Miguel Sobrado Sociólogo · Político · Fotógrafo

Juan José Sobrado

Acata, no cumple

Fecha
10 de septiembre de 2001
Publicado en
La Nación
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3 min

Mi "discordia" con el señor Ministro de Salud no es sobre "helechos", ni se debe a razones estéticas de "contaminación visual" en mi "descanso", como pretende hacer creer en su respuesta. Su cartera no es de agricultura, ambiente, turismo o cultura, ante las que esas cuestiones se pudieran plantear. Tampoco estoy contra el cultivo de los helechos, mucho menos contra los cultivadores respetuosos de la ley, sino de quienes, contra toda norma, lo hacen encima de fuentes de agua de las que se abastece la población, concretamente las ciudades de Alajuela, San Pedro de Poás y Atenas y las localidades de Prendas y Tacares: grave e importante problema de salud pública para cerca de medio millón de costarricenses. Este es el caso de la "discordia", serio y urgente para su cartera, que no obstante desatiende o no atiende como es debido, que es lo que denuncié y no puede refutar, por lo que busca esos escapes.

En el caso de Poás, el empresario empezó el cultivo sin observar la Ley general de agua potable , que ordena un estudio previo (para el caso, agronómico e hidrogeológico) y una demarcación de la zona de retiro en función de ella. Denunciado, lo prosiguió, no obstante la orden inmediata de suspensión dada por la Dra. Yeli Víquez, delegada regional del Ministerio de Salud, y la intervención del Tribunal Ambiental, que prontamente hizo una inspección ocular en el lugar. En vista de que, los niveles superiores del Ministerio no quisieron, o no supieron utilizar los poderes de ejecutoriedad forzosa que les otorga la Ley general de la administración pública , me vi obligado a establecer un recurso de amparo contra el empresario.

Pública y notoria. La Sala Constitucional desde noviembre del 2000 ordenó al empresario suspender la actividad y encomendó ejecutarlo al señor Ministro. Pese a que las resoluciones de la Sala son vinculantes desde que se vota la decisión, y no desde que se notifica toda su fundamentación, tal como esta lo ha dicho; de que al haber trascendido y ser pública y notoria, legalmente no necesitaba notificación formal; de que le envié certificación del voto y de que, en cualquier caso, en protección del orden público el Ministerio está obligado a actuar de inmediato, el señor ministro admite en su respuesta que no ordenó la clausura sino hasta nueve meses después.

Lo que tampoco aún se ha ejecutado, según lo puede comprobar cualquiera que pase por el lugar. Al ritmo de las eras terrestres en la protección de la salud pública, pese el respaldo y el mandato de la Sala Constitucional.

En el caso de Alajuela, que es más antiguo, el ministerio y la municipalidad se aliaron con el cultivador, por lo que fueron condenados por la Sala, y en la ejecución siguen tan complacientes como en el primer caso.

El cultivo de helechos es concentrado e intensivo, por lo que requiere gran cantidad de sustancias biocidas y venenosas, así como de fertilizantes, también infiltrantes y contaminantes del suelo, por lo que se debe realizar en sitios apropiados y no encima de fuentes de agua.

Su peligrosidad para las aguas subterráneas está ampliamente documentada, aquí y en el extranjero. Entre otros, véanse los estudios de la Universidad de Florida para prevenir la contaminación de acuíferos por siembras de helechos en ese estado.

Denuncia aplastante. Y aunque no tiene que ver con helechos, pero sí con el mismo abandono del interés público, la denuncia, en relación con la fuente Zamora, que en campo pagado hicieron los profesionales de AyA, de que, desde 1986 esa institución se opuso a la operación del tajo que la dañó, es aplastante.

El Ministro, al igual que los funcionarios coloniales españoles frente a las leyes del Rey en protección de los indios, acata, pero no cumple la ley y el orden público sanitario. ¿Quién nos va a defender entonces de un capitalismo desbocado, que amenaza la principal fuente de vida de toda la población?

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2001-09-10.