Miguel Sobrado Sociólogo · Político · Fotógrafo

Juan José Sobrado

Acoprot confirma todo lo dicho

Fecha
18 de marzo de 2005
Publicado en
La Nación
Lectura
4 min

En su respuesta, evasiva como lo había predicho, Acoprot confirma que, aunque no fuera esa su intención -la que no juzgo- defiende los intereses de Alterra y no del país y menos los del turismo.

Porque el punto medular de Acoprot es que resulta necesario negociar a toda costa el conflicto, a pesar de que es exclusivamente unilateral y caprichoso por parte de Alterra, o sea que inevitablemente acepta la legitimidad de esa pretensión. Porque solamente se negocia, o se recomienda negociar, lo que es negociable, no lo que no lo es.

Alterra pretende cambiar un contrato concebido sobre la base de precios tope, revisables solo en circunstancias de excepción que el contrato estipula, que no han ocurrido y que ni siquiera invoca, por otro con todos sus precios inflados, a capricho suyo, en que se le terminaría pagando prácticamente otro tanto de los $140 millones que originalmente cotizó por todas las obras. Y, como la Contraloría no aceptó que ese sobreprecio ilegal se pasara a tarifas, ahora pretende -en las "negociaciones" que Acoprot recomienda aceptar a toda costa, al extremo que oponerse a ellas lo califica de ejercer "presiones indebidas" por "intereses mezquinos"- que se le pague lo mismo pedido, disminuyendo el porcentaje pactado del Gobierno en los ingresos y extendiendo el plazo del contrato por cinco años más. Frases de ataque sin ningún fundamento, que son precisamente las de Alterra, lo que es otra prueba de la identificación con sus intereses.

Secuestro y paralización. Esta es la realidad del "diferendo" y de la negociación que Acoprot tan calurosamente recomienda: aceptar un contratista que no quiere cumplir su contrato y que lo quiere cambiar ilegal y radicalmente a su favor. Lo que tiene una solución muy simple: o Alterra cumple, o se le rescinde el contrato con pago a su costa de los daños y perjuicios causados, pero nunca debe aceptarse negociar con quien tiene secuestrado el aeropuerto y paralizadas sus obras, precisamente para que le paguen el rescate que pretende. Al parecer Acoprot se asusta cándidamente con los cuentos chinos de Alterra, de que se cae el mundo si así no se procede, o de que el Gobierno no tiene el dinero para hacer las obras directamente.

Ambos cuentos son patentemente falsos y se necesita una gran dosis de ingenuidad para aceptarlos. Consta en las conservadoras proyecciones financieras del consultor TAMS, que los ingresos netos del aeropuerto en estos años (descontados impuestos con destino fijo y gastos de operación y mantenimiento del aeropuerto), serían suficientes en apenas tres años para pagarle a Alterra lo que contractual y verdaderamente vale lo que ha hecho, y para terminar todas las obras. O sea, que salga Alterra de escena y asuma el gobierno directamente el aeropuerto, como siempre lo hizo, porque no se trata de administrar Cabo Cañaveral. Pero Acoprot no se asesora en fuentes objetivas e independientes, sino con los propios involucrados en las irregularidades, tal como lo confiesa ingenuamente, error garrafal equivalente a que el OIJ pretenda resolver los casos interrogando exclusivamente a los sospechosos e involucrados. Por otra parte, Alterra incumplió sus obligaciones, y sus amenazas de demandas son puro viento porque tiene la vaina vacía.

Acoprot guarda total silencio sobre el grave hecho de que, aunque Alterra cumpliese al pie de la letra, el Santamaría de todas maneras colapsaría en el 2010, por culpa del Gobierno al no haber iniciado Orotina; y, peor aún, de que, si se acepta la "negociación", se imposibilita Orotina hasta el 2025 porque habría que indemnizar a Alterra y se iría toda la plata necesaria para construir el indispensable nuevo aeropuerto. Todo ello en obvio y grave daño del turismo y del país.

Mal de familia. Finalmente, este proceder de Alterra -propiedad de Bechtel Enterprises- parece que es mal de familia. Bechtel es ahora el centro de un escándalo que llega al Senado de los Estados Unidos, por los "sobrecostos" en la construcción del expressway de Boston denominado el "Big Dig", que originalmente costaría $ 2.200 millones y que ya se acerca a los $15.000 millones. Véase al respecto en Internet: www.msnbc.com/id7161103 : o en el prestigioso diario Boston Globe : www.boston.com.news/special/bechtel/ ; o con el Google buscar "Big Dig cost overruns".O la investigación que el Miami Herald le hizo hace varios años a otra compañía del grupo por irregularidades en el manejo del aeropuerto de Miami; o hechos parecidos o que siguen un mismo patrón en el manejo de aeropuertos en Perú y Bolivia.

No se enoje, brinque o salga por la tangente, Acoprot; intente al menos refutar los hechos y razones, lo que no podrá hacer por ser ciertos.

Columna de Juan José Sobrado, La Nación, 2005-03-18.