Televisión y radio

Está en el tapete el régimen de la televisión y la radio. La circunstancia de que su medio de transmisión –el espectro electromagnético– sea titularidad del Estado según lo declara la Constitución, por lo que solo se puede utilizar mediante una concesión, por naturaleza condicionada a los fines públicos correspondientes, implica que su uso por particulares se considera un instrumento para alcanzar los valores y fines superiores de la colectividad. Porque la Constitución, como regla de la sociedad políticamente organizada, es un cuerpo de normas que se explican unas por otras en función del sistema que forman, de modo que una norma no se puede entender aisladamente, o en forma contraria al propósito del conjunto. Tales fines superiores no son los del Estado como organización –dinero, conveniencia para esta o sus funcionarios– sino la consecución y garantía de los derechos básicos para los ciudadanos, que en el caso son los de la comunicación de las noticias y las ideas, libre opinión y cultura.

De modo que el criterio para la adjudicación de las concesiones o licencias no puede ser el de quien pague más, porque la finalidad no es fiscal ni económica, sino el de quien asegure y garantice mejor la consecución de aquellos fines del ordenamiento, cuya determinación y condiciones han de quedar especificadas en las correspondientes cláusulas de la concesión.

Razón y emoción. Particularmente importante es lo anterior en el caso de la televisión, por tres clases de razones: 1) porque, a diferencia de la palabra, caso de la radio, que se dirige a la razón, la imagen apela directamente a la emoción, lo que le confiere a la televisión un poderoso poder de manipulación y condicionamiento; 2) porque las frecuencias usuales en televisión apenas pasan de la docena, lo que permite el control monopolístico por unos pocos, y esto no ocurre en la radio, puesto que hay muchas más frecuencias; 3) porque el sistema actual, muy defectuoso, ha funcionado, no obstante, razonablemente bien en el caso de la radio, no así en el de la televisión, precisamente por ausencia de esa determinación.

Como resultado de la ausencia expresa de dichos condicionamientos –que de todas maneras existen, aunque no se pongan– el centro de gravedad del servicio televisivo se pudo voltear radicalmente y pasar a ser exclusivamente el lucro en toda su desnudez y violencia, como ocurre actualmente. Porque, perdidos aquellos fines, la esencia del negocio para el particular consiste en congregar multitudes para vender, y para eso nada mejor, ni más fácil, que apelar a pasiones elementales, como el sexo y la violencia.

¿Cómo quejarse? La anterior es la razón de que los programas, a toda hora y para todos los públicos, destilen sexo y violencia, pese a que el sentido común e incontables estudios al efecto demuestran que su transmisión –en un medio público en que es imposible discriminar respecto de sus receptores– produce daño en los niños y jóvenes. Por eso, si así se eleva la temperatura general del erotismo, ¿cómo quejarse después del embarazo de las niñas y las adolescentes, que es una de sus consecuencias?; y, si los valores que tales programas inevitablemente transmiten, son los de la violencia, ¿cómo quejarse después del incremento desproporcionado en los crímenes y asaltos, y del nivel general de la agresividad? Cualquier duda al respecto la despeja un reciente estudio francés sobre la acción del sexo y la violencia televisivos en los más jóvenes. Paradójicamente así, un medio previsto para el bien de los ciudadanos termina convertido en instrumento de su corrupción y daño, lo que, a mediano y largo plazo, es destructor de la sociedad.

Con ese objeto se confunden deliberadamente la libertad de pensamiento con la de comercio, o bien con la de entretenimiento, todas cosas distintas; así como la cultura y la educación, cometidos de todos los instrumentos del Estado, con la degradación de la naturaleza humana. Diferencia que, respecto todo ello, la hace claramente, por ejemplo, el estatuto inglés de la BBC. Y, con tales razones, aliadas en el pasado con algunos políticos cómplices e infieles a su misión, más atentos al favor de las cámaras que al interés público, se ha podido realizar la indicada inversión total del sistema, que ahora es necesario corregir.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2003-03-15.