¿Es Fodesaf de los pobres?

El 5 por ciento de los salarios y el 20 por ciento de lo que se cobra por concepto de impuesto de ventas debe ser asignado por ley al Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (Fodesaf) para superar la pobreza en el país. Se trata de una suma multimillonaria: debe andar rondando los ¢160.000 millones. Con este dinero, si fuera realmente destinado a combatir la pobreza, se podría eliminar totalmente la miseria y gran parte de la pobreza del país.

¿Qué es, entonces, lo que pasa? ¿Por qué el problema no se resuelve? Se han dado varias razones sobre la calidad, duplicidad de programas y falta de evaluaciones que inciden sobre la falta de resultados. Sin embargo, hoy pretendo señalar un problema estructural de fondo y es que, en términos reales, el 80 por ciento de Fodesaf no pertenece a los pobres. Este es un criterio externado oficialmente por la Contraloría General de la República, a raíz de las múltiples leyes que han asignado destino específico a los recursos de ese Fondo. En este sentido, ni Fodesaf ni el Ministerio de Trabajo, organismo rector de la política social, pueden pedir cuentas a las instituciones y organismos que reciben actualmente el 80 por ciento de los recursos, con lo cual su capacidad y la del sector social de dirigir y coordinar los programas de superación de la pobreza quedan reducidos al 20 por ciento no comprometido aún y a los recursos propios del IMAS.

Sin control. Pero eso, que de por sí es muy grave porque deja al sector social amarrado de manos para hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades de los sectores meta y a los resultados alcanzados por las instituciones, como debe hacerlo una buena gerencia pública, al mismo tiempo desestimula el giro de recursos al fondo por parte del Gobierno. Al tener que asignarse los recursos mecánicamente sin un control efectivo de su impacto sobre la pobreza, que se mantiene estancada con tendencia a crecer desde hace varios años, el Gobierno pierde interés por falta de dividendos políticos en la asignación de recursos al Fondo. De tal manera que actualmente se giran a Fodesaf menos de la mitad de los recursos que pagamos todos los costarricenses para reducir la pobreza en el país.

Responsable de esta situación, de verdadero caos para la política social, es en primer lugar la Asamblea Legislativa que, en mi opinión, ha usurpado funciones del Ejecutivo al determinar por leyes la distribución de este Fondo. Pero también los jerarcas del sector, que han aceptado pasivamente esta usurpación, y los recortes crecientes en el giro de recursos pagados por todos para reducir la pobreza que realiza el Ministerio de Hacienda, a los que, paradójicamente, se les ejecuta el mayor recorte presupuestario (sic).

Interpretación auténtica. Propongo a los señores diputados que realicen una interpretación auténtica del sentido de las leyes específicas, restituyendo la rectoría de la política social al Poder Ejecutivo, condicionando el porcentaje de recursos que tiene asignación por ley a los resultados obtenidos en la superación de la pobreza y a las necesidades de la población pobre. Eso sí, dentro de un marco de evaluación anual de los resultados alcanzados por el sector social como conjunto. De otra forma los señores diputados deberán asumir la responsabilidad que les cabe dentro de este desaguisado.

Publicado en La Nación, 2003-02-10.