La exclusión educativa amenaza la democracia
- Fecha
- 29 de diciembre de 2022
- Publicado en
- La Nación
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En el mundo contemporáneo, la actualización del conocimiento es una condición para el desarrollo y el bienestar. El desarrollo científico y técnico desplaza aceleradamente los empleos físicos y mecánicos, y aumenta la exclusión de quienes tienen poca formación educativa y técnica, que en América, por razones históricas, alcanzan proporciones inmensas.
En Costa Rica, por ejemplo, el 54% de la población económicamente activa (PEA) no tiene el bachillerato, cifra mayor entre los desempleados. Las previsiones realizadas sobre los empleos que desaparecerán en los próximos años agravan el problema. Los nuevos trabajos son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de la formación y versatilidades en el aprendizaje.
Estos cambios trascienden lo económico y técnico-productivo, ya que estamos inmersos en sistemas de gobernanza que posibilitan y demandan una gestión ciudadana que requiere también condiciones y cualidades.
La ciudadanía no es un atributo formal, sino un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos, esto es, de condiciones donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que conducen al bienestar y estimulan la participación en estructuras descentralizadas, tales como la educación y la salud en los países nórdicos.
La exclusión de amplios sectores del acceso a una educación actualizada no solo resquebraja las posibilidades de desarrollo, sino también impide que operen los contrapesos sociales que requiere la vida democrática en un sistema descentralizado.
La vida democrática precisa la capacidad de autoorganización de los grupos y comunidades. Este es el fundamento de la democracia. Otras formas de organización, como la de pastores y ovejas o patronos y clientes, basadas en relaciones asimétricas y de dependencia, conducen al clientelismo y a diversas formas de populismo que limitan seriamente el funcionamiento de los contrapesos sociales y políticos.
La educación actualizada y la capacitación en autoorganización económica y ciudadana son pilares sin los cuales no es posible sostener una república democrática. La educación y la capacitación no deben ser vistas como un gasto porque son la inversión que más réditos aporta a la sociedad. Lamentablemente, en América Latina no se ha entendido y por eso su postración de cara al siglo XXI.
En Costa Rica, la educación fue motor del desarrollo cuando supo responder —como en los siglos pasados— a las necesidades de la época, pero no hemos comprendido que estamos ante un parteaguas tecnológico que exige la adecuación de la educación al siglo XXI y su expansión más allá del sistema formal para incorporar a todos los que perdieron la oportunidad educativa y se encuentran excluidos o en peligro de serlo.
De reducirse la inversión en educación, como ocurre ya, se perderá la oportunidad de hacer los cambios y ajustes cualitativos requeridos, y se producirá un apagón educativo como el de la década de los ochenta en el siglo pasado, cuyos efectos persisten.
En este momento, urge un consenso nacional sobre los cambios en cuanto a contenidos y formas de los programas, acerca del proceso para llevarlos a cabo y consolidar logros con realismo; ofrecer un sistema de nivelación a quienes vienen saliendo del apagón educativo y crear un programa de capacitación masiva para quienes perdieron la oportunidad educativa y deseen organizarse con el fin de superarse con programas de capacitación en las comunidades y empresas.
La inversión en educación adaptada a los nuevos tiempos, en contenidos y formas, tiene referentes en algunas de las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, Finlandia, que sirven de orientación.
La capacitación masiva en autoorganización requiere apoyo técnico para las comunidades y grupos que deseen recibirla. No se trata, como algunos suponen, de algo muy costoso que demande instalaciones y personal fijo; por el contrario, el costo es moderado y reditúa social y económicamente.
Con los mismos recursos que utiliza la política social con un enfoque asistencialista, desde una estructura institucional centralizada dirigida a los “perdedores”, se puede lograr mucho más facilitando el fuego prometeico de la autoorganización.
A medida que se descentraliza y se incluye a las comunidades, estas consiguen instalaciones y técnicos locales y fijan horarios y sitios más convenientes para los cursos. De estos procesos no salen necesariamente mecánicos o electricistas formados si el nivel educativo de la comunidad es muy bajo, pero con seguridad se eleva el grado de conocimiento y algunos pueden trabajar como auxiliares de los técnicos.
Lo más importante es que la comunidad se organice para resolver sus problemas y que algunos miembros lleven cursos de proyectos y perfilen los emprendimientos.
Los estudios que miden regularmente el grado de aceptación de la democracia son buenas fotografías del momento. Pero si queremos fortalecer el tejido social y consolidarlo, urge acabar con la exclusión que amenaza el tejido social y debilita los contrapesos sociales que necesita la democracia.
La reducción de las oportunidades laborales y el incremento en la desigualdad del ingreso constituyen una mezcla explosiva en un contexto donde el narcotráfico expande sus fueros e introduce el terror como forma de gobernanza.
Pienso que las mediciones deben dirigirse a evaluar los avances del sistema educativo y la tarea de capacitación organizacional, en la apertura de oportunidades que incorporen a las personas en su propia superación y en la defensa de la seguridad colectiva frente al terror creciente.
El autor es sociólogo.
Publicado en La Nación, 2022-12-29.