El clientelismo cáncer de la autonomía cooperativa y destructor del capital social
Miguel Sobrado
Una alianza entre Morales Zapata ex PAC y Rodolfo Navas PLN figuerista dirigentes cooperativos, indujo, en febrero pasado, al gobierno a intervenir el INFOCOOP. Se adujo que esa institución con cuatro miembros en su directiva bajo control del CONACOP dirigido por Freddy González estaba favoreciendo indebidamente, con recursos públicos, a sus cooperativas satélites.
Por tal razón se destituyó a los miembros directivos nombrados por Conacoop y al Director Ejecutivo y se nombró una comisión de estudio de las irregularidades. No obstante, solo habían transcurrido dos meses de la intervención cuando la nueva administración volvió a incurrir en anomalías de las que habían acusado al equipo anterior, paralizando el cobro judicial de operaciones con gran retraso, ligadas esta vez a Navas. Al mismo tiempo a lo interno de la institución se inició el movimiento de fichas con el apoyo activo del Viceministro de Trabajo Luis Cuenca para posicionar a la llamada “Economía Social Solidaria” como estandarte de la institución. Este nombre manto ideológico Victor Morales Zapata, que goza de partidarios gracias a los nombramientos realizados en sus Juntas Directivas y Presidencias Ejecutivas, además del Infocoop, en el INA, Banco Popular y por lo visto en el Banco de Costa Rica, aunque ahí no lleve la fachada populista sino la bandera del libre comercio del cemento.
Desde hace ya mucho tiempo en nuestro país se ha procurado subordinar a las organizaciones populares como asociaciones, sindicatos o cooperativas a las organizaciones político partidistas. Inicialmente a través de “partidas específicas”, condonaciones de deudas y facilidades crediticias. Estas políticas de subordinación se hacían tradicionalmente a través de las partidas manejadas por los diputados, pero desde que estas se eliminaros se ha concentrado cada vez más en instituciones “promotoras” desde a través de las cuales los comisarios políticos, ejercen el “liderazgo” y el control político con el manejo de recursos públicos. De tal forma tomando la institución se condicionan las ventajas a la lealtad sobre la eficiencia sobre el buen desempeño de las organizaciones de base. Esto se ha realizado degradando su autonomía, impulso, iniciativa y creatividad del capital social originario de estos movimientos.
La lucha por el control de las instituciones promotoras, en este contexto, es para ponerlas al servicio de las estructuras de poder personales y políticas. No es más que una confrontación de poderes, para beneficio de los “comisarios” a costa de la domesticación clientelista de las organizaciones utilizando para esto los recursos públicos que deberían servir para la promoción y el desarrollo.
En el caso del INFOCOOP el grupo de Morales Zapata se ha cubierto con el manto de la Economía Social Solidaria, procurando cubrir y legitimar sus ambiciones clientelistas. Ha tomado como bandera la experiencia exitosa de un sector cooperativo generador de encadenamientos y desarrollo regional, pero sin ninguna acción para promoverlo ni replicarlo. No están interesados en promover la autonomía organizativa e iniciativa que le permitieron consolidarse y darle relevancia a cooperativas como Coopeagri. Lo apoyan solo de nombre, en la práctica buscan engrosar clientelas políticas con inútiles y serviles, pero leales.
Sus intereses no son el desarrollo, sino mantener las redes de poder y su modus vivendi.
Como debe ser las políticas públicas de apoyo
En primer lugar hay que devolver a la legalidad a la institución para evitar nuevos abusos del grupo que se ha apoderado de la Junta Interventora. Todo esto sin detrimento que se procesen todas las anomalías investigadas del pasado y se sienten las responsabilidades correspondientes por el uso indebido de los recursos públicos.
No obstante, esta situación debe alertarnos sobre la necesidad de reformar la institución. Hay que iniciar paralelamente una reforma de la Ley del Infocoop ya que como institución encargada de promover y fortalecer las organizaciones cooperativas debe gozar de autonomía administrativa y técnica efectiva. No puede estar sujeta al control político-partidario o de grupos de interés en la repartición de los miembros de la Junta directiva.
Es importante que desde la institución no se manejen directamente recursos financieros públicos sino capacidad técnica para brindar directa o interpósita mano los servicios que en este campo, así como en la promoción y capacitación se requieran. Deben, eso sí guiarse por metas claras de promoción y organización asociativa que perfilen y conduzcan a procesos acumulativos de apoderamiento y participación de las comunidades. Su accionar debe sustentarse planes de desarrollo sustentados por las políticas y evaluados regularmente por los resultados. Pero esto es tema para otro artículo.