Dogma destructor

Igual que el virus de las vacas locas destruye el cerebro, los virus del software mental con que pensamos -o sea las malas ideas- destruyen el razonamiento y sus productos culturales. El Estado, que es un producto cultural, puede por esta vía ser afectado. Los biólogos evolucionistas llaman "meme", contrapuesto a "gene" o unidad codificada del cuerpo, la codificación de los instrumentos creados por la cultura, con miras a su reproducción en el proceso social. Hasta los "memes" pueden entonces ser modificados si el virus no se extirpa a tiempo.

La en apariencia inofensiva Ley de la autoridad presupuestaria es un producto letal de uno de estos virus. En algún momento, por insinuación del Fondo Monetario Internacional o de algo por el estilo, se coló la doble ocurrencia de que el presupuesto público había que cerrarlo a mazo, y de que para esos efectos igual daban los servicios a cargo de las entradas generales, que los autofinanciables y separables, por lo que todos debían entrar en el mismo canasto del recorte. Pese a que los últimos captan recursos sociales destinados a estos servicios, que igual se van a emplear los preste el Estado o un particular, por lo que son separables de los gastos generales. Por eso, si los presta el Estado pero los paga el usuario, no se deben mezclar en aquel canasto.

Especie en extinción. Pero como en la arena política, el pensador y el estadista son una especie casi extinguida, o que por necesidad se oculta -como los pequeños mamíferos, cuando los dinosaurios tenían el poder- mientras afuera rugen los brontosaurios descerebrados, nadie advirtió que de esa manera se alteraba de una manera mortal el programa, y el peligrosísimo virus destructor del sistema, se convirtió en la Ley de la autoridad presupuestaria. Así, con efectos destructores de la infraestructura y de los servicios esenciales, se logró sujetar todo a ese dogma mal planteado del equilibrio presupuestario. Eso pasa también en las empresas cuando los gerentes financieros se apoderan de la dirección, o cuando la economía política deja de ser economía para los políticos, y se convierte en política para los economistas. Porque el especialismo lleva a errores de concepto y de perspectiva.

Si alguien duda de lo anterior, que lea la espléndida narración que hizo en El Financiero hace algún tiempo el exministro de Transportes ingeniero Rodolfo Silva, de como la Autoridad Presupuestaria minuciosamente impidió que Japdeva arreglara los muelles de Limón. Historia digna de Kafka o de un drama del absurdo, que también podría narrar el ICE de como le ha impedido desarrollar la electricidad y los teléfonos, o Aviación Civil la infraestructura aeroportuaria, etc.

Obstáculo para el desarrollo. El virus ha hecho estragos profundos en la infraestructura costarricense, a la que tiene postrada, y convertida en un obstáculo para el desarrollo del país. Bajo otra de sus formas mutantes, también recientemente se opuso ferozmente a la labor del Conavi, y a que el actual eficaz ministro de Transportes, ingeniero Rodolfo Méndez, pudiera arreglar las vías públicas destrozadas.

Por supuesto que el equilibrio presupuestario es una cuestión vital, y que nada podría hacer un Estado financieramente quebrado, pero esto no justifica anticipar la quiebra cortando los servicios esenciales. Para lograr aquel equilibrio se deben cortar los gastos excesivos o superfluos, no los necesarios, por la misma razón que al vicioso y al pródigo se le eliminan los del guaro, el juego y la ostentación, pero no los de la leche y la comida. A tales individuos no se les cortan los gastos personales, junto con los necesarios para producir las rentas, porque entonces éstas se acaban. Por la misma razón, ni se pueden nivelar todos los gastos del Estado para aplicarles un recorte por parejo, ni los servicios públicos autofinanciables, y que son la base para el crecimiento de la economía y para que el Estado pueda aumentar sus rentas, se pueden meter en la misma olla junto con los demás gastos. Pero todo esto, que sería visto con sospechas de estar mal de la cabeza si se le aplicara a un individuo, se logró con el Estado bajo el manto de un falso dogma.

La reforma del Estado y el equilibrio presupuestario, importantísimos también para el desarrollo del país, no pueden servir para justificar estas ocurrencias, dañinas y contrarias a ese mismo fin, por lo que, a la brevedad posible se deben eliminar con las correspondientes reformas a la Ley de la autoridad presupuestaria.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2000-02-12.