El Estado costarricense se asemeja a un invertebrado gaseoso

El exceso trámites en la gestión pública y la falta de resultados oportunos han venido creando un
clima de malestar creciente. Las cada vez más frecuentes y reiteradas metidas de patas, supuestas
“chambonadas”, que conducen al despilfarro y la corrupción en el manejo de los recursos
públicos. Derechos sociales aprobados sin respaldo económico, así como leyes para corregir males
que no van acompañadas de medios para hacerlas cumplir, son destacados cotidianamente por
los medios de comunicación, generándose una erosión del estado de derecho así como pesimismo
y frustración.
La impunidad que acompaña una buena parte de estos desaciertos y delitos corroe la confianza
ciudadana, desestimula la participación y estimula las alternativas corruptas como vías para
resolver los trámites.
¿Es que nuestra cultura es corrupta y la reproducimos adónde vamos? ¿Es que todo está perdido y
no nos queda más que resignarnos a ser un país tercermundista?


No esto no es así, no se trata de un mal congénito de nuestra cultura. Ese mismo tico colocado en
otro país donde no las leyes se cumplen, se comporta como un ciudadano correcto, no se le ocurre
parquearse en línea amarilla ni botar basura a la calle.
En realidad somos un país privilegiado por sus riquezas naturales, su capital humano y posición
geo-comercial. En nuestra historia hemos tenido altibajos, como el actual, pero hemos sabido salir
adelante. Las malas situaciones han estado asociadas a la pérdida de visión y rumbo. Grupos de
interés han subordinado el interés público y la práctica institucional a sus metas particulares
rompiendo la vertebración necesaria para la buena gestión. Hemos salido adelante cuando un
nuevo proyecto nacional redefine el papel del Estado e integra las acciones alrededor de las metas
buscadas. Así fue con el proyecto Liberal en el siglo XIX, que nos integró al mercado mundial a
través del ferrocarril al Caribe y preparó el capital humano necesario con la reforma de la
educación nacional. De tal forma que tal como lo confirman los estudios de historia económica,
Costa Rica tuvo en el último tercio del siglo XIX, una tasa de crecimiento superior a la Estados
Unidos.
En el siglo pasado, después de la crisis de los años 30 el Estado ajustó su rumbo con la reformas de
los años cuarenta y avanzamos con ritmo en un proceso incluyente hasta los 70s, cuando grupos
patrimonialistas consolidaron una “industrialización” de vieja tecnología para beneficio propio y
colocaron progresivamente las instituciones del Estado a su servicio desarticulando su quehacer.
La crisis de los 80s obligó a realizar transformaciones que abrieron la economía al mercado
externo. Esta apertura si bien rompió con el enriquecimiento fácil derivado del control de los
aranceles y estimuló una diversificación de la economía, no quebró el control de los grupos

corporativos sobre las otras instancias claves del aparato público, ni devolvió la articulación
necesaria al sistema institucional. En vez de un sistema incluyente, se gestó un proceso de
acumulación en el sector en el sector moderno que ha permitido a un 20% de la población
incrementar considerablemente sus ingresos, mientras que el 80% restante ubicado en el sector
tradicional, se ha estancado o ha visto deteriorarse sus ingresos.
El sistema institucional actual, aunque formalmente está integrado por las leyes, carece en la
práctica, dado el poder subyacente de los grupos de interés, de una vertebración real. Es un
verdadero “invertebrado gaseoso”, incapaz de cumplir con sus funciones de manera ágil y eficaz.
En los medios políticos, sin embargo, no se percibe o no se quiere percibir este problema del
sistema institucional. Se atribuyen los problemas del mal funcionamiento a las personas que
dirigen el aparato público y a los empleados públicos. El problema es visto como un problema de
corrupción que solo se puede superar cambiando a los actuales jerarcas y empleados por nuevos
funcionarios honestos apegados a estrictos códigos de ética. Esta visión que personaliza el
problema omite la causa generadora de la corrupción que es el corporativismo. Esto es de grupos
de interés apoderados de instituciones, como el Consejo de Transporte Público, la CCSS, el INVU,
el Consejo de Educación, etc. Que colocan sus propios intereses por encima del interés público.
Esta deformación es la que genera la corrupción estructural y se desboca en cascada impidiendo la
articulación necesaria del sistema institucional. Al interior de cada grupo se reproduce generando
luchas por beneficios particulares en todo el aparato público. En este sentido la corrupción se
reproduce por su propia lógica en todas partes.
Solo se puede eliminar la corrupción enrumbando y articulando el Estado alrededor de una nueva
visión incluyente que ajuste y articule el sistema institucional en función del interés público y se
imponga por la acumulación de resultados en un proceso que puede ser más o menos agitado.¿ Es
esto posible en nuestro país? Sí, dentro del marco constitucional y legal vigente. Invito a los
señores candidatos a la presidencia, si comparten este diagnóstico, a elaborar propuestas que no
se limiten a las “manos limpias” y a los códigos de ética.