Estamos configurados pero no determinados

La cultura nacional es algo muy amplio y dinámico; se encuentra en una construcción y evolución permanente como producto de las actividades económicas, sociales, institucionales e incluso de los cambios en los hábitos y prácticas cotidianas. Por ejemplo, la actividad cotidiana en los centros de producción y servicios públicos y privados es la que configura, desarrolla y consolida las prácticas y capacidades organizacionales  de las empresas e instituciones.

Este tema ha sido desarrollado teórica y metodológicamente, entre otras disciplinas, por la Teoría de la Organización y la Metodología de Capacitación Masiva elaboradas por Clodomir Santos de Morais y los equipos de trabajo que han florecido a su alrededor. Los logros de esta metodología alrededor del mundo han reafirmado la importancia de la actividad objetivada en los procesos de capacitación como elemento que configura los modelos organizacionales, y  que  –mucho más allá de los buenos consejos-  al mismo tiempo, permite ajustarlos y transformarlos.

La cultura política

Si bien existen normativas formales que orientan la cultura política, éstas cobran vida y se ajustan paulatinamente en lo cotidiano frente a los cambios situacionales, tecnológicos e institucionales.

En nuestro caso, para analizar la cultura política iremos más allá de las estructuras formales del Estado y su organización constitucional, legal e institucional. Es decir, haremos una aproximación al funcionar operativo de las estructuras de poder reales informales o subyacentes, que en su práctica cotidiana configuran la cultura política. De tal forma, buscaremos respuestas sobre la razón de las actividades políticas en el ser de dichas actividades, más que el deber ser normativo constitucional o legal.

En otras palabras, partimos de que la actividad práctica cotidiana es la que configura, en última instancia, la cultura política nacional. Esto no quiere decir que esta cultura una vez conformada, no tenga un peso propio capaz de incidir en ocasiones sobre la práctica institucional, pero es necesario destacar el peso generador de la actividad cotidiana en la conformación de la cultura política y los valores ciudadanos.

La división de poderes ¿un balance de pesos y contrapesos?

Formalmente somos una república con división de poderes que deben servir de pesos y contrapesos para que se dé una buena gestión pública. No obstante, esta es una verdad a medias.

El Poder Legislativo

El Poder Legislativo necesita de mecanismos efectivos para exigir cuentas y revocar mandatos de los ministros; su práctica y su poder de legislar están amarrados por un reglamento que le da atribuciones de veto a cada legislador, lo que impide avanzar con la celeridad que se requiere. Por otra parte, el mismo sistema electoral impide la reelección de los diputados, lo que no les permite hacer carrera parlamentaria, al mismo tiempo que ellos se vuelven dependientes de las clientelas locales que esperan obras públicas más que legislaciones sabias. Como estas obras o proyectos sociales deben tramitarse a través de los ministerios, instituciones autónomas o gobiernos locales, los diputados se hacen vulnerables a una dependencia de los poderes ejecutivos nacional o locales  para sobrevivir políticamente los cuatro años que no estarán en el parlamento.

El Poder Judicial

Si bien el Poder Judicial, goza de una relativa autonomía, los nombramientos de los magistrados pasan por el filtro político en la Asamblea Legislativa, lo que ha venido marcando de forma cada vez más evidente su dependencia política en las decisiones cruciales.

 

El Poder Ejecutivo

Si en verdad el Poder Ejecutivo se presenta, dentro del marco constitucional y legal, como un equipo integrado alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, coordinado y dirigido por ministros rectores, en la práctica dista mucho de operar dentro de esta normativa. De hecho, la distribución de los ministerios e instituciones autónomas obedece más a las alianzas de fuerzas del equipo gobernante, lo que en la práctica se traduce en feudos de poder que coordinan o no coordinan, de acuerdo con sus intereses.

Don Johnny Meoño ha clamado desde la página quince de La Nación, desde hace varias décadas, como profeta en el desierto, para que se aplique la Ley de Planificación, que obliga al Presidente y a los Ministros, formalmente rectores sectoriales, a encuadrar su proyectos alrededor del Plan Nacional de Desarrollo y a exigir cuentas con posibilidad de destituir a Juntas Directivas y Presidentes Ejecutivos que no cumplan, pero esto no se realiza. La normativa choca con la realidad fragmentada de feudos que se mantienen al calor de poder. De tal forma, ningún ministro rector se siente autorizado para exigir cuentas a las instituciones “bajo su mando”. Sabe que si exige resultados a quien tiene respaldo superior, quien puede perder su puesto es él,  y no su “subordinado”.

En otras palabras, las estructuras institucionales conviven con otras estructuras informales de personas con acceso al gobernante, quienes configuran una corte de verdaderos ministros sin cartera pero con poder real que distorsionan y reconfiguran el sistema. De esta práctica es de donde surge la cultura política cotidiana, la cual desciende en cascada desde los ministerios hasta los burócratas que atienden al público en las oficinas, contaminando e  involucrando a los ciudadanos de base, quienes deben someterse a las reglas existentes para poder resolver sus asuntos.

El corporativismo y el clientelismo

El corporativismo y el clientelismo son dos de los componentes claves  de las redes de poder. El corporativismo como tendencia de un grupo o sector profesional a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta los intereses públicos ni las implicaciones o los perjuicios que pueda causar a terceros. Y el clientelismo, como una forma de garantizarse el apoyo político con base en prebendas. Ambos fenómenos se encuentra por lo general asociados y contribuyen a articular el sistema.

Bajo el pretexto de una sana participación, nuestro sistema político ha asignado a los grupos corporativos un papel predominante en la toma de decisiones; por ejemplo, en el Consejo Nacional de Transportes, a los autobuseros. Como consecuencia, la reorganización urgente de las líneas de transportes que demanda  el desarrollo urbano, no se toma, y en el año 2013 se volvieron  a asignar por 7 años más líneas tales como Sabana Cementerio y Cementerio Estadio, de 1940, en vez de ser trazadas otras  como  Pavas Curridabat o Hatillo-Tibás, que parecen tan necesarias.

Una situación similar nos encontramos en la Caja Costarricense de Seguro Social donde el Control de los médicos y los sindicatos se impone sobre las necesidades de una buena gestión.

Sería suficiente preguntarnos por el expediente digital en la CCSS,  que sigue sin implementarse, a pesar de haberse iniciado las gestiones para establecerlo hace veinte años. ¿Hace falta dinero o capacidad técnica? Definitivamente no; pero su implementación pondría al desnudo la cantidad y la calidad de los servicios al mismo tiempo que restringiría las alteraciones y los saltos injustificados en las listas de espera, y esto, los grupos corporativos que controlan la institución lo retrasan con mil pretextos. Como resultado, al ciudadano que no tiene contactos internos para que le adelanten su cita, le quedan como alternativas: a) pagar la medicina privada externa, b) pagar un “biombo” interno o c) encomendarse al santo patrono para llegar vivo al día de la cita médica.

Reflexiones similares podríamos hacer en relación con las obras públicas que operan con un sistema anacrónico de licitaciones y expropiaciones que dejan el interés público en el último lugar y las hacen interminables, mientras los barones de la construcción y sus adláteres  se enriquecen y los ciudadanos pierden la fe en el sistema institucional.

En Educación las cosas no son mejores, en un momento de grandes transformaciones en que la importancia de las políticas y las prácticas educativas institucionales para el desarrollo nacional crece, el Consejo Superior de Educación, formado solo por educadores de los gremios y de las universidades, no atiende con presteza las demandas de los padres de familia ni de las regiones que piden cambios y congruencia entre lo que se enseña y el comportamiento de los maestros. Por ejemplo: ¿De qué sirve memorizar la educación cívica, si en la práctica del mismo sistema educativo e institucional donde se desenvuelven los estudiantes se niega la esencia de la ciudadanía y de los valores republicanos?

La situación no es mejor en otros ámbitos de la gestión pública, donde los intereses particulares se imponen sobre el interés público de manera directa o alargando los procedimientos y entrabando los trámites de acuerdo con las circunstancias.

El descenso en cascada de la ineficiencia y la transformación de las víctimas en victimarios.

Como vivimos en un sistema electoral donde, en última instancia, los ciudadanos colocamos con nuestro voto a las autoridades nacionales, la responsabilidad por el mal funcionamiento del aparato público termina recayendo formalmente sobre los electores,  afectando directamente la moral y  la capacidad de reacción.

Se crea el supuesto de que, como país y cultura, no tenemos la capacidad operativa y, lo que es peor,  de que nada se puede hacer porque el mal se deriva de cada uno de nosotros y de nuestra cultura corrupta. Se deja así de lado, tras esta posición ideológica,  el problema sistémico que articula y sincroniza la gestión pública. De esta manera, los ciudadanos, las verdaderas víctimas del sistema, terminamos transformándonos en nuestros propios victimarios. Una especie de sadomasoquismo cultural.

Se trata de una visión individualista, que tiene arraigo en nuestra cultura campesina y una visión desajustada de legalidad.  Eso sí, inducida por los grupos corporativos interesados en el detalle de los artículos y reglamentos para aplicarlos a conveniencia de acuerdo con el momento y los intereses que representan. De tal manera, dependiendo de sus interpretaciones, “todo se puede o nada se puede”.

Se trata también de una forma de dominación disfrazada de legalidad, una verdadera cortina de humo que confunde a los ingenuos, pero que deja de lado los mandatos constitucionales de rendir cuentas por resultados y con responsabilidad personal  de acuerdo a lo que establecen las Leyes que regulan el sistema como la  General de Administración Pública y la Ley de Planificación.

Miguel Sobrado. Catedrático Sede Regional Brunca UNA, especialista en Capacitación Masiva

Ponencia presentada en el SEGUNDO FORO INSTITUCIONAL 2015, “COSTA RICA ANTE EL FUTURO: VISIÓN Y RETOS”, el día 21 de octubre de 2015. Auditorio de la Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica