Miguel Sobrado

La reactivación del proyecto  de la elección de diputados por petición del grupo Poder Ciudadano, es un paso importante en la reforma institucional que nuestro país requiere.

La reforma plantea la elección de 42 diputados por distritos electorales y otro tanto por listas nacionales y permite la reelección hasta por dos períodos adicionales.

La mayor parte de los problemas que vive Costa Rica han tenido su origen en los desaciertos de la Asamblea Legislativa que ha aprobado un día sí y otro también privilegios y derechos para sus clientelas, sin asignar recursos ni establecer mecanismos de control y rendición de cuentas. Son los diputados los que han aprobado las leyes de pensiones de privilegio, los premios y exenciones sin ningún propósito más allá del beneficio de grupos de poder. Poseen un departamento técnico y decenas de asesores, pero a pesar de todos estos recursos que deberían orientar y fundamentar su gestión para el beneficio nacional hacen mesa gallega con el presupuesto nacional, creando instituciones duplicadas para colocarse ellos mismos al finalizar su período y a sus clientes políticos.

El hecho de que actualmente no puedan ser reelectos convierte a los diputados en sujetos de presiones del Ejecutivo y otras fuerzas políticas, que les condicionan los ingresos durante los 4 años de siguientes a su gestión a la aprobación de proyectos patrimonialistas.

La reforma apunta e en la dirección correcta, pero debe completarse con mecanismos de rendición de cuentas incluyendo la revocatoria del cargo.

Sin esta rendición de cuentas y la posibilidad de ser revocados del cargo, la reforma pierde fuerza e importancia en la vida institucional. No estimularía la movilización de los electores tanto en los distritos, como en el ámbito para dar seguimiento y exigir resultados

Actualmente los diputados viven una situación de privilegio irresponsable al margen del artículo 11 de la Constitución que exige “evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”

Esta situación tiene que cambiar con la reforma que debe ir acompañada de informes anuales a los electores sobre la gestión parlamentaria que puedan ser sometidos a referéndum y definan la eventual pérdida del cargo. De otra forma, la reforma no apodera a la ciudadanía y corre el riesgo de dejar todo igual. Se convertiría en un proyecto más de cambiemos para que nada cambie.

Los pesos y contrapesos son la razón de las virtudes de la República y de la democracia.