Lo que está en juego

Las primeras víctimas del colapso serán las instituciones y sus servidores

Un conocido que se gana la vida haciendo y vendiendo fotografías me comentó poco después del referéndum: “Don Miguel, ¿no piensa usted que sobre los resultados del referéndum pesaron otras razones que no se mencionan?”. “¿Cómo cuales?”, le respondí, a lo que me contestó: “Por el SÍ, votaron los ricos pensando en sus negocios; por el NO, los empleados públicos, como los de Recope y Japdeva, pues tienen intereses que defender, pero ¿por qué íbamos a votar los que no estamos dentro de estos grupos y que ya estamos aburridos de las promesas incumplidas de la clase política, y además tenemos que enfrentar cotidianamente desatención y las colas de refugiados en el seguro social y otras instituciones públicas?”.

Harían bien en prestarle atención a esta opinión los funcionarios públicos que se sienten seguros en sus puestos, y, en especial, los sindicatos que los deben representar. No se puede hablar de Estado de bienestar, en abstracto, comparándonos con otros países que están peor en salud y desarrollo institucional. No es suficiente hablar de ideales, hay que ponerles cara en lo concreto, promoviendo y destacando las reformas urgentes que requiere nuestro aparato público.

Entiendo que eso no es fácil para un dirigente sindical que es evaluado por los resultados materiales inmediatos y teme enturbiar las aguas tranquilas de la inercia burocrática con propuestas de reformas de fondo en la organización y los procedimientos, pero pienso que no tienen otra alternativa. La mala administración pública no es responsabilidad, en primera instancia, de los trabajadores, sino de los jerarcas y legisladores que definen y deben ejecutar las leyes y procedimientos, pero son los empleados de primera línea los que deben ejecutar el trabajo y tratar a los ciudadanos del otro lado del mostrador.

De ellos reciben los efectos del creciente mal funcionamiento del sistema en casi todos los campos. A ellos los responsabilizan del mal uso de los recursos públicos. Los empleados institucionales conocen el origen de las fallas y he oído de su parte mecanismos innovadores que podrían incrementar la eficiencia y acabar con problemas como la pobreza extrema, pero esto no ha sido de interés de la agenda sindical ni de los partidos políticos con el Gobierno.

Para hablar de un Estado social de derecho no basta proclamar encendidos discursos ni hacer depender todos los cambios de la aplicación de un rígido código de ética. Es preciso abrir un camino operativo que empiece por reformas concretas que nos transformen en ciudadanos de verdad, es decir, en socios efectivos de la empresa colectiva. El sistema debe ser descentralizado, basado en la información permanente sobre la gestión pública y sus resultados, que abra el camino de la democracia digital.

Se trata de reformas básicas, pero imprescindibles, para poner a funcionar bien nuestro Estado. De otra forma, el proceso progresivo de entrabamiento burocrático, que genera una función pública cada vez más ineficiente, será imparable y echará abajo toda la estructura. Si se produce este colapso, y hacia él avanzamos vertiginosamente, las primeras víctimas serán las instituciones públicas y todos sus servidores. Es hora de actuar en función del interés general y del mismo interés particular, bien entendido, del sistema institucional y sus servidores. Además, no queda mucho tiempo.

Publicado en La Nación, 2007-11-08.