscales al mismo tiempo que  crecía el malestar en los usuarios. Esta situación  fue aprovechada en los años 80 por los neoliberales en diversas partes del mundo para impulsar programas de privatización y reducción del gasto público. En algunos casos, ahí donde había un cierto control sobre la gestión pública, alcanzaron un relativo éxito para la estabilidad fiscal y el desarrollo económico. Pagaron eso sí, el precio  de un crecimiento creciente en la desigualdad y exclusión social que está  resquebrajando el tejido social desestabilizando políticamente las grandes potencias. En otros casos, especialmente en América Latina y la antigua URSS, la privatización se convirtió en una “mesa gallega” esto es un festín con bienes públicos que no resolvió de manera permanente el desequilibrio fiscal y gestó un el malestar creciente y expulsión de la población.

En el caso costarricense la “mesa gallega” no tuvo el mismo impacto que en otros países,  se logró una modernización parcial de la economía, pero no del Estado. El incremento de los ingresos se concentró en el sector moderno de la economía haciendo crecer la desigualdad y la exclusión del sector tradicional. Se resquebrajó el tejido social y se  profundizaron las diferencias de ingreso y contrastes entre la “costa pobre” marginada y el sector moderno de la economía con apenas el 22% de la PEA.

Como reacción a la desigualdad y la exclusión provocada por las políticas neoliberales, erróneamente, se han levantado las banderas del Estado de Bienestar, basado en la acción de un aparato institucional centralizado y sin mecanismos de coordinación y lo que es peor sin control de las localidades y territorios.

Retomar el papel del Estado como ente que asigna políticas públicas incluyentes, que demanda encadenamientos progresivos, atienda la formación de capital humano y social y estimule la innovación basada en las ventajas y el conocimiento local, es imprescindible. No obstante, es un desacierto pensar que esto se puede lograr basado en la rígida estructura institucional centralizada  cada vez más desfasada de las necesidades actuales. Es un serio error político, por el malestar que provocan algunos burócratas que se comportan como dueños de lo público, y técnico porque sin descentralización y control por resultados, en el ámbito local de la gestión pública, esto no es posible.

Se requiere, eso sí, de un Estado no obeso, pero si con autoridad basada en resultados,  con políticas económicas que estimulen los encadenamientos de las empresas extranjeras con lo nacional, como lo hace Israel con las transnacionales. Se requieren estímulos para la innovación en base al conocimiento local que promuevan la sostenibilidad del medio ambiente, incrementen la producción y arraiguen a la población, como lo ha hecho la Asociación de Pequeños Productores  de Talamanca (APTTA), el más antiguo y el mayor cluster del país con 900 productores indígenas. La dinámica generada por este cluster en base al conocimiento ancestral, no solo incrementó la producción del cacao y el banano, sino que estimuló a los estudiantes y profesores del colegio local crear una innovadora vacuna contra la monilia del cacao, que fue premiada por INTEL entre 1700 colegios, de todo el mundo.

Crear un Estado descentralizado con autoridad basada en los resultados

¿Se puede reformar el Estado costarricense? No solo se puede sino que se debe reformar para beneficio de todos y de los mismos empleados públicos comprometidos con el desarrollo nacional. Claro que esta reforma no se puede hacer de un día para otro, pero si se puede desarrollar progresivamente involucrando a las comunidades como en su momento lo hizo el dr. Juan Guillermo Ortiz Guier, desde San Ramón con el famoso Hospital sin Paredes. En este proceso contando solo con los pocos médicos del Hospital, se logró incorporar a las comunidades llegando a crearse con recursos locales 161 puestos de salud que se trajeron abajo en poco tiempo las grandes tasas de mortalidad materno infantil prevaleciente entonces en la región. Por estos logros recibió varios premios de la organización mundial y panamericana de la salud, y recientemente se le declaró Benemérito de la Patria.

Entonces como hoy en día se alzaron voces de escepticismo contra la iniciativa de participar a las comunidades en la tarea de la salud pública. El doctor, con talento y paciencia hizo caso omiso de los malos augurios, capacitó a un ejército de “enfermeritas” transformando toda el área de salud asignada.

Hoy como ayer esta tarea es posible en diversos campos de la política social, si se capacita y apodera de organización e información a las comunidades con iniciativas. Pensar que la solución es solo técnica y debe venir de arriba hacia abajo es actuar con el paradigma equivocado augura de seguir por esta vía un futuro de conflictos y polarizaciones en nuestro país.