Sabor a Nigeria

Nigeria, desafortunado país centroafricano, se debate de tiranía en tiranía y no ha podido encontrar la institucionalidad de la ley, los tribunales y el derecho, en que mande la autoridad objetiva de las normas y no la voluntad del de arriba. Del primero hasta el último sargentón de la lista, sobre los tribunales y la ley, priva la voluntad de quien tiene el poder.

El historial de la gestión interesada parece el de un aeropuerto nigeriano, y no el del principal aeropuerto de Costa Rica, que bien que mal ha sido un país de leyes. Y que además lleva al ilustre nombre de Juan Santamaría, héroe nacional de la libertad ciudadana, cuyo sustento es la ley.

Arranca con la idea, que avaló la Contraloría con su acrobática teoría de los "tipos abiertos" de contratación, de que vía decreto, o sea, por voluntad del presidente, pueden entregarse en explotación a un particular los bienes públicos, aunque la Constitución diga que para eso se requiere ley o autorización legislativa. Abrió así la Contraloría el portillo para entregar a cualquiera cualquier bien público, del Teatro Nacional en adelante, según las reglas dictadas por la voluntad soberana del presidente. Se creó así una versión caribeña –porque, aunque no nos guste, colindamos por el este con el mar Caribe, y no con el "Atlántico"– de la "gestión interesada" europea, la cual es solo una forma de gestión directa de la administración pública y bajo su régimen, cuenta y riesgo; y que se trastrocó aquí en una fórmula "chicle" de entrega concesional de la obra o servicio a un particular, en que este dispone bajo su régimen, y que es todo al mismo tiempo: concesión o contrato de obra, de administración, de diseño, de asesoría, etc. Y que, al ser una fórmula en blanco, sin los controles de una concesión legalmente tramitada, permite todo sin mayores controles, según la experiencia lo ha demostrado.

Desde Colón... A partir de que el gato se abstuvo, los ratones bailaron. Ya en el cartel de la gestión interesada, publicado por Aviación Civil en la administración transanterior, se violaron hasta condiciones establecidas por la Contraloría, porque las obras licitadas no cumplen con las especificaciones internacionales de campo aéreo. Asimismo, se escogió el desarrollo mediante gestor, pese a que ello imposibilitaba desarrollar un nuevo aeropuerto en Orotina, necesario en todo caso. Poco después se publicó la nueva Ley de concesión , que anulaba el cartel recién publicado de la gestión, pero se siguió adelante y se terminó firmando un contrato, que, como dice el Informe de Mayoría de la Comisión Legislativa que ha investigado este asunto, no se veía "desde que Cristóbal Colón pactó con los aborígenes de Cariari", porque pone al contrato por encima de la legislación costarricense. A partir de ahí, como señala dicho informe, el baile se incrementó: se cambiaron ilegalmente el adjudicatario y el manejador, y el precio de la obra se incrementó por voluntad de "las partes", de $181 millones a $245 millones, pese a que el cartel y la oferta estipulaban la primera cifra como máxima. Se aceptaron partidas no contempladas, se otorgó un financiamiento no previsto y se aceptó que el gestor no aportase el capital que era su obligación. Ante eso, renunció la fiscalizadora, señora Jill Jamieson, quien denunció públicamente ser objeto de amenazas por oponerse a tales actos.

Todo esto, que consta en el informe, ha ocurrido porque la voluntad de la administración, o sea del presidente, ha suplantado a la ley. Lo que ha sido bendecido y santificado, muy lamentable y ciegamente, por la Contraloría y la Sala Constitucional. Como en Nigeria.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2002-08-06.