Santa concesión

O ra pro nobis. Tal es el rezo que entona la política de obras públicas del actual gobierno, copiada del anterior. A la presunta acción milagrosa de esta santa, pese a que los resultados no responden, se continúa encomendando el desarrollo del sistema vial, de los puertos, del alcantarillado, etc. Y no solo continúa la fe ciega en que hace milagros, como subproducto de una ideología económica, y de conceptos ya superados por el propio Fondo Monetario que los impulsó en los años anteriores, sino que tampoco se atiende a la evidencia de que es imposible que pueda hacer los milagros que se esperan de ella.

Porque, por ejemplo, de los 35.000 kilómetros de vías nacionales, si acaso 500 son concesionables, por su volumen de tráfico y la naturaleza de sus accesos; porque en los puertos no se ha encontrado una fórmula viable para desarrollar nuevas instalaciones, con verdaderas inversiones, que vayan mas allá de financiarse con los mismos ingresos; porque en el alcantarillado sanitario, el propio Banco Mundial –que ya cambió de idea– lo objeta, según informó Al Día, con el irrefutable argumento de para qué encarecer el servicio con un intermediario, que se financiaría en los mismos bancos y lo pagaría con los mismos ingresos del servicio.

Aplicación decepcionante. Además de las dificultades propias de aplicar una fórmula única, a una realidad que, por requerir de varias no acepta ese reduccionismo, la aplicación de la concesión a lo que en principio pudiera merecerla, no ha podido ser más decepcionante. Primero en la autopista Aeropuerto-San Ramón, en que fracasó porque desde un principio se violó la primera ley de concesión, y sus sanos principios, mejores en algunos aspectos claves que los de la actual. Se culpó entonces a la ley –como siempre– y se gestionó la nueva ley de concesiones, más complicada y a la que ahora se culpa de los siguientes fracasos por su exceso de reglamentismo y su irrealidad. Luego en el caso del aeropuerto, en que se concesionó de contrabando, bajo una figura reglamentaria caprichosa que ha demostrado ser puro papel a disposición del Ejecutivo, y a favor del contratista, y en que el esquema originalmente previsto pronto se desvió en beneficio del concesionario y en perjuicio de los intereses nacionales.

¿Por qué entonces se insiste en la concesión, si no sirve? Por varias razones, además del dogmatismo. En primer lugar, porque el dogma, igualmente equivocado y desactualizado, de la unidad contable de todo el aparato público, lleva a parar inversiones para disminuir el déficit global y en cambio la inversión del concesionario, supuestamente de él, pero en realidad del mismo servicio y sus usuarios, no se contabiliza como tal; y, en segundo lugar, porque así se espera ganar la agilidad que no tiene la administración pública.

Solución del problema. La primera razón es inválida, porque con solo cambiar el dogma –que es falso– se soluciona el problema; y porque, como se dijo, en unas u otras manos, las inversiones son del servicio y sus usuarios, de modo que en la macroeconomía la situación es exactamente la misma; la segunda es también inválida, porque hay de todas maneras que efectuar una licitación, porque la administración pública bajo figuras empresariales puede ser eficiente, y porque el concesionario ciertamente es ágil, pero en beneficio de sus intereses. Siendo inválidas ambas razones, simplemente se debieran despejar como telarañas mentales que impiden el progreso. Pero no es así.

Porque en este caso, del que depende la infraestructura indispensable para el desarrollo del país, como en los demás temas importantes vistos en artículos anteriores (licitaciones, descentralización, aduanas, cobro de mejoras, convenciones, aeropuerto), actuamos a espaldas de la realidad real, sobre un escenario mental que no coincide con ella, construido por un discurso público que está completamente desgastado y a punto de estallar, apenas el pueblo lo advierta. Porque todo cuento tiene límites, y la credulidad termina cuando se siente en carne propia el fracaso. Por eso, igual que en toda alteración de la razón, la rectificación debe empezar por el retorno al principio de realidad.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2002-11-12.