“La dictadura de los incisos”

Cuando los árboles impiden ver el bosque es que se ha perdido la visión de hacia dónde vamos. Es el caso de nuestro Estado, cuyo problema son los crecientes “matorrales” reglamentistas y legales fomentados por intereses creados y mantenidos por las limitaciones en la visión de futuro y de funcionamiento de un sistema institucional. Estos obstáculos entraban y desgastan el quehacer institucional desmoralizando a la ciudadanía cuando ve, por ejemplo, que, como por arte de birlibirloque, un funcionario define que “no pueden registrarse” los bolsos de los adolescentes “para respetar su intimidad” o detener a un delincuente reiterado, aunque se atente contra un derecho fundamental como la seguridad pública.

La realidad le pide al Estado ajustes en su misión y organización, pero, carentes de visión o de interés, los políticos solo atinan crear más reglamentos en nombre de un supuesto control moral que no cambian el anacronismo del sistema. Estas moralinas, en el mejor de los casos, calman temporalmente las inquietudes, pero no resuelven el problema, que vuelve a emerger cada vez con más fuerza, profundizando la crisis del sistema institucional.

Verdadera aberración. Así, los reglamentos y controles previos se llegan a anteponer, en muchos casos, a las misiones constitucionales y a la lógica de las leyes constitutivas de las instituciones. Se olvida de esta manera la razón de ser del sistema, generándose una verdadera aberración legal, en la que los medios se transforman en fines y los propósitos legales y mandamientos constitucionales duermen el sueño de los justos, esperando la renovación del sistema.

En la campaña pasada, un candidato llamaba a este fenómeno, muy acertadamente, “la dictadura de los incisos”. Esta situación solo puede ser revertida si se recupera la razón de ser del Estado y se ajusta su “racionalidad instrumental”; o sea, su estructura institucional y de procedimientos a los fines y propósitos comunes, pero para esto existen dos tipos de obstáculos: los que se derivan de una visión moralista chata, que centra los problemas en las personas y no percibe la necesidad de cambios en el sistema, y los que se gestan en los intereses creados en mantener el desorden. Estos dos elementos a menudo convergen, integrando a simplistas con perversos, en propuestas de gran radicalismo moralista, pero absolutamente invertebradas. Se habla de rendición de cuentas, pero esto, en el mejor de los casos, limita el raterismo, no el robo y el peculado.

Participación ciudadana. Debe recuperarse la visión de sistema y exigir capacidad gerencial y cumplimiento con la evaluación de resultados exigidos por el artículo 11 de la Carta Magna. Se debe hablar de participación ciudadana sin evadir el referéndum y la revocatoria del cargo (o impeachment) por incumplimiento grave, base de la soberanía ciudadana. En otras palabras, nuestro aparato público se puede enderezar y poner a funcionar para beneficio general, pero debemos dejar de lado las discusiones casuísticas y las causas aparentes. Empezar por lo elemental de toda organización empresarial: actuar sobre el sistema recuperando el control ciudadano, estableciendo los controles necesarios sobre las altas jerarquías, exigiendo el cumplimiento constitucional de la evaluación de resultados y la revocatoria, pero eliminando los controles innecesarios y permitiéndoles, si tienen visión, gerenciar ágilmente los asuntos públicos. De otra forma seguirán acumulándose tensiones y nubes negras en el panorama nacional.

Publicado en La Nación, 2004-03-25.