Las luchas por el poder en un sistema clientelista abarca progresivamente todas las esferas de la vida sociopolítica. Los partidos y corporaciones luchan activamente por el control y manejo las organizaciones y grupos de interés. De esta lucha no se encuentran exentas sino que son objeto de seguimiento sistemático las organizaciones creadas por los grupos y comunidades para resolver sus problemas y atender sus necesidades.
Desde el gobierno se utilizan los recursos institucionales para estimular y crear liderazgos ungidos por los partidos –como los aparatchiki soviéticos-. Se busca comprar lealtades y negociar votos e influencias buscando transformarlas, hasta donde les sea posible en fajas de transmisión partidario.
En este proceso compiten y procuran arrinconar, cuando no las pueden subordinar, a las organizaciones autónomas con liderazgos y prestigio propios surgidas de las necesidades y capacidades de las bases.
Estas luchas se extienden progresivamente a los sindicatos empezando por los de las instituciones del sector público, sujetas de influencia política directa. Pero de esta manipulación no están exentas las cooperativas y asociaciones comunales y deportivas a través de instituciones tutelares con financiamiento formalmente para su desarrollo. Por este medio se procura convertirlas paulatinamente en áreas de influencia de los caudillos o partidos.
Con leyes y utilizando recursos públicos o de ayuda internacional se lanzan a comquistar lealtades en las organizaciones que se mantienen autónomas. Conforme lo logran, crean una base para el la red clientelista y por otra parte, lo que es más grave, debilitan la capacidad de organización autónoma y el capital social generado desde abajo minando la capacidad de resistencia, iniciativa impulso y creatividad desplegada por el movimiento popular.
Con la entronización de los “dirigentes” ungidos por los políticos a los puestos de dirección política los movimientos populares, Federaciones y Confederaciones, pierden estos no solo la autonomía organizativa sino la capacidad de generar capital social y orientar y mantener la iniciativa en los procesos políticos.
Esto explica la pérdida de visión estratégica, la capacidad de alianzas e iniciativas que han manifestado los movimientos populares nacionales en la actual coyuntura de cambios y transformaciones estructurales que vive nuestro país. Muy atrás parecen haber quedado los tiempos en que grandes dirigentes, sindicales como Carlos Luis Fallas y Manuel Mora con visión nacional generaban capacidades de organización y gestión así como apoderamiento efectivo en los sectores y comunidades. Un dirigente sindical añorando aquellos tiempos me decía que ya no había sindicalistas con visión nacional, sino que lo que existía en sector ´público eran sindicaleros que pactaban con los directivos no denunciar los abusos que estos cometían a cambio de privilegios de grupo.
Hoy en día frente a la crisis fiscal que vive el país, se encuentran entrampados en visiones del pasado o en los estrechos intereses corporativos y privilegios de gremio pierden prestigio y respaldo político progresivamente. Carentes de propuestas de cambio y protagonismo en la vida política, social y cultural del país están siendo arrinconados y acorralados.
Los cambios institucionales y el apoderamiento organizacional de las comunidades
Nuestro Estado requiere de profundos cambios y ajustes. Las instituciones que en el pasado jugaron en algún momento un papel positivo para el desarrollo se han vuelto obsoletas y contraproducentes. En vez de estimular la organización e incorporación de las iniciativas e innovaciones locales y regionales las obstaculizan y desalientan. Siguen con el esquema paternalista que el desarrollo viene de arriba y sus fracasos, en vez de verlos en el enfoque y el sistema institucional, los atribuyen a problemas técnicos y de procedimiento.
Como nos cuesta reconocer los problemas de sistema, pensamos que con más leyes y reglamentos cuyos resultados operativos no se financian ni evalúan, podemos superar los problemas.
Hay que reconocer que los cambios en nuestro país no se pueden generar con más de lo mismo, desde una institucionalidad vertical, con un ordenamiento territorial obsoleto, carentes de instancias de coordinación, y lo que es peor de control y participación ciudadana.
Las políticas públicas deben responder a las necesidades, posibilidades e iniciativas de las comunidades y sectores y grupos organizados en los territorios y municipios. Deben complementarse con capacitación organizacional y servicios para estimular el desarrollo autónomo y encadenar progresivamente el sector tradicional, aprovechando sus fortalezas e innovaciones. Es con políticas capacitación organizacional y facilitación de servicios y no con proyectos diseñados en escritorios que buscan subordinación y dependencia que se puede emprender el camino del siglo XXI.
