Sociólogo. Político. Fotógrafo. Abuelito.

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LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE Y SU GABINETE Miguel Sobrado

El contexto de polarización creciente en que se da la última elección producto, es en última instancia producto de una confrontación entre “Costa Pobre” esto es la parte abandonada por las políticas públicas del país, con serios problemas de pobreza y desempleo y la parte urbana y rural moderna. En esta última campaña la temperatura política creció a niveles no vistos desde los años 40s y aunque el triunfo electoral de don Carlos y su joven gabinete apaciguo parcialmente las tensiones y creo una atmósfera de esperanza, las causas de la polarización están latentes. El nuevo gobierno debe responder con resultados a las expectativas generadas de acabar con la exclusión y esto no va a ser fácil. El déficit fiscal es muy urgente y debe resolverse para garantizar la estabilidad y operación del Estado, pero lo importante, lo que genera la turbulencia socio política va mucho más allá y requiere cambios estructurales.

No basta la toma de decisiones formales desde la presidencia o los ministerios para que desaparezca  la frustración popular, nuestro estado está entrabado y no tiene controles efectivos sobre la gestión pública. Cada vez que llega un nuevo gobierno con intenciones de cambio, el funcionariado que conoce el sistema, aunque acepta formalmente las iniciativas de cambio, todo sigue igual.

LA CRUXIFICION DE LULA

Miguel Sobrado

El juez Moro de Brasil,  un país latinoamericano con un sistema político tradicionalmente  corrupto, ha incursionó, con éxito, en la maraña de relaciones de convivencia entre empresarios y políticos. Ha logrado meter entre rejas a connotadas figuras públicas, especialmente del Partido de los Trabajadores en desventaja numérica legislativa, e incluso a grandes empresarios como Odebrecht.  Otros personajes importantes de la clase política, seriamente cuestionados como el mismo Presidente Temer, se han parapetado tras las mayorías legislativas y logrado hasta el momento permanecer impunes.

Dentro de las acciones probadas que mantienen en la cárcel a destacados colaboradores del Partido de Lula, está el “ordeño” sistemático de Petrobras y el tráfico de influencias para otorgar ventajas a las empresas de Odebrecht y otros empresarios.  Estas acciones de no son nuevas en la política brasileña ni latinoamericana, ha sido una tradición que se realicen tanto para beneficio propio de los gobernantes, como para comprar alianzas y votos en de los partidos. Muchos de estos operan como grupos de alquiler en los Congreso Nacional y en las cámaras de diputados estatales. Con estas compras se han garantizado votos para aprobar políticas y proyectos.

El caso del Partido de los Trabajadores o PT, no se destaca el enriquecimiento personal como motivación principal, sino como mecanismo de configuración de alianzas,  ya que por este medio se garantizó  la aprobación de políticas y leyes  que tuvieron, por casi una década, un gran impacto económico y social en ese país.

Con estas políticas el PT logró aprobar proyectos para sacar de la pobreza e insertar en la clase media 40 millones de brasileños, especialmente de grupos y sectores excluidos de los campos y las ciudades.  Creo 29 nuevas universidades Federales para impulsar la movilidad social y el progreso regional. Una tarea hecha bajo los gobiernos de Lula y Dilma, que ha sido destacada como ejemplar por los organismos internacionales.

Aunque  el fin no justifica siempre los medios,  esos eran los medios operativos  que había utilizado y utiliza el sistema político vigente, oculto pudorosamente bajo un manto formal republicano.

Pienso que el Partido de los Trabajadores se confió en la tradicional práctica de impunidad de los gobernantes y no aprovechó su liderazgo para levantar oportunamente la bandera de la reforma institucional, que transformara el sistema electoral y estableciera un sistema de controles descentralizados. Ahora paga las consecuencias.

Si bien el destape de la red de corrupción ha sido mayúsculo e incluso ha afectado otros 12 países latinoamericanos donde operó Odebrecht y esto es un gran mérito, más allá de las intenciones del juez Moro, las de los políticos que manejan el Congreso, no parecen estar dirigidas solo a limpiar y democratizar la vida republicana, sino más bien a impedir el retorno de Lula inhabilitándolo para ser candidato a la Presidencia.

Si bien Lula difícilmente podía ser ajeno a las operaciones de sus funcionarios, que eran además “normales” dentro de la práctica de gestión latinoamericana, sin embargo, no se le pudo probar su involucramiento personal. Tal como se puede ver en los interrogatorios (depoimientos en portugués) del juez Moro al expresidente Lula del 10 de mayo 2017 y del 13 de setiembre de ese mismo año. Tal  como se evidencia en los interrogatorios, donde se le achacan cargos de uso de un apartamento supuestamente cedido por Odebrecht, posterior a su período presidencial. Estos interrogatorios se encuentran disponibles en YouTube, dentro de las cuales destaco un párrafo significativo:

-“Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?

– No, por eso le pregunto.- Ya le respondí”.

Este juicio ha sido muy acelerado, cosa inusual en la justicia brasileña, y ha ido acompañado del ensañamiento de toda la gran prensa y medios televisivos, que han condenado al expresidente desde el principio sin darle una mínima capacidad de respuesta.

El proceso ha sido tan atropellado, que cuando uno de los recursos de apelación de Lula se encontraba empatado en las votaciones dentro de la Corte Suprema  de Justicia se produjo el pronunciamiento del jefe de las fuerzas armadas indicando que no permitiría que se impusiera la impunidad. Un día después la Pdte. de la Corte decide votar doble y desempatar la votación para que Lula sea llevado a la cárcel.

La crucifixión de Lula

En otras palabras es la urgencia política de inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia se imponen y el juez carente de pruebas, y a contrapelo del principio jurídico de que en caso de duda debe resolver a favor del reo, lo decreta culpable.

La judicialización de la política, es uno de los caminos para combatir la corrupción en nuestra América, pero no puede apartarse del debido proceso que la legitima ni someterse a presiones electoreras, si no quiere devaluarse.  Por sí misma, aunque puede contribuir, pero es incapaz de llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas para que se descentralice y apodere del control del uso de los recursos públicos a las comunidades y grupos.

El problema de la corrupción es del sistema que viene desde la colonia, mientras la política no sea manejada por las comunidades organizadas y esté en manos de patronos y pastores que venden al mejor postor sus ovejas el sistema seguirá produciendo corrupción.

Quizás los ejemplos uruguayo o boliviano marcan senderos relevantes de descentralización participación y desarrollo cívico y resultados económicos ejemplares.

 

 

 

EL ESTADO DE MALESTAR Y LA INDIGNACION CRECIENTE Miguel Sobrado

Nuestro Estado, formado para atender los servicios básicos y necesidades de salud y bienestar de la población, que fue orgullo para las generaciones pasadas, cada vez cumple de forma más deficiente sus servicios y funciones por la falta de coordinación y excesos de procedimientos que en vez de controlar hacen cada vez más lenta y pesada la acción institucional.

A esta situación se han sumado varias factores: por una parte la aprobación generosa de derechos y servicios a la población sin los correspondientes recursos que respondan a las expectativas; por otra, el desfase organizacional y la profusión de normativas de control de procedimientos y personas que entorpecen y paralizan la gestión que al mismo tiempo que incrementan los costos y reducen la oportunidades de acceso a los servicios. Esta situación se ha hecho particularmente dolorosa para el 80% de la población, que con el actual modelo de desarrollo ha visto reducirse sus ingresos o han permanecido estancados. Todo esto al mismo tiempo que se exhiben, cada vez con mayor detalle, un día sí y otro también los privilegios que se han otorgado los grupos gremiales y empresariales, con los recursos públicos.

 El patrimonialismo origen de la corrupción

DEL ESTADO DE MALESTAR, AL ESTADO INCLUSIVO Miguel Sobrado

El Estado liberal del siglo XIX, al mismo tiempo que permitió grandes avances en el desarrollo económico, gestó profundas contradicciones sociales y políticas que llevaron primero a la gran crisis mundial de 1929 y posteriormente a la tragedia de la segunda guerra mundial. Como respuesta a esta hecatombe surgieron los estados interventores, por un lado el fascismo y  la economía central planificada en la Unión Soviética y por otro, inspirados en el economista inglés John Maynard Keynes  los llamados estados de bienestar. El fascismo se derrumbó con la segunda guerra mundial y la economía central planificada con el fin de la Unión Soviética. Los estados de bienestar, que se diseñaron para prestar servicios de educación salud y vivienda, entre otros, desde estructuras burocráticas institucionales, si bien cumplieron con su misión inicial, como carecían de controles de ciudadanos, con el tiempo se fueron haciendo pesados, cada vez menos eficientes. Los costos subieron desproporcionadamente, mientras que   la calidad de los servicios se estancaba o reducía, generándose desequilibrios fiscales al mismo tiempo que  crecía el malestar en los usuarios. Esta situación  fue aprovechada en los años 80 por los neoliberales en diversas partes del mundo para impulsar programas de privatización y reducción del gasto público. En algunos casos, ahí donde había un cierto control sobre la gestión pública, alcanzaron un relativo éxito para la estabilidad fiscal y el desarrollo económico. Pagaron eso sí, el precio  de un crecimiento creciente en la desigualdad y exclusión social que está  resquebrajando el tejido social desestabilizando políticamente las grandes potencias. En otros casos, especialmente en América Latina y la antigua URSS, la privatización se convirtió en una “mesa gallega” esto es un festín con bienes públicos que no resolvió de manera permanente el desequilibrio fiscal y gestó un el malestar creciente y expulsión de la población.

El método moraiseano de capacitación masiva

Contrasta la limitación estructural de los métodos asistencialistas, mencionados en artículos anteriores, con las posibilidades y resultados  del método moraiseano aplicado con éxito  durante cuatro décadas en tres continentes. Integrando a las comunidades al desarrollo en oposición del sistema clientelista de poder.

El método parte de una visión epistemológica diferente que destaca el potencial de la gente a partir la capacitación en organización en condiciones de autonomía. Parte de las necesidades de la comunidad o grupo, siempre y cuando este sea mayor de 40 personas. Para resolver sus problemas o necesidades la gente debe organizarse para compartir los insumos indivisibles, tales como maquinaria o profesores. En este proceso que dura de dos a ocho semanas según las condiciones la gente se apodera de la organización con división social del trabajo.  Esta capacitación no solo les resuelve la necesidad sino que los habilita para atender otras necesidades de la vida comunal y económica y pueden dar grandes saltos en la medida que se insertan en los poderes locales o reciben los servicios necesarios para atender sus proyectos.

Este método ha desarrollado un marco conceptual y metodológico para formar formadores  especialistas en organización generadora de capital social. Esto no ha sido nada sencillo se han requerido muchas décadas de experiencia y de sistematización de los resultados para lograr la versatilidad necesaria frente a realidades diferentes y cambiantes.

En Honduras este método facilito la reforma agraria de los 70s contribuyendo a formar 1063 empresas asociativas, en Costa Rica, México, Brasil, Portugal y en varios países de África ha dejado su aporte en las décadas pasadas( x)

Más recientemente en África del Sur, esta metodología latinoamericana ha sido particularmente innovadora y se aplica ya con gran éxito en 49 cantones de seis provincias desarrollando ciudadanía y soporte operativo a los municipios. La política parte de la dualidad local entre las economías modernas y las de subsistencia considerando que en estas última es difícil generar empleos permanentes. Por eso las instituciones nacionales y los poderes locales dedican el esfuerzo a facilitar recursos a las comunidades organizadas para resolver sus problemas comunales urgentes. De tal forma las comunidades que se organizan para resolver sus problemas reciben de los gobiernos municipales dos días de salario semanal-anual para cada uno los participantes en estos  grandes laboratorios comunales. Este dinero les permite resolver sus problemas urgentes, mejorar las condiciones de vida e inyectar organización comunal y recursos monetarios que estimulen la vida de la economía local. De tal forma que en vez de ser una donación que humilla, como es el caso de las políticas asistencialistas, transforma a las comunidades y personas en ciudadanos activos y dignos al mismo tiempo que gesta y fortalece el sistema de gestión local.  (xx)

Como se puede apreciar esta metodología es muy versátil.  Eso sí exige el reconocimiento del medio, su historia y de las fuerzas actuantes. No aplica recetas sino promueve la capacidad de adaptarse a los cambios y establecer alianzas. Es un método que exige el conocimiento, pero también la sensibilidad y versatilidad del arte esta combinación es la que viene abriendo un sendero de esperanza a la ciencia social aplicada como factor de conocimiento y transformación.

Su aplicación, a pesar de los excelentes resultados obtenidos, ha enfrentado un camino empedrado por las resistencias de una pedagogía para niños aplicada a adultos, pero sobre todo por las resistencias del sistema de poder que se sustenta del clientelismo. No obstante, es hasta el momento, el único camino probado para dinamizar las fuerzas latentes y evitar la exclusión y la descomposición del tejido social.

En síntesis

La política social asistencial y el tutelaje clientelista de la organización de base, son parte de un sistema ideológico que no considera la posibilidad de incorporar, a los excluidos a la vida social plena,  ha sido incapaz de mantener el tejido social. En los países desarrollados genera cada vez más turbulencias  y está contribuyendo a transformar en estados fallidos los países de la periferia. Se está generando una amenaza global creciente que encamina las naciones haca peligras explosiones sociales con repercusiones violentas al interior de los países y en las regiones.

Esta amenaza no se puede obviar sin decisiones políticas estratégicas que conlleven un cambio de paradigma en las políticas sociales estatales y la de las organizaciones sociales especialmente las de segundo y tercer grado.

La metodología de capacitación masiva, surgida de la práctica autónoma de las organizaciones populares ha marcado un sendero de esperanza durante las últimas décadas en tres continentes, que puede transformar la desesperanza y la violencia en un proceso progresivo de incorporación organizada de los excluidos a la vida social. Que esta metodología u otra similar basada en los mismos principios se imponga no será fácil por los intereses y fuerzas en juego, pero las turbulencias sociales y las amenazas crecientes de un gran desastre planetario están generando las condiciones para que sea considerada cada vez más como una alternativa dinamizadora de las voluntades y acciones de las grandes masas.

X    Un futuro para los excluidos compiladores Raff Carmen y Miguel Sobrado 2004

XX  www.seriti.org.za

PORQUÉ LA POLITICA SOCIAL SE TROPIEZA SIEMPRE CON EL CLIENTELISMO

Bajo el nombre de tecnologías y metodologías se ha abierto un amplio mercado en el campo de las ciencias sociales y administrativas, que evoluciona según las modas y demanda ideológica institucional. De tal forma se ofrecen respuestas a requerimientos técnicos y políticos de los proyectos elaborados desde los escritorios gubernamentales.

La oferta, cuando es técnica y la población ha sido previamente escogida en zonas de capital social, esto es comunidad cívica organizada, y por sus resultados, por ejemplo microempresas seleccionadas para una incubadora, pueden presentar resultados  satisfactorios. No obstante, cuando se trata de procesos mayores de promoción y organización con poblaciones carentes de capital social, que requieren autonomía  para su desarrollo y buena gestión, los métodos adoptados por la institucionalidad presentan limitaciones serias.

Estas limitaciones tienen su origen en el sustrato ideológico del que parten los planes y proyectos institucionales,  que suponen,  en el caso de los profesionales y técnicos, que los “beneficiarios” por su bajo nivel educativo, deben ser llevados de la mano en la definición y en la ejecución del proyecto. Esta visión es congruente con las relaciones de poder clientelistas, que procuran que los programas públicos les sumen respaldo electoral.

En este sentido, aunque formalmente en los proyectos se destaque la importancia de la “participación”, en la práctica la descartan cortándole las  alas a las iniciativas locales gestoras de creatividad y apoderamiento ciudadano.

 

En su conjunto los profesionales asistenciales, por una parte, y los políticos clientelistas por otra, operan como un sistema; que mata la voluntad,  la iniciativa y la capacidad de organización de quienes tienen potencial para hacerlo. Los profesionales para no crearse problemas, en vez de rescatar la experiencia local, inducir el conocimiento y estimular la organización autónoma, imponen los procesos preestablecidos. Como resultado los proyectos no son vistos como propios por quienes deben beneficiarse, sino como proyectos institucionales, de tal forma el éxito o el fracaso es atribuido a la institución patrocinadora.

Los profesionales son estimulados  por las estructuras institucionales y políticas,  a mantener este proteccionismo y cohonestar el clientelismo.

Esta visión de los excluidos como “pobrecitos” configura e incuba un sistema que atenta contra la naturaleza del aprendizaje y capacitación. La andragogía es la disciplina que rige la educación de adultos; ésta, a diferencia de la pedagogía que es para los niños, exige para hacer eficaces los procesos de capacitación, la existencia de autonomía en la definición de proyectos y su ejecución por parte de los sujetos.  Tratar a la población adulta como niños que hay que llevar de la mano definiéndoles las metas y los procesos, es actuar a contrapelo del conocimiento y la naturaleza del aprendizaje y la capacitación.

Al cargar con el “pecado original ideológico”, los enfoques más elaborados se concentran  en aspectos técnicos, dejando de lado el potencial creativo subyacente de los sectores populares que solo aflora y cobra vida con la autonomía organizacional.

 

La organización como apoderamiento social

La organización, para algunos puede ser una disciplina más. Una actividad propia solo de las empresas y organizaciones, pero es mucho más que eso. La organización es un componente esencial para el desempeño en la vida social. Desde el más temprano proceso de socialización se definen roles, se moldean modelos y se construyen expectativas de vida y capacidades de desenvolvimiento. Se forjan expectativas y capacidades de los individuos y grupos, dependiendo de la posición en la escala social. En este proceso se generan también techos que definen límites a los individuos y grupos en dicha escala.

El poder social cívico y económico depende de la organización y esta a su vez de la autonomía que brinde en el proceso de capacitación organizacional. Sin autonomía no es posible la capacitación. Sirva de ejemplo, por su carácter didáctico, la capacitación técnica en el manejo de vehículos. Un chofer no se capacita con un curso teórico, requiere de práctica,  el instructor debe cederle la dirección y la responsabilidad en su manejo. Solo cuando el aspirante  a chofer entra en contacto con el vehículo (el objeto), es que descubre las calidades operativas del vehículo, por su parte, consolida el conocimiento y desarrolla las destrezas requeridas para su manejo. Este mismo proceso de autonomía debe darse, adecuándose a la situación, en los procesos de capacitación en organización si queremos que sean ciudadanos apoderados y no clientes pasivo dependientes.

La teoría de la actividad desarrollada por A.N Leontiev en su libro “Actividad, conciencia y personalidad”  sobre los procesos de aprendizaje ha marcado una pauta importante en el quehacer científico contemporáneo destacando la importancia de la autonomía en los procesos de capacitación. Este importante requisito, sin embargo es  diluido por las prácticas institucionales e incubada y protegida por las redes clientelistas de poder, especialmente cuando desde el sistema institucional se patrocina la cooptación y control institucional, utilizando fondos públicos para imponer dirigentes y lealtades en los movimientos emergentes.

Para que la política social sea incluyente y genere ciudadanía en vez de clientes, tiene que asumir el camino de la andragogía y romper con las redes de poder. Sin embargo esta transformación no se dará por convicción académica, sino por la erosión del tejido social y sus repercusiones. La turbulencia social estimula y configura alianzas.

Que la tierra era redonda lo sabían los sabios del renacimiento, pero se cuidaban mucho de decirlo para no ser condenados a la hoguera. No fue sino cuando se cerraron las vías al comercio,  que se crearon expediciones  a ultramar. La turbulencias crecientes en el ámbito mundial están creando las condiciones y necesidad de superar el clientelismo y redescubrir el camino del conocimiento.

 

 

¿ES POSIBLE RETOMAR EL CAMINO DEL DESARROLLO INCLUYENTE?

¿ES POSIBLE RETOMAR EL CAMINO DEL DESARROLLO INCLUYENTE?

Sí pero hay que cambiar de rumbo y estimular la autonomía y creatividad de las organizaciones.

El desarrollo costarricense, aunque exitoso en términos económicos, ha tenido un costo social y político creciente. Mientras el 22% ha visto incrementarse sus ingresos, el 78% los ha visto estancarse o reducirse. No se han dado políticas económicas y sociales que estimulen las iniciativas y el desarrollo del llamado sector tradicional de la economía, que promuevan sus capacidades e inserción pujante a la economía nacional. Aquí hemos dado ventajas a la inversión extranjera, y está bien, pero estas ventajas deben ir acompañadas de estímulo a los encadenamientos con la economía nacional, tal como lo hace Israel que demanda que se compre un porcentaje  insumos y servicios nacionales en un plazo de tiempo razonable. Las políticas sociales, más allá de las asistenciales que tienen un fin de mitigar la pobreza, no se han dirigido a potenciar la autonomía organizativa y creatividad de las poblaciones excluidas. Por el contrario, se ha potenciado el tutelaje político y la manipulación con el uso de recursos públicos de las instituciones “promotoras”, generando corrupción y castración en las organizaciones populares.

Mientras tanto la exclusión social y la falta de oportunidades han generado desempleo, pobreza y falta de perspectivas. Como menos de la mitad de la población adquiere el grado de bachillerato,  y en las zonas costero fronterizas este porcentaje se eleva considerablemente,  las oportunidades de conseguir un ingreso digno se difuminan. El Instituto Nacional de Aprendizaje, llamado a crear oportunidades  para todos, establece requisitos de ingreso y barreras que impiden el acceso a gran parte de la población excluida dejándola por fuera del acceso a la economía moderna, al mismo tiempo que tampoco moderniza su oferta. Paralelamente crece la delincuencia organizada impulsada por la corrupción y el poder económico creciente el narcotráfico. Se disparan los delitos económicos y crecen los asesinatos producto de las rivalidades entre bandas por controlar el mercado de las drogas. Se erosiona y corrompe el tejido social en un ambiente que estimula el consumo galopante, pero no proporciona oportunidades legítimas para obtener ingresos dignos, y crece la desesperanza, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, frente a la cual el Estado ni las instituciones tradicionales no ha desarrollado mecanismos efectivos. En este contexto, han surgido las iglesias evangélicas ofreciendo sanaciones o dinámicas de grupo, que logran contrarrestar en algunos casos el avance del alcoholismo y las drogas, ofreciendo de esta manera al menos un sendero de esperanza en el ámbito familiar.  Estas iglesias que operan con sus fieles, han venido llenando el espacio que los instituciones públicas, anquilosadas por rígidas estructuras centralizadas pesadas e ineficientes y cautivas del clientelismo político no han podido para la organización y desarrollo del potencial de la gente organizada.

Los nuevos tiempos requieren una adecuación de las políticas económicas y sociales del Estado a las necesidades del desarrollo. Anteriormente mencionamos el ejemplo de Israel para las políticas económicas, pero es indispensable ajustar al mismo tiempo las políticas sociales, no para crear más burocracia y clientelismo sino para estimular las iniciativas y participación de las comunidades, quienes deben convertirse en actores de la política social pero esto no será fácil porque choca con las estructuras de poder existentes. No obstante, la realidad ha empezado a manifestar con crudeza sus necesidades y los resultados electorales han sido un campanazo, que si bien ha dejado a muchos aturdidos, debe llamar la atención sobre la importancia de la organización autónoma; de como la comunidad con buenas políticas, es capaz de sacar adelante la tarea sin necesidad de comisarios políticos, ni intervencionismo burocrático.

Las experiencias nacionales e internacionales existen, pero han sido ignoradas a propósito por las redes de poder. Un caso, en nuestro país fue el Hospital sin Paredes impulsado por el doctor Ortíz Guier, en la década de los setenta y ochenta realizada en cinco cantones de la meseta central occidental. Con las comunidades organizadas creo 160 puestos de salud, sin necesidad de recursos institucionales extra, se trajo abajo las altas tasas de mortalidad materno infantil, recibió premios internacionales y nacionales  incluso el de Benemérito de la Patria y su trabajo sirvió de modelo para la reforma del sector salud en los 90s. Solo que esta reforma dejó con los EBAIS, en la práctica  por fuera la participación de la comunidad y creo una estructura institucional costosa y pesada. Algo similar sucedió las cooperativas agrícolas de autogestión organizadas por campesinos sin tierra y obreros agrícolas desplazados por las bananeras  a principios de los 70s, surgieron, contra todos los pronósticos gracias a su lucha por la autonomía obteniendo resultados económicos y sociales destacados, no solo en Costa Rica, sino también en Honduras donde se montaron más de 1000 empresas asociativas. Estas experiencias se sistematizaron por parte de Clodomir Santos de Morais como Metodología de Capacitación Masiva, aplicada exitosamente en tres continentes y aunque posteriormente algunas de estas experiencias fueron sometidas a relaciones castrantes por el clientelismo, el camino fue trazado y debe ser recuperado como base de una nueva política social dirigida a activar las reservas humanas de la población hoy marginada o excluida.

Esto implica una visión diferente y renovadora de la política social y económica, que demanda cambios institucionales profundos y sacar del estado de confort a los políticos y burócratas. Pienso que no hay otra alternativa al desarrollo efectivo organizado y consciente de nuestro país. Lo demás es más de lo mismo con distinto nombre dejando por fuera el potencial creativo de la gente o limitándose a soluciones individuales.

 

 

 

El papel de la organización autónoma en el cambio cultural: ¿Determinados o reconfigurables por la organización autónoma?

Miguel Sobrado

Juan José Rojas Herrera

 

Introducción                                                               

En la oferta institucional de los gobiernos latinoamericanos existen diversos programas y proyectos que apuntan, cada uno a resolver síntomas de la pobreza con acciones puntuales de acuerdo a la visión que se tiene del problema. Unos, los más, dirigidos a brindar asistencia por medio de la transferencia de recursos, otros influidos de una visión más tecnocrática, a dar capacidades.

Los primeros se orientan, sin hacer grandes distinciones, a imponer políticas y procesos a los “perdedores”. Los segundos, cuando tienen experticia exigen requisitos y logran algunos resultados, pero sólo sobre un sector reducido de la población. Unos y otros parten de visiones fragmentadas de la realidad a la que aplican soluciones estandarizadas. Los que ven “perdedores” ponen énfasis en una asistencia que rápidamente se transforma en asistencialismo. Los que aportan una visión más tecnocrática, escogen entre los que tienen mayor nivel educativo y motivación, a la población objetivo con la cual trabajar. A ambos, así como a otras visiones paralelas, les caracteriza el enfoque sobre las causas individuales de la pobreza y el tipo de soluciones instrumentales, que requieren los “perdedores”.

La pobreza, sin embargo, no es solo un fenómeno individual, sino que tiene un fuerte arraigo en el sistema económico, en la estructura del poder político y en la cultura de la sociedad. La cultura es el factor que ajusta y consolida el funcionamiento social[1]. Por esto las soluciones deben generar cambios en los grupos y sus productos deben facilitar la acumulación de respaldo proactivo desde las bases.

Ahora bien, si enfocamos el problema desde un plano más amplio, puede corroborarse que diversas experiencias históricas alrededor del mundo parecen confirmar que una de las condiciones imprescindibles para que una determinada sociedad alcance niveles aceptables de desarrollo económico y humano, está relacionada con la existencia paralela y simbiótica de una sociedad robusta y de un Estado fuerte que, en lugar de enfrascarse en una lucha de desgaste interminable y sin vencedor posible, contribuyan mutuamente al impulso de un proyecto nacional de largo aliento.

Esta idea fue recuperada en el texto de la Recomendación sobre la Promoción de las Cooperativas, emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002, al señalar que: “Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y de otras organizaciones sociales y no gubernamentales…”.

Del mismo modo, los autores de este artículo, en un trabajo más extenso, publicado en el año 2004, bajo el elocuente título de: América Latina crisis del Estado clientelista y la construcción de Repúblicas Ciudadanas, planteamos que los problemas del subdesarrollo latinoamericano se remontan a los orígenes y tienen que ver con el hecho de que en esta región del mundo, primero se configuró un Estado corporativo, excluyente de las poblaciones originarias, y, luego, bajo el control y la tutela estatal, ha ido emergiendo, a oleadas intermitentes, la sociedad civil.

Y más recientemente, el célebre y controvertido investigador Francis Fukuyama, en su obra erudita: Los orígenes del orden político, además de confirmar el origen patrimonialista y corporativista del Estado latinoamericano ha postulado que para que las sociedades humanas alcancen el equilibrio indispensable para propiciar las condiciones socio-económicas y políticas en las que florece el desarrollo humano, se necesita un Estado fuerte con límites legales y una sociedad civil sólida y organizada, que interactúen en forma positiva.

Con base en lo anterior, estimamos que el Estado fallido y la sociedad civil sumisa y diletante, que hoy en día distingue a la mayoría de los países latinoamericanos, son las dos caras de un mismo círculo vicioso que reproduce el atraso económico y facilita la manipulación ideológica y política del clientelismo depredador. La gravedad de la coyuntura actual nos muestra a América Latina y buena parte del mundo arrinconados y al borde del colapso ante la amenaza que representa la constante reducción de puestos de trabajo provocada por la revolución tecnológica en curso, fenómeno que, a su vez, estimula el aumento de la pobreza y la delincuencia organizada. En las últimas cuatro décadas el neoliberalismo y la globalización desfundaron económicamente al Estado latinoamericano, ahora es la narco violencia la que lo desmantela en el terreno político, al tiempo que mina su legitimidad legal. En este contexto, ni la política social instrumentada ni la militarización de las sociedades, ocurrida en los últimos años, han sido suficientes para contener dicha amenaza. En consecuencia, frente a los enormes desafíos del mundo contemporáneo nos aproximamos a un dilema fundamental, directamente relacionado con la definición del vehículo principal en el que podríamos apoyarnos para intentar salir de este impasse, que podría formularse en los siguientes términos: ¿Insistir en canalizar recursos públicos a los excluidos dejando intactos los mecanismos del control corporativo y clientelar existentes o promover la organización autónoma de la gente para que sea ésta la que, al convertirse en sujeto colectivo, se movilice en pos de la construcción de soluciones innovadoras desde abajo?.

En caso de que nuestra apuesta se incline a favor de la organización autónoma, entonces, los pueblos de América Latina tendríamos, hacia el futuro inmediato, dos grandes tareas históricas que cumplir. Por una parte, necesitamos recuperar al Estado del secuestro histórico que ha padecido por parte de las élites políticas y empresariales (Trocello, 2008). Secuestro que, en las últimas décadas, se ha tornado más burdo, al haberse subordinado a los intereses del gran capital, en el marco de las exigencias impuestas por el modelo neoliberal en boga, que ha provocado la exclusión de amplios segmentos de la población trabajadora y la imposición de los bajos niveles de ingreso que éstas perciben. En este sentido, una reforma profunda e integral del Estado clientelista es imperativa, si se aspira a tener un aparato estatal con compromiso social y que sea incluyente y garante de los intereses nacionales.

Por otra parte, se requiere reactivar y apoderar a la sociedad civil, utilizando los instrumentos de la política social para atender el enorme déficit que en materia de capital social[2] y comunidad cívica[3] padecemos. La construcción masiva de actores sociales proactivos y organizados constituye un elemento indispensable para acabar con la desigualdad prevaleciente y para proponernos seriamente la superación de nuestros ancestrales lastres sociales y culturales.

Ambas tareas son simultaneas, pero el proceso, para ser efectivo, debe ir de abajo hacia arriba. Por ello, para limpiar al Estado de corruptos y ponerlo a trabajar al servicio de un proyecto compartido de futuro y de beneficio general, es necesario forjar la organización social de base comunitaria o territorial. De acuerdo con lo anterior, la comunidad organizada está llamada a convertirse en el principal motor de cambio que, al desplegar su protagonismo, contribuye a crear una nueva realidad que permite impulsar la reforma del Estado, generándose así una operación tenazas que atiende al proceso de cambio, tanto en la base social y económica como en la superestructura política y cultural.

 

Miguel Sobrado es sociólogo pensionado de la UNA

Juan José Rojas Herrera es Catedrático de Sociología Rural de la Universidad de Chapingo

El fracaso del populismo clientelista en la construcción de capital social

Tanto los sistemas fascistas y los de partido único como el Partido Comunista de la Unión Soviética o Partido de la Revolución Institucional (PRI) de México como las socialdemocracias en sistemas multipartidistas, una vez en el poder pretendieron y lograron en el tercer mundo, cooptar la organizaciones de los sectores populares  como u componentes del poder político.

La subordinación de los sectores populares se promovió de diferentes formas dependiendo del tipo de régimen, pero siempre utilizando los recursos públicos para promover liderazgos a cambio de lealtades. Estas lealtades conllevaron un deterioro de la gestión propia. Generaron un clima autoritario que limita y reprime las iniciativas que demanda el desarrollo de las organizaciones, donde no interesa la eficacia, como el estar “bien apuntado” en el servicio a los jerarcas. Es un contexto donde se abren las vías para los manejos turbios, la corrupción y el debilitamiento e incluso la quiebra de las cooperativas o sindicatos, lo que conlleva la desmoralización, el desprestigio de este tipo de organizaciones.

Donde ha imperado el tutelaje, se ha generado animadversión y desconfianza hacia todo tipo de organización cooperativa, comunal o sindical. La política basada en este modelo de organizaciones manipuladas desde el poder, no solo ha fracasado y desalentado la organización de base, sino que ha desprestigiado la vía de la autogestión cooperativa, sindical y comunal como una alternativa a la crisis contemporánea.

La creación de empleo y ocupaciones

El cambio tecnológico contemporáneo desplaza aceleradamente cada vez más puestos de trabajo, creando una exclusión masiva de amplios sectores de población que las políticas sociales asistenciales tradicionales ni la manipulación institucional clientelista no pueden mitigar ni enfrentar.

Adam Schaff en su visionario trabajo de 1982 “Que futuro nos aguarda”, señalaba que la sociedad post industrial, requería además de empleos, de la creación de ocupaciones en las comunidades para atender a las nuevas necesidades. La población cada vez más envejecida demandaba cada vez más atención en salud, aprovechamiento del ocio y tiempo libre;  por otra parte de la juventud, que veía prolongarse los requerimientos de preparación y capacitación para un mundo cambiante sin posibilidades de salir de la casa de sus padres, necesitaba de nuevas condiciones y servicios.

Schaff consideraba que resolver estos problemas exigiría políticas y recursos del Estado, pero no para inflar una burocracia centralizada que había demostrado su ineficacia, sino para ser manejado por las mismas comunidades respondiendo sus necesidades. Esto además lo considerable posible por la riqueza creciente aportada por el desarrollo tecnológico que abría las puertas a la humanidad, tanto para un paraíso de bienestar como para un infierno nuclear dependiendo del talento de la gestión pública. Consideraba que una sociedad organizada podría estimular a una burguesía inteligente a entender esta situación y conseguir las transformaciones necesarias para superar la descomposición social creciente y el caos, impulsando  el progreso global con un tejido social sano y en paz.

Por suerte el mismo cambio tecnológico está revolucionando las formas de organización,  estimulando a su vez la gestión descentralizada y experiencias de autogestión cada vez más consolidadas que abren un sendero de esperanza capaz de responder a las necesidades de las nuevas realidades.

La creación de capital social y la organización autónoma

En este sentido existen condiciones favorables y experiencias como la del método moraiseano de capacitación masiva, de origen latinoamericano, han generado resultados destacados con la participación de los excluidos en la gestión comunal y económica en tres continentes. Un método, que como veremos en un próximo artículo, ha logrado, abrirse paso a contrapelo de las estructuras clientelistas y desencadenar las fuerzas locales apoderándolas  de organización autónoma.  De especial relevancia en la actualidad es la experiencia Sur Africana, que ya tratamos en un artículo anterior, donde en 49 municipios de seis provincias se desarrollan exitosamente iniciativas de participación  en los poderes locales para resolver sus necesidades comunales y productivas. Una opción exitosa de poder descentralizado autónomo en confrontación activa frente a los caciques tradicionales.

Este método lo que hace es sistematizar las experiencias de las organizaciones de base exitosas antes de caer en las garras de los comisarios políticos y las estructuras clientelistas. Perfila el camino que genera ciudadanía y proactividad en la vida económica y social, que es el camino del futuro.

 

 

LA ECONOMÍA INCLUYENTE, INNOVA CON EL AMBIENTE ENCADENA Y ARRAIGA LA POBLACIÓN

La economía actual basada fundamentalmente en las leyes de mercado confronta el peligro de hacer desaparecer la vida humana.  No solo está agotando los recursos naturales vitales como los suelos y la vida marina, sino que erosiona, dada la creciente desigualdad, los tejidos sociales al mismo tiempo que fractura la estabilidad política de las naciones.  Ante esta debacle, surgen como respuesta  cada vez más nuevas prácticas de producción y organización, impulsadas desde las comunidades y sectores de nuestro planeta.  Estas nuevas prácticas perfilan, diversos tipos de senderos innovadores. Se han venido gestando así nuevos modelos  respetuosos del medio ambiente que estimulan estimulan la producción y el arraigo de  las comunidades. Dentro de estos modelos se destaca en el agro la producción orgánica y agroecológica, que se apartan de la explotación masiva con recetas agroquímicas de desgaste de los suelos, generan plagas y contaminan el medio ambiente. Este sector ha venido, lenta pero sostenidamente,  abriendo brechas con nuevos paradigmas  con logros cada vez más significativos en cuanto a la calidad y cantidad de la producción. Un ejemplo de esta innovación, en nuestro país son los exitos generados y estimulados por Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, el clúster más antiguo y numeroso del país.  Esta asociación integrada en un 80% por indígenas con gran participación femenina, ha logrado incrementar la producción del banano y el cacao, generando un clima que ha estimulado a los profesores y jóvenes del colegio a crear una vacuna natural contra la monilia del cacao, enfermedad devastadora de este cultivo, innovación que fue reconocida premiada internacionalmente con un premio de INTEL en el 2014.

Se trata, todavía de logros parciales, pero que abren senderos prometedores para una producción cada vez más sostenible basada en la integración de saberes tradicionales y modernos.

Tanto en los campos como en los centros urbanos, estas nuevas formas de producción,  han venido jugando un papel cada vez más destacado en la protección del medio ambiente, como entorno de vida de los socios así como en la estabilidad laboral y de ingresos,   muchas cooperativas y diversas formas asociativas de productores y trabajadores surgidas al calor de las necesidades han  desarrollado estas prácticas conservacionistas como respuesta de las necesidades de los asociados. Es importante señalar que esta emergencia de estas nuevas organizaciones innovadoras en lo productivo u organizacional, es parte de la búsqueda de nuevos senderos  de encadenamiento y arraigo local.  En este proceso han participado también empresarios individuales, para poder enfrentar la competencia de las transnacionales, como es el caso del Hotel Punta Islita. Experiencia destacada en universo del turismo que  ha estimulado el surgimiento y encadenamiento con 24 empresas locales, seis de ellas de arte que han generado empleo e ingresos. Ha recuperado la vegetación nativa para reinsertar especies nativas como la lapa roja que habían sido desplazadas por la ganadería, al mismo tiempo que ha creado un clima de arte y cultura donde no caben casinos ni las mafias que acompañan los hoteles tradicionales.

En este sentido es importante conocer y estudiar nuevo fenómeno organizacional y empresarial, sin pretender meterlo en moldes rígidos y moralistas como ha sido el caso de quienes pretenden etiquetar las nuevas experiencias como “economía social solidaria”, excluyendo a quienes no caen en su definición. Igualmente importante es no confundir la personería jurídica, por ejemplo de tipo cooperativo,  con las funciones que cumple la empresa en relación al entorno ambiental y social. El hecho de tener una personería jurídica asociativa no garantiza el cumplimiento de sus funciones con el ambiente y la sociedad, a veces puede ser solo un manto para poder acogerse a políticas públicas que benefician al sector cooperativo o asociativo.

En este sentido estas políticas deben afinarse para estimular y promover por resultados sociales y ambientales a las mejores prácticas e iniciativas emergentes.

La práctica tradicional de estimular y dirigir desde la burocracia la formación de cooperativas o asociaciones de diverso tipo, no ha producido siempre los mejores resultados. Estas organizaciones  y sus federaciones han sido codiciadas por el poder político para utilizarlas como bandas de transmisión de poder. De tal forma se han promovido políticas públicas institucionales para subordinar, con recursos públicos a las organizaciones, que premian la lealtad y castran la eficiencia y la iniciativa.

Las políticas públicas en estos casos deben orientarse por el impacto y resultados como estimulantes de las iniciativas locales y sectoriales, lo cual solo se logra con una descentralización y participación que garantice la autonomía y el desarrollo interno. Los servicios de crédito y capacitación así como los estímulos fiscales deben responder, en procesos transparentes a las necesidades de las organizaciones y no deben existir posibilidades de condicionarlos a lealtades políticas espurias. En este sentido deben separarse funciones de crédito

Las nuevas prácticas están marcando la senderos a la economía y  deben ser estudiadas con mucha atención por las universidades  y su conocimiento difundido para promover su experiencia y contribuir a rediseñar el sistema de promoción y apoyo institucional desde organismos cada vez más técnicos y menos políticos que se evalúen por resultados.

 

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