Impunidad y crisis fiscal

Estoy de acuerdo en que en lo inmediato se aporten recursos frescos al presupuesto para evitar una crisis nacional y darle una oportunidad al nuevo gobierno de ordenar la casa, pero la solución estable del déficit fiscal exige criterios sistémicos, más elaborados que los que ha manejado hasta el momento la Comisión Mixta.

Se requiere una visión y práctica gerencial que pongan fin a la improvisación y a la impunidad de la mala praxis en las altas jerarquías. Que se entronice la verdadera rendición de cuentas (no de cuentos), por parte de cada jerarca; lo exige la creación de mecanismos ágiles de revocatoria del cargo por parte del electorado o de la instancia correspondiente, en caso de incumplimiento de las funciones asignadas. Así es y así opera la gestión pública en las democracias avanzadas, donde existe vida republicana y acción ciudadana.

Estado clientelar. Esta es la diferencia fundamental entre una república ciudadana y un estado clientelar y es por ahí por donde debemos empezar la transformación que el país necesita, más allá de la actual crisis fiscal. Continuamente la prensa ha venido denunciando decisiones de la alta jerarquía político-institucional que han conllevado grandes pérdidas para el país, que tenemos que asumir todos los contribuyentes. De esta mala práctica nadie se hace responsable. Se permite así que se derrochen miles de millones de colones todos los años.

Tal es el caso, para citar los más comentados, de los casi mil millones “perdidos” en las tiendas del IMAS, la millonaria indemnización por el basurero de Esparza, las convenciones piñateadas y, más recientemente, los problemas surgidos por imprevisión para poder construir un pedazo de carretera con el puente sobre el Tempisque, que nos va a costar casi ¢900 millones adicionales, sin contar la duplicidad de programas y el manejo feudal dentro y entre las instituciones.

La lista de estas “inocentes metidas de pata”, sobre la cual no se lleva una contabilidad exacta es bastante numerosa y no es tan inocente como parece. A menudo lleva un meticuloso trabajo de preparación previa reglamentos y condiciones para no afrontar consecuencias legales. Todo esto sin mencionar los desfalcos abiertos, como el desastre del Banco Anglo, el saqueo de Fodesaf, el manejo doloso de los bonos de vivienda. El Financiero estimó estas ultimas pérdidas en ¢250.000 millones.

Tapar el hueco de la olla. En todos los casos mencionados los responsables políticos superiores, de donde emanaron ordenes o existió cohonestación de lo actuado por los gerentes, han gozado de impunidad fáctica gracias a las estructuras sub-yacentes de poder. Siempre hay alguien o algo a qué culpar, como si el superior jerárquico, llámese, según el caso, ministro o directivo, no tuviera ninguna responsabilidad. Así escuchamos cómo el problema son las convenciones colectivas, el Servicio Civil o los funcionarios inescrupulosos. Como si las primeras no fueran aprobadas por las juntas directivas de las instituciones públicas y ratificadas por el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República, y los nombramientos, realizados por la jerarquía.

Desterrar la impunidad, sin embargo, implica la existencia de un sistema que arranca con la evaluación y control de resultados, que permita la transparencia y la participación real de los ciudadanos. No se combate la impunidad solo con más impuestos a los vicios.

Es fundamental tapar el hueco de la olla por donde se escapan los recursos, y esto exige controles efectivos sobre los resultados y agilidad en la revocatoria del cargo a quien no haga bien su trabajo.

Evaluación de resultados. En este sentido pienso que la Comisión Mixta debe incorporar, en su trabajo del próximo año, la evaluación de resultados, que exige el inciso segundo del artículo 11 de la Constitución Política como pilar básico de la administración pública y eje de acción para un sistema ágil de revocatoria del cargo a todos lo niveles. Es preciso, en esta nueva etapa, trascender al inmediatismo de la moralina que oculta las causas sistémicas del desastre y que, en última instancia, les hace el juego a la corruptos permitiéndoles disfrazarse de santulones .

No por casualidad gran parte de las propuestas que se limitan al control de detalles, como los tiquetes de gasolina o las galletas, no han encontrado resistencia en los grandes traficantes de influencias y promotores de peculados, que las han hecho suyas porque se trata de migajas destinadas a deslumbrar a diputados de pueblo. Su verdadero negocio, el que les permite hacer clavos de oro está en la falta de control sobre los resultados de la acción institucional. Es preciso actuar en los puntos estratégicos donde el apalancamiento sea real y efectivo para que iniciemos la república ciudadana.

Publicado en La Nación, 2002-12-15.