¿Constituyente o proyecto país?

El Estado costarricense necesita cambios importantes para funcionar, pero ¿se resuelve esto solo con una Constituyente? La historia y la práctica de otros países nos enseñan que, más allá de un texto constitucional, se encuentra un proyecto de país y la voluntad política de alcanzarlo. En Guatemala, a raíz de los acuerdos de paz, se reformó la Constitución garantizando derechos que no se han dado por falta de base social.

Voluntad política. En nuestro país, el artículo 11 de la Constitución define el papel de los jerarcas y funcionarios públicos como servidores que deben rendir cuentas y ser evaluados por resultados debiendo responder por sus acciones; pero no se evalúan los resultados sino las normativas y procedimientos. También se aprobó, hace más de una década, una disposición que impone la obligación de asignar el 10% del presupuesto nacional a los gobiernos locales, pero la ley que regularía esta obligación constitucional aún no se hace.

En otras palabras una constitución se convierte en letra muerta si no hay mecanismos que la hagan cumplir y una visión y voluntad política que la sustente. En 1949, cuando se promulgó la actual Constitución, había una propuesta elaborada por el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, y si bien no prosperó como texto central, Rodrigo Facio, entonces constituyente, tuvo la capacidad de negociar los aspectos centrales del nuevo Estado tal como la creación de instituciones autónomas.

En este sentido, la propuesta de ir a una constituyente, sin diagnósticos que señalen el origen de los males y propongan soluciones, que hayan sido ampliamente discutidos en los medios de prensa, genera dudas y temores.

Quiero contribuir a este diagnóstico afirmando que nuestro Estado, por carecer de controles efectivos sobre los resultados de la gestión pública y de la posibilidad de revocar del cargo a los gobernantes, como lo tienen la democracias avanzadas, no es más que un Estado clientelista que debe transformarse en una verdadera república. Un Estado donde los ciudadanos seamos dueños de la empresa colectiva y no vasallos disfrazados de ciudadanos, que tenemos que carecemos de controles reales y tenemos que pedir favores y agradecer lo que se hace con nuestro dinero.

Control ciudadano. Construir este Estado exige, además de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y evaluación de resultados con posibilidad de revocatoria del cargo, una regionalización y descentralización efectiva, que permita el control ciudadano en los ámbitos regional y local. Aparejado, desde luego, de una reforma electoral que haga efectivo el control ciudadano.

Algunos de estos cambios, como el ordenamiento territorial por provincias procedente del siglo XIX, requieren cambios constitucionales, y es deseable que en general se renueve y actualice la carta magna. Pero esto debe obedecer una discusión de fondo sobre el estado requerido y lo que es más importante, sobre las estructuras subyacentes de poder que impiden que se cumplan disposiciones constitucionales estratégicas como el artículo 11 mencionado.

Solo en la medida en que las reformas se orienten a quebrarle el espinazo a estas estructuras sub- yacentes de poder que mantienen el Estado clientelista, podemos estar seguros que avanzamos a una nueva estructuración institucional acorde con la época. Una época donde las Técnicas de Información y Comunicación (TIC), están generando las bases materiales para el desarrollo de una democracia que permita el control directo de los ciudadanos en los ámbitos regionales y locales. Condiciones que exigen imaginación y adaptación de la institucionalidad para el futuro, en vez de las soluciones populistas de control de procedimientos y manipulación de emociones.

Publicado en La Nación, 2008-12-22.