Miguel Sobrado Sociólogo · Político · Fotógrafo

Juan José Sobrado

Universidad sectaria

Fecha
16 de marzo de 1997
Publicado en
La Nación
Lectura
5 min

La función de la universidad es la búsqueda objetiva y racional de la verdad, conforme la prueba contrastante de la realidad. Si la abandona y en su lugar se funda en dogmas, se convierte en sectaria. Y si tales dogmas tienen connotaciones mágico folclóricas, cae en el realismo mágico, en que lo imaginario se confunde con la realidad. En todos estos casos la realidad es negada o alterada, y sustituida con ideas o deseos a los que se somete. Por eso, un dictamen de bases tan irreales que cae en el realismo mágico, de una comisión especial del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, contra el proyecto educativo del ministro Doryan, presentado ante la Asamblea Legislativa, semeja una buena historia de Aureliano Buendía.

Dicho pronunciamiento desconoce expresamente --en su texto y en su bibliografía-- la realidad que todo el mundo conoce de ausencia de calidad, tanto en instrucción como en formación, en nuestro sistema educativo. Al delimitar lo que examina, literalmente dice que "variados análisis hacen pensar que existen contradicciones y deficiencias que afectan el sistema educativo costarricense en todos sus niveles y dimensiones". Lo que maneja como hipótesis de la que no examina las evidencias aplastantes que prueban su existencia. El razonamiento implícito es que, como los dictaminadores ya tienen la verdad sobre la educación, no necesitan examinar el punto, ni hacer ningún "diagnóstico" de su posible existencia, su medida y su porqué.

Desde el principio de los años ochentas, se conocieron pruebas realizadas por la Dra. Zaira Méndez, investigadora de la UCR, y del IIMEC --instituto técnico de dicha Universidad-- que indicaban con notas angustiosas los lamentables resultados de la educación costarricense. Pero para el Consejo esos hechos no existen. Tampoco existen las múltiples pruebas posteriores llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, que señalan graves deficiencias en conocimientos, y en formación psicoafectiva, moral y social. Igualmente son ignoradas totalmente las exposiciones del Simposio de ANFE-CINDE de 1984, publicadas en forma de libro, en que eminentes catedráticos de la misma Universidad --ajenos a los encargados de la formación docente (y responsables, por tanto, de los malos resultados)-- señalan con subidos colores dichas serias deficiencias. Asimismo, según pruebas universitarias, el estudiante de ingreso posee un vocabulario de apenas 600 ó 700 palabras, cuando lo esperable es 5.000, así como deficiencias muy graves en madurez, conocimientos y criterio. Tampoco bastaron las serias críticas del último Informe del BID, ni las comprobaciones más recientes de los hallazgos de la Dra. Méndez por investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tan aplastantes hechos que afectan directamente a la Universidad, debieron haberlos sacado del mundo mágico y del sueño dogmático, pero así no fue.

Para el pronunciamiento de la UCR, nada de esto existe, sino una visión delirante que niega la realidad por la vía de reducirla en forma displicente a hipótesis, para que rija el dogma sin hechos molestos que lo estorben. Por lo menos Buendía vive una realidad fantástica, en cambio la del pronunciamiento es sólo una fantasía a espaldas de la realidad. En virtud de esta posición mágica, el pronunciamiento carece del análisis más elemental: los elementos ciertos del problema, para, a partir de ahí, establecer las soluciones.

Ausente tal fundamento que le impide valorarlo, el pronunciamiento critica, sin embargo, el proyecto y pide su desestimación, con base en prejuicios y alegaciones falsas, que retratan claramente su sectarismo. Alega, entre otras cosas, que modifica la Ley Fundamental de Educación, lo que no es cierto; que el conocimiento es contrario a la formación, o de que se puede formar sin instruir; que el conocimiento tiene límites cantonales y sociales; que los derechos no conllevan obligaciones, pese a que lo contrario es la esencia de la teoría de los derechos subjetivos; y niega su declarado carácter de fórmula para levantar la calidad, sin perjuicio de aquellos fines y propósitos que deja incólumes. Explota además para ese propósito interesado, errores, imprecisiones, incongruencias y omisiones del proyecto, inevitables en toda obra humana, sobre todo en una primera redacción, pero que, por ser de forma, son subsanables sin contradicción (y por el contrario, a su favor) con su fondo y sentido, que son correctos y van en la dirección adecuada.

El proyecto del Ministerio va en el mismo sentido de lo que en los Estados Unidos --ante un problema similar y por causas similares-- han recomendado las comisiones presidenciales, como la que produjo el informe "A Nation at Risk" en 1982, bajo el presidente Reagan; o "America 2000: An Education Strategy", del presidente Bush, porque no hay otra solución posible. Este clamor popular en los Estados Unidos ha sido acogido por el presidente Clinton --por lo que en parte fue reelecto-- quien en el reciente discurso inaugural de su segundo período planteó la excelencia de la educación, y la necesidad de que el conocimiento y el poder de la era de la información estén al alcance de cada aula y cada niño, como bases de su programa de gobierno, que en esencia es lo mismo que propone el proyecto que ataca el Consejo Universitario. Las mismas críticas que este hace recibieron las propuestas en los Estados Unidos, por parte del mismo establishment responsable de la debacle: el cual aquí lo expresa por boca del Consejo Universitario, gracias a la imprudencia de este al delegarle su criterio.

Porque el Consejo Universitario sin advertirlo ha sido instrumentado en la defensa de una escuela y de una secta --profundamente enquistada en la Universidad-- que predica dogmas y prejuicios, elude sus responsabilidades, y defiende sus propios intereses y no los que resultan de los hechos y la realidad. Con lo que ha puesto a la Universidad a violar el esencial mandato --que es su razón de ser-- de buscar en forma "constante, inagotable y libre", "la verdad, la eficacia y la belleza" (art. 5 del Estatuto Orgánico).

Por eso los diputados deben considerar este "pronunciamiento" como lo que es: la usual colección interesada de pretextos y razones para que no se haga nada, y se dejen las cosas como están. Y por eso, en vez de desechar el proyecto como se pide, mejorarlo en lo mucho que puede ser mejorado, hasta lograr el instrumento legal que el país necesita para levantar el nivel de calidad de la educación. Porque el proyecto acierta en los medios que propone, que es donde ha estado la falla (palabrería y métodos, y nada de sustancia), que el país demanda corregir con urgencia.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 1997-03-16.