Kafkiano

Nada retrata mejor la destrucción de la racionalidad, la responsabilidad y la disciplina, lograda por la ideología pedagogista predominante, que la reacción de algunos dirigentes y diputados a la acertada orden ministerial de revisar a los estudiantes para impedir el ingreso y permanencia de armas y drogas en escuelas y colegios.

Víctimas de su propia receta –porque demuestran no saber leer– alegan el artículo 25 del Código de la Infancia, que reconoce a los menores el derecho a su “vida privada”, para afirmar que son intocables en su vida pública y social, como es la escolar. Y, a partir de ahí, que no cuentan los derechos a la vida, a la seguridad y a la salud de los demás escolares ni la obligación legal de garantizarlos por parte de los directores, maestros y profesores, al extremo de que, de no velar por ella, podrían hasta incurrir en responsabilidad penal de comisión por omisión si se produce un delito como resultado del ingreso de armas o drogas.

El ingreso a un servicio público implica el sometimiento a las reglas de orden y seguridad necesarias para su buena marcha. De ahí que, en derecho público, se diferencie el tratamiento ante una posición especial de poder, respecto a la general. Razonabilidad pura, que el pedagogismo ignora.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2004-03-02.