¡Así no!

C omo muy bien dijo don Francisco de Paula Gutiérrez en esta página, no hay que temer a la venta eventual de empresas del Estado, porque son medios para alcanzar fines, y no fines en sí, por lo que no tiene sentido conservarlas cuando son obstáculo para alcanzarlos. De modo que la opinión pública llegaría a aceptarla si la razón existe, es válida, se le explica bien y el proceso merece credibilidad.

Hay buenos candidatos para eso: el INS, Recope, la Fábrica de Licores o la concesión de los muelles. Porque, aunque las encuestas en principio son negativas a la idea, si su interpretación se cruza con otras respuestas, lo que en realidad se deduce –salvo casos especiales como el del ICE, en que la oposición es de principio, a mi juicio con razón– es falta de credibilidad en las razones alegadas y en los políticos, temor a malos manejos en esos procesos, o a caer después en manos peores, y no oposición radical a la idea.

Caso argentino. Temor a que se produzca a la mexicana, o más recientemente, y en parte, a la argentina. En México, como se sabe, se hicieron grandes fortunas con la venta de estos bienes a precios irrisorios. En Argentina –dice The Economist (15-21 de julio del 2000), nada sospechosa de ser contraria a la privatización– el apoyo a la privatización en el público ha caído del 52 por ciento, en 1989, al 17 por ciento en junio pasado. Porque, si bien el fisco se ha liberado de sus pérdidas, y ahora hay teléfonos y otros servicios se han mejorado, las tarifas de la telefonía fija son cuatro veces más altas que en EE. UU., los peajes en las carreteras un 50 por ciento más caros que en otros países, y han ocurrido apagones prolongados como resultado del mal mantenimiento; por otra parte , las concesiones de los aeropuertos y del correo fueron "pobremente diseñadas", lo que dado ocasión a las compañias de suspender los pagos que debían hacer al Gobierno. De modo que con la privatización sucede que una cosa es "verla venir", y otra, "hablar con ella".

En Argentina las empresas deficitarias del Estado desangraban al fisco, por lo que su venta significaba una ventaja fiscal. En Costa Rica, el fisco, por el contrario, vive de sangrar a sus empresas, de modo que la venta, aunque fuera mejor para los usuarios, implica de entrada una desventaja fiscal y un déficit mayor.

Vía cuerda. De manera que aquí, desde el punto de vista del fisco, la vía más cuerda para atender su crónico déficit es racionalizar y extender los impuestos, como lo han demostrado los entendidos, y disminuir el inmenso desperdicio en burocracia ineficiente o inútil. Son esa ineficiencia, el déficit y la deuda pública acumulada las principales cadenas que atan el desarrollo.

Aquí, las primeras experiencias en concesión de obra pública han sido desalentadoras. La concesión de la Bernardo Soto nació con irregularidades graves en el cartel, que alejaron las buenas ofertas y crearon el problema actual. La concesión del aeropuerto Juan Santamaría, mal llamada "gestión interesada", se concibió mal desde el punto de vista de la obra a realizar, y del necesario equilibrio de las prestaciones, desnivelado notoriamente a favor del concesionario. Por eso, lo que se recibe no se adecua a lo que se paga, y no empata con el desarrollo aeroportuario a largo plazo.

No obstante, la venta de algunas empresas es conveniente, tanto por razones fiscales como sociales, ya que así prestarían un mejor servicio al país y a sus usuarios, que es lo importante. Pero no por la privatización en sí, como lo proclaman sus partidarios, porque es caer en la misma adoración de los medios, pero por el otro extremo. De manera que, si los partidos políticos no afrontan el tema, solo estarían demostrando su incapacidad para gobernar.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2000-08-03.