¿Impunidad protegida?

Recientemente,La Nación nos informó que la ampliación de la carretera a San Ramón, que debió haber iniciado en mayo del año pasado la empresa que recibió la concesión de obra pública, no se empezará sino hasta marzo o abril de este año, después que se renegocie el contrato.

La compañía adjudicataria reclama $45 millones adicionales (sic) por los atrasos en las expropiaciones y el incremento en el costo de los materiales. Hasta el momento, a pesar de haberse solicitado por este medio, la Ministra no ha dado ninguna explicación sobre quién o quiénes son los responsables de estos atrasos que nos obligan a todos los contribuyentes a pagar sobreprecios astronómicos por la incapacidad de los jerarcas de exigir y rendir cuentas.

Investigación conjunta. Aquí tiene la señora Contralora otro caso para dilucidar, que, dicho sea de paso, se puede investigar junto con el atraso en las expropiaciones en los alrededores del aeropuerto Santamaría, que han dado pie a los reclamos de Alterra y su exigencia multimillonaria.

El viernes 12 de enero,La Nación destaca, en primera plana, la noticia de que la Contraloría General de la República tiene cuatro años de exigir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se señale a los responsables por el derroche de recursos realizado en la construcción de estaciones de peaje que nunca entraron en funcionamiento. Las respuestas de los jerarcas de la institución frente a la denuncia son un verdadero plato de babas –“están revisando el borrador de respuesta”; “algunos ya no trabajan aquí”– y no, como debe ser, una explicación clara de responsabilidades.

A la raíz del cacho. Los señores diputados que levantan la bandera de la lucha por la transparencia y contra la corrupción deben trascender las normativas de los detalles que solo dificultan la administración pública e ir a la raíz del cacho, exigiendo responsabilidades a quienes por ley y Constitución la tienen. De otra forma, o no entienden el sistema o contribuyen a cohonestar la corrupción.

La agenda por el desarrollo de Costa Rica no puede limitarse a la discusión sobre el TLC o al endurecimiento de las leyes; no iremos a ninguna parte mientras no ajustemos el funcionamiento institucional y hagamos que las leyes se cumplan. En otras palabras, que dejemos de ser vasallos que les rendimos pleitesía y permitimos la impunidad de los jerarcas y pasemos a ser ciudadanos reales.

Publicado en La Nación, 2007-01-20.