Categoría: Artículos sobre temas actuales Página 2 de 8

Miguel Sobrado

Muy acertadamente el antropólogo don Carlos Borges retomando el origen del conflicto agrario en las reservas indígenas del sur que ocasionaron el reciente asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas escribió: “La Reserva Indígena era administrada por la Junta Nacional de Protección de las Razas Aborígenes. En 1961 el Estado le traspasa la administración al ITCO y empieza a suceder el más grave despojo legal de las tierras indígenas. Los funcionarios del ITCO, hoy INDER, comienzan a ofertar tierras indígenas entre campesinos criollos de Pérez Zeledón y de San Ramón de Alajuela, entregan parcelas por todo el Territorio Indígena y provocan los primeros conflictos con saldos de heridos y muertos.
Luego aparece la tristemente institución CONAI y divide el territorio en tres reservas indígenas, cercena las tierras de la Lucha y la Luchita, las de Santa María y las que pegan a BA que le fueron asignadas a la piñera. Además decreto tras decretos corrigen límites y disminuían la cabida original.
En los setenta Víctor Ramírez filma Waka las Tierra de los Bribris donde evidencia el conflicto en el que ya corría sangre. El Estado provocó el problema y durante décadas hizo nudo tras nudo para tener hoy un nudo gordiano y no creo que tenga la espada ni el valor de Constantino para cortarlo.
El INDER, que inició el problema, ha sido una y otra vez sentenciado por la Sala Cuarta para resolver este gravísimo problema de tenencia de la tierra. El INDER (antes ITCO e IDA) no ha tenido ni los conocimientos ni la voluntad política para resolver la situación y siempre encuentra una excusa para no acatar la orden de la Sala Cuarta.
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales y policiales se han mostrado no solo inútiles ante el problema, sino permisivos en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas de BA”.

En otras palabras la extensión tierra que por ley se les había asignado en 1956 se fue reduciendo progresivamente por el ITCO, IDA y el INDER que otorgaron, con fines políticos clientelares, generosas concesiones con tierras de los pobladores ancestrales, ticos originales, a campesinos no indígenas de diversas partes del país. Actuaban así pensando no solo con fines polítiqueros, sino por racismo, ya que pensaban que los indígenas acostumbrados al atropello colonial, no sabrían ni podrían defenderse ante la justicia valle centrina. Se fue creando de esta manera una espiral de resentimientos y de conflictos, donde cada una de las partes alegaba tener la razón. Los indígenas porque era su tierra ancestral cuya propiedad y usufructo les había sido reconocido por el Estado y la consideraban, justamente su patrimonio étnico y familiar. Los colonos por su parte tenían documentos oficiales, emitidos por el ITCO, iDA e INDER que los acreditaban como propietarios de las tierras que por motivos políticos les habían sido adjudicadas, en abierta conflicto con los derechos legales de los indígenas. De tal manera los indígenas, justamente indignados ante la inacción y complicidad de las instituciones, deben proceder a recuperar sus tierras con acciones organizadas que los llevan a enfrentarse con los campesinos y terratenientes. Estos que gozan de certificaciones, títulos posesorios y el contubernio institucional sienten que las acciones de los indígenas son ilegales y atropellan sus intereses y de tal forma crece el conflicto y la violencia que han llevado múltiples abusos y recientemente al asesinato del dirigente indígena don Sergio Rojas. Así se ha creado el clima de violencia e intolerancia donde ahora se han incorporados los sicarios de alquiler.

Como bien lo señala don Carlos Borges en el texto inicial la Sala IV le ha exigido al INDER resolver la situación y siempre hay una excusa para no resolver. Es evidente que la violencia tiene su origen en este incumplimiento y el racismo taimado del funcionariado, que se refugia en los procedimientos y excusas para no cumplir con su deber. Esto debe cesar, si no hay respeto para la propiedad de los indígenas, difícilmente podemos pedir respeto para la propiedad privada.

El artículo 11 de la Constitución Política es muy claro “Todo funcionario es depositario temporal del poder y debe rendir cuentas por los resultados de su gestión y responder por ella”

Invito a la Fiscala de la República a hacer cumplir este precepto constitucional con quienes por incumplir con sus funciones institucionales y legales han regado gasolina en el agro y nos enfrentan hoy a la violencia.

Miguel Sobrado Chaves y Gonzalo Ramírez-Guier

Por segunda vez en un siglo, el sueño del socialismo parece consumirse en América Latina entre el fuego de las barricadas y los apagones generales.

Lejano ya, el socialismo soviético tuvo resultados hace setenta años, cuando en la posguerra se recontruyeron ciudades y se hicieron grandes obras de insfraestructura. Los logros en materia de crecimiento económico fueron más que notables. Pronto la planificación central con ordenamiento administrativo entrabó la economía de consumo, y la limitación en la oferta de artículos favoreció el florecimiento de diversos tipos de corrupción entre la élite burocrática con acceso al poder absoluto. La participación política de la población se restringió, al punto que fue identificada como un factor de estancamiento económico por un ciéntífico de la dimensión de Sajarov, expulsado del PCUS y acusado de traidor por señalar la realidad.

Dentro de estos procesos floreció lo que los cubanos han denominado, con buen sentido del humor tropical, “el sociolismo”. “Socio” es, en la jerga popular cubana, sinónimo aproximado de “compiche”. Así pues “sociolismo” se refiere a la proliferación de redes de funcionarios con acceso a los recursos escasos, que utilizan los productos o servicios bajo su supervisión para satisfacer oportunamente las necesidades de sus amigos (un chiste viejo de la sociedad cubana decía que el que quien tiene un socio es dueño de una central azucarera). De tal manera, el pulpero le guarda productos al médico o al ingeniero para pagar servicios profesionales sin hacer colas de espera.

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Miguel Sobrado

La reactivación del proyecto  de la elección de diputados por petición del grupo Poder Ciudadano, es un paso importante en la reforma institucional que nuestro país requiere.

La reforma plantea la elección de 42 diputados por distritos electorales y otro tanto por listas nacionales y permite la reelección hasta por dos períodos adicionales.

La mayor parte de los problemas que vive Costa Rica han tenido su origen en los desaciertos de la Asamblea Legislativa que ha aprobado un día sí y otro también privilegios y derechos para sus clientelas, sin asignar recursos ni establecer mecanismos de control y rendición de cuentas. Son los diputados los que han aprobado las leyes de pensiones de privilegio, los premios y exenciones sin ningún propósito más allá del beneficio de grupos de poder. Poseen un departamento técnico y decenas de asesores, pero a pesar de todos estos recursos que deberían orientar y fundamentar su gestión para el beneficio nacional hacen mesa gallega con el presupuesto nacional, creando instituciones duplicadas para colocarse ellos mismos al finalizar su período y a sus clientes políticos.

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Miguel Sobrado

América Latina avanza en el tiempo del siglo XXI, estancada sin embargo en un sistema político patrimonialista que no augura un futuro de estabilidad y bienestar ni por la derecha o de la izquierda. La esperanza de un desarrollo democrático y pacífico, que invierta en capital humano y sostenibilidad, se estrella contra el manejo y manipulación patrimonialista que hacen los grupos gobernantes.

En Brasil se metió a la cárcel, sin pruebas, acelerando los ritmos procedimentales, bajo presión de los sables militares, al expresidente Lula para que no pudiera ser candidato a la presidencia y derrotara ampliamente al racista de Bolsonaro.

En Venezuela y Nicaragua se retorció burdamente la institucionalidad para mantener, a contrapelo de la voluntad de sus pueblos y de los principios republicanos, a los mismos grupos gobernantes en el usufructo del poder. Situación que ha debilitado a estas naciones llevándolas a crisis profundas.

En Honduras y Paraguay se realizaron golpes de estado por los militares, para desalojar a las autoridades electas democráticamente, sin que esto fuera de interés de los organismos regionales o internacionales.

Más recientemente en Honduras se realizaron elecciones oscuras que la misma OEA, consideró necesario repetir, pero Trump reconoció al gobierno y las protestas populares y la represión violenta en las calles fueron ignoradas por la “comunidad internacional”. La población desesperada por la violencia y falta de oportunidades emigra masivamente. En Guatemala la Comisión Investigadora contra la corrupción de las Naciones Unidas, que se instaló de acuerdo con el gobierno, fue expulsada, antes de finalizar su tarea, cuando sus acciones afectaron a los jerarcas de ese país.

En México durante los últimos gobiernos de “guerra contra las drogas” ha muerto cerca de 250000 personas en acciones violentas y continuamente se encuentran cementerios clandestinos que incrementan el número de víctimas. En Colombia la esperanza de una paz duradera después de medio siglo se ha venido diluyendo por los asesinatos cada vez más frecuentes de dirigentes que se desarmaron.

Detrás de todo este tétrico panorama se encuentra, en mayor o menor medida, la mano del narcotráfico, emergente con gran fuerza en la región. Se trata de una actividad económica ilegal, pero de una gran fortaleza, iniciativa y creatividad, que se posiciona y reorganiza las relaciones con el poder político. A diferencia de las relaciones del poder económico tradicional, que surgían bajo el paraguas y al calor del poder político, el narco surge de un enfrentamiento con el poder político que le permite aprovechar las redes de corrupción, para penetrar y posicionarse en las estructuras de poder locales, regionales y nacionales.

La debilidad e incapacidad del sistema patrimonalista, basado en clientelas políticas, para enfrentar el reto de la transformación necesaria es descrito de manera magistral, en el caso de México, por Denise Dresser en su más reciente libro “Manifiesto mexicano: cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo”, que con ajustes menores o mayores de acuerdo a cada país, podría aplicarse a toda la región latinoamericana.

Se trata de un libro que evidencia las limitaciones del patrimonialismo para hacer las transformaciones que requiere el Estado latinoamericano de cara al futuro. De cómo se presentan programas de modernización esperanzadores como el pacto por México anunciado por Enrique Peña Nieto que logran consensos políticos formales, pero que se hace de tal manera para que las “reformas” se adapten al viejo orden y que en esencia nada cambie manteniendo los privilegios y la impunidad en la jaula de dinosaurios.

“La bestia del capitalismo de cómplices sobrevive gracias a la ausencia de agencias reguladoras –fuertes, independientes autónomas, que puedan contener a quienes han podido establecer ‘posiciones dominantes´ en un sector tras otro”. Esto privilegio sobreviven gracias a que los “intereses creados diseñan la política en vez de ser sometidos a sus directrices”.

El sistema patrimonialista tiene sus días contados en tanto que no parece percibir la importancia de la inversión en capital humano y social de cara al futuro y la reforma educativa la necesidad de seguridad y empleo, entre otras reformas clave, no entra en sus prioridades por prejuicios de clase y etnia. Al mismo tiempo el los narcos se arraigan en las comunidades ofreciendo una paz corrupta pero con seguridad e ingresos.

Mientras tanto se nos hace creer que la corrupción es un problema de personas y de la cultura local, y que la solución sale de un santo profeta con que pone orden con una vara de guayabo. Pero como bien lo dice la autora “La raíz de la corrupción no es cultural sino institucional. No es de hábitos, sino de incentivos, no se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona…Un Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés”.

En otras palabras se requiere de una serie de reformas estructurales que la autora menciona en su libro y que sería objeto de otro artículo, a lo que yo añadiría un control y rendiciones de cuentas descentralizado basado en una ciudadanía activa en la ejecución de las políticas públicas. Un Estado basado cada vez menos en la burocracia central y cada vez más en las innovaciones y experiencias de las comunidades organizadas. Un liderazgo continental, arraigado con visión y autonomía.

Desde las colonias española y portuguesa se articularon en América Latina sistemas de gobierno, donde las actividades económicas estaban reguladas desde el poder político centralizado. En Madrid, se definían los permisos para colonizar, se asignaban encomiendas sobre las poblaciones indígenas, se otorgaban permisos para explotar minas y controlar el comercio. Los Virreinatos y las capitanías generales eran simples ejecutores. Si bien, con la independencia se reivindicó el derecho al libre comercio con el exterior, se mantuvieron las estructuras centralizadas y los monopolios locales. La nueva élite criolla, aunque formalmente republicana y liberal, mantuvo desde el poder el control de las actividades económicas y legisló, o actúo de hecho para mantener sus privilegios. Esta forma de gobierno conocida como patrimonialista, por tener como objetivo el enriquecimiento de los grupos ubicados en las redes de poder, es el que ha predominado en nuestro continente asociado a un sistema de patrones y redes de clientelismo político. En este contexto floreció un “capitalismo de amiguetes” cuyo principal mérito no ha sido su capacidad emprendedora, de innovación o su aporte a la riqueza nacional sino su entronque con las relaciones de poder.

Es en este sistema de Estado, carente de una visión integradora de los esfuerzos públicos, donde se incuba la corrupción que se ha mantenido potenciado en nuestros días. Contrasta por sus deficientes resultados económicos y sociales, con las formas avanzadas de gobierno republicano articuladas alrededor de una visión articuladora con sistemas de controles basadas en pesos y contrapesos institucionales.

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Hace 14 años la tasa de pobreza en Uruguay era del 20% y la de indigencia de los 7%, similares a las costarricenses de entonces. Hoy en día la tasa de pobreza en Uruguay es del 4% y la de indigencia del 0.8%, mientras que nosotros no nos despegamos del 20% y 7% respectivamente, a pesar de que tenemos como país una inversión social per cápita respetable en el ámbito continental.

En estos cambios en el Uruguay ha incidido una política social congruente centrada en la niñez, la educación la salud y el trabajo, con evaluación regular y financiamiento propio. Ha contribuido sustancialmente a estos resultados la descentralización e involucramiento progresivo de las comunidades en la ejecución de los programas y proyectos. También han reducido el índice de desigualdad de Gini al 0.38, mientras que el nuestro ha crecido al 0.51.

Uruguay aunque ubicado en otra latitud y contexto geopolítico tiene elementos en su historia y evolución, especialmente en su vocación republicana y el papel de los sectores medios, que lo hermanan con Costa Rica. En extensión es tres veces y medio nuestro territorio, pero en población apenas llega a los 3 y medio millones.

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Durante el gobierno anterior, don Carlos Alvarado entonces Ministro de Trabajo impulsó el proyecto Puente al Desarrollo, que integraba a nivel regional el trabajo institucional para reducir la pobreza. Con este proyecto logró que se redujera, por primera vez en muchos años el porcentaje de pobreza, aunque no así el de la pobreza extrema. Este logro fue posible, entre otros, gracias al volumen de los fondos, per cápita de la política social existentes en el archipiélago institucional, que al ser coordinados y focalizados apalancaron los resultados. Debe destacarse, así mismo, el seguimiento y supervisión de la señora Vicepresidente de entonces doña Ana Elena Chacón como el de la presencia del programa Tejiendo Oportunidades de doña Mercedes Peñas entonces primera dama.

En esta administración, la importancia del Plan Fiscal, ha dejado en segundo plano el programa oficial para el combate a la pobreza llamado Puente al Desarrollo.

Integrar y focalizar es muy importante, porque permite concentrar recursos y programas institucionales dispersos, en soluciones regionales y locales. Este tipo de políticas, cuando se han realizado en estructuras institucionales desdentralizadas, articuladas, con evaluación y seguimiento, han tenido resultados importantes en países como Uruguay y Chile. No obstante, nuestro archipiélago institucional está lejos de articularse y viene saliendo de una turbulenta huelga que requiere de una conducción firme y sostenida, para alcanzar logros relevantes. Integrarlo y conducirlo es importante pero, en las actuales circunstancias, se necesita de un estímulo y control desde abajo. De un involucramiento y participación activa de las comunidades organizadas y gobiernos locales, que refuercen la conducción y el cumplimiento de la política integradora y orienten el ajuste institucional a los requerimientos actuales.

La importancia de la participación organizada de las comunidades en la consecución de logros y en ajuste de las instituciones a sus necesidades ha sido evidente en varias experiencias históricas. Para citar dos casos en el Brasil con el programa Hambre Cero que sacó a 30 millones de pobreza en un tiempo record y en nuestro país con el Hospital sin Paredes que creo 161 puestos de salud con los recursos y organización comunal y redujo la tasa de mortalidad materno infantil en pocos años. Experiencia que le ameritó al Dr. Juan Guillermo Ortiz Guier y su equipo del Hospital de San Ramón en los años 60 premios tanto, de la Organización Panamericana, como  como de la Organización Mundial de la Salud.

Lamentablemente este no es el paradigma prevaleciente en el enfoque de la política social que se inclina más por la asistencia y no es probable que los actuales jerarcas estén dispuestos a poner en marcha, en el corto plazo un enfoque participativo de involucramiento activo de las comunidades.

La auto organización y las resistencias de las estructuras de poder

La organización autónoma alrededor de las necesidades de las comunidades y organizaciones es la única fuente de poder que las convierte en actores activos del desarrollo.  A través de la organización se adquieren capacidades para desarrollar proyectos comunales y empresariales, se rompen “techos sociales” y se adquiere la visión que permite las transformaciones productivas y el ajuste de las relaciones sociales.

Existen métodos basado en la organización autónoma que han sido probado exitosamente en el mundo. Métodos que apodera a los grupos organizados de visión y capacidad operativa, que resquebraja los techos sociales abriendo nuevas perspectivas de participación. Como lo realiza actualmente en 49 cantones de seis provincias Surafricanas ver: www.seriti.org.za

No obstante los alcances demostrados, estos métodos encuentran su aplicación encuentra serias resistencias en las estructuras de poder político y en la organización institucional diseñada “para ayudar a la gente” y consolidar clientelas políticas.

La operación tenazas

Enfrentar esta resistencia, no es un problema teórico metodológico. En este campo las fortalezas de la capacitación masiva son evidentes por su arraigo y fundamento en la andragogía, o ciencia de la educación de adultos y en los resultados obtenidos- La resistencia es ante todo un problema político y como tal debe ser enfrentado desarrollando procesos de acumulación de fuerzas. Se requiere no solo de una visión y decisión políticas sino de ante todo de una alianza activa con los nuevos tipos de organizaciones incluyentes. Alianza que contribuya con políticas públicas a su promoción, al mismo tiempo que fortalezca la descentralización y la base activa del poder local y nacional. El éxito de la política social no depende solo del Plan Fiscal, pase este o no pase y se deba trabajar con recursos menguados deberá ponerse en marcha. Sus logros, eso sí, estarán ligados estrechamente a las alianzas que permitan una reforma institucional impulsada fuertemente desde abajo.

Se han desatado migraciones masivas de personas y familias de los estados del triángulo norte de Centro América hacia los Estados Unidos. Esto es nuevo por su masividad y organización de los migrantes, para poder protegerse de los coyotes, asaltantes y violadores, pero no es un fenómeno nuevo, que se viene dando hace décadas. Según estimaciones de expertos entre un 10% y un 12% de la población de esos países ha emigrado colocando a la región a la cabeza mundial de las migraciones. Pero muchos años antes de las actuales caravanas masivas, que han colocado el tema en los medios de comunicación, entre medio millón y 700.000 personas lo hacían anualmente, aunque en pequeños grupos, subiéndose al tren mexicano que va de frontera a frontera que por su crudeza y violencia contra los migrantes se ha llamado La Bestia. La gente que emigra está desesperada de las malas condiciones y falta de perspectivas imperantes a pesar de la gran riqueza de sus países. Escapan de la falta de oportunidades educativas, del desempleo y de la violencia que practican tanto las autoridades como las maras y el narcotráfico. Los sistemas de gobiernos son ejercidos por grupos de poder que se reparten los beneficios del Estado y saquean las arcas públicas sin tener un norte común integrador. A contrapelo de sus propias constituciones y leyes menosprecian a sus poblaciones y no consideran la educación de la como una inversión necesaria. Las decisiones se imponen por la fuerza, desalojando a las poblaciones de manera violenta que no excluyen los asesinatos de los dirigentes que se oponen activamente, como fue el sonado caso del asesinato en Honduras de Norma Cáceres que permanece impune. Las élites gobernantes viven en verdaderas burbujas en ciudadelas amuralladas y de espalda a las necesidades de la población a la que miran con prejuicio racista, ignorando las necesidades de inversión en capital humano que requiere el desarrollo actual. Por eso no contribuyen al fisco y tienen una baja recaudación de impuestos, muy por debajo de las necesidades de inversión pública moderna. En este contexto florece la economía subterránea de las maras y narcotraficantes que asumen cada vez más porciones de poder, cobrando peaje para permitir la actividad económica en los territorios. La desesperanza y la violencia expulsa las poblaciones hacia cualquier parte, donde exista un espacio para vivir, asumiendo incluso el riesgo de ser asaltados y violados en travesía ferroviaria de La Bestia. Las actuales marchas masivas escapando del infierno de sus países podrían estar marcando un parte aguas en la historia de la región que está involucrando cada vez más actores. Ya el Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador hablo de hacer un proyecto magno, conjuntamente con Canadá y los Estados Unidos, para el desarrollo del sur de México y los tres países del triángulo del norte de Centro América. . Está por verse si los Estados Unidos de Trump, que de entrada envió el ejército a la frontera, van a aceptar la idea. En todo caso, si pudieran recogerse los fondos, no es una tarea para ser manejada desde los escritorios de la burocracia. Implica en primer lugar hacer cambios políticos en esos países que le den participación activa a los excluidos. Que puedan gozar de espacios y autonomía así como apoyo técnico a sus proyectos que genere posibilidades de inclusión en el proceso de desarrollo. Esto no es fácil de aceptar por las estructuras empotradas en poder y convencidas de que se trata de los migrantes son “perdedores e incapaces”. Es previsible, más bien un incremento de turbulencias sociales y políticas así como salidas violentas en Centro América y su contexto inmediato. Pareciera que algo se ha quebrado y de abajo ya no soportan la situación y los de arriba no tienen la visión, la capacidad, ni la flexibilidad para realizar los ajustes necesarios. Se han puesto en evidencia con toda su crudeza los límites que tienen para gobernar los actuales gobiernos. Si bien si bien esta experiencia y sus impactos por el momento son regionales, no debe perderse de vista que la causa estructural que ha generado este fenómeno, esto es el patrimonialismo o corporativismo de los gobiernos, en mayor o menor grado, comparten todos los estados latinoamericanos. Patrimonialismo sustentado por relaciones clientelistas que han sido el eje del poder, pero que en la transformación que está teniendo la economía y la sociedad latinoamericano y mundial son insostenibles y retrasan peligrosamente los ajustes necesarios. Por eso es que afloran cada vez con mayor fuerza las crisis económicas sociales y políticas que ensombrecen el panorama continental con las orejas del populismo y el fascismo. La crisis regional debe llamar a una reflexión y acción profunda en el continente, se requieren cambios estructurales profundos, descentralizando y democratizando la gestión pública, apoderando a los excluidos de organización ciudadana, y aprendiendo y difundiendo las mejores prácticas, amistosas con el medio ambiente y que permiten generar ingresos y arraigar a la población

El Gran Tempisque de don Federico Sobrado Carreras: una experiencia del siglo XX donde se puede apreciar el impacto de las políticas públicas sobre el auge y decadencia del desarrollo regional

Dos libros, escritos uno por una nieta y un nieto, sobre su abuelo Federico Sobrado Carrera remozan la historia de este visionario empresario, dinamizador de Guanacaste en las primeras 4 décadas del siglo XX. El primero de estos libros “La casa de la independencia” de Martha García Sobrado publicado recientemente en México y del cual han circulado algunos ejemplares en nuestro país y el segundo, aunque primero en el tiempo, de Federico Sobrado París fue elaborado hace varios años y circulo en una edición digital limitada, que algunos han impreso.

Más allá del interés que pueda tener para sus descendientes, dentro de los cuales me incluyo, la figura de don Federico, pienso que su experiencia empresarial es de interés de la historia económica nacional como una experiencia de desarrollo agroindustrial dinamizadora de la economía regional a partir de la apertura del monopolio de la producción de alcohol.

Don Federico, inmigrante a los 15 años para que no lo utilizaran como carne de cañón en las guerras carlistas de España, viajo a Argentina. Tuvo una rica experiencia en ese país donde amasó una pequeña fortuna comerciando caballos hacia Chile a través los Andes. Con esos recursos compró un barquito y viajó solo hasta Panamá. Pretendía colaborar con en la construcción del canal, pero cuando llegó se encontró que el constructor del canal de Suez Ferdinand de Lesseps, había fracasado. Se vino entonces para Costa Rica donde se casó con doña Pacífica García, guanacasteca hija de don Tomás Guardia e inició sus trabajos exportando maderas de Guanacaste a Alemania. Ya con algún ahorro compró la Hacienda Santa María, actual parque nacional, donde inició su actividad agropecuaria utilizando tecnología. Posteriormente compró la Hacienda el Tempisque que gozaba de un permiso gubernamental para destilar alcohol en su trapiche. Pronto transformó el trapiche en un ingenio e inició el camino a un desarrollo agro industrial que dinamizó la economía regional. Desde el Tempisque, se expandió con la compra de territorios de la Chocolata, La Hacienda Maderas Negras, la Hacienda El Real y la Hacienda las Delicias “convirtiéndose en el mayor terrateniente de la zona”. “La producción de ingenio por él instalado era poco menor de los doce mil quintales de azúcar, cifra suficiente para abastecer la mitad del mercado guanacasteco de entonces.” En 1907 bajo decreto del entonces Presidente González Víquez se le otorgó la concesión de destilar alcoholes puros y de baja graduación. La destilería estaba instalada con maquinaria Lavalle francesa con cuatro cubas para la destilación de 4200 litros cada una. La apertura del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores se mantuvo por más de 30 años. En este tiempo se diversifico la actividad industrial, bajo la dirección de don Arnoldo Heger se instalaron una fábrica de candelas, otra de jabón, un beneficio de arroz y un procesador de madera. El beneficio de arroz tenía maquinaria alemana y el aserradero un equipo moderno que le permitía amachimbrar y dar acabado a la tablilla.

Unos años después se montó la fábrica de hielo que abastecía Liberia a pesar que el transporte duraba seis horas en carreta.

La electricidad era de uso común en El Tempisque, mientras permanecía desconocida en el resto de la provincia. Las obras de la agro industria requerían e una gran infraestructura incluyendo un tanque con péndulo para recoger las aguas del rio abastecer sus industrias y proveer el consumo así como un puente colgante de 100 metros de largo sobre el rio para facilitar el transporte de trabajadores, materias primas y productos.

“Este desarrollo agro-industrial a la vera del gran Tempisque era movilizado por energía de vapor, para lo que disponía de tres calderas.” Estas se alimentaban con leña y el bagazo producto de la trituración de la caña.

El desarrollo agroindustrial requería de servicios técnicos de apoyo tanto de profesionales, como  de mecánicos y de una red de transporte capaz de llevar los productos a las ciudades del Guanacaste y  El Puerto de Puntarenas, tal como lo requería el acuerdo de Gobierno.

La operación del Gran Tempisque requería de circulación de dinero que la Hacienda facilitaba en forma de “chapas” con valor de cambio, que circulaban en toda la provincia; así como  confianza y apoyo bancario.

Actividad complementaria de la industrialización fue la cría de cerdos al pastoreo y la explotación de apiarios.

“Los pastizales eran asistidos por doce maquinas podadoras tiradas por bueyes, que asimismo desyerbaban los cañales…limpiaban cada una a razón de dos hectáreas diariamente.”

El hato era de 16.000 cabezas de ganado y el ganado caballar más de 1.500 cabezas.

Las inundaciones anuales del rio Tempisque dejaban cardúmenes de sardinas que eran recogidas con redes y servían para alimentar la piara necesaria para la industrial del jabón y candelas. La harina de pescado era utilizada para la producción porcina.

La producción de alcohol, eje de este polo de desarrollo regional que ocupaba mano de obra de las poblaciones vecinas y estimulaba el empleo en las ciudades, se vio interrumpida por la prohibición que estableció la administración de León Cortés Castro 1936-40, paradójicamente el último de los gobiernos liberales, para devolver el monopolio a la FANAL. Esta prohibición coincidió con la muerte de don Federico y estimuló la diáspora de sus hijos e hijas a otras actividades y regiones. Carentes de la actividad centrífuga que le permitía estimular e integrar la economía local, el Gran Tempisque desapareció y aunque como Hacienda siguió teniendo peso no volvió a tener el dinamismo y la relevancia

A pesar de los grandes aportes presupuestarios que realiza nuestro país, para superar la pobreza, uno de los más elevados per cápita del continente, ésta no baja mientras que otros países han logrado avances con menos recursos

En la política social se distinguen dos grandes campos de acción: La política asistencial dirigida a quienes se ven afectados de manera temporal por desastres u otras calamidades y a quienes lo son de manera permanente por no poder valerse ya por sí mismos.

Dejando de lado lo asistencial permanente que mitiga la pobreza de los más necesitados, los proyectos promocionales, que deberían reinsertar a la pobreza temporal al proceso de desarrollo, presentan serias limitaciones desde su concepción y de las relaciones de poder y la configuración institucional. A esta población se les visualiza como “perdedores”, esto es personas que no han sido capaces de “flotar” solos y que requieren ayuda externa. Esta concepción está arraigada en las relaciones de poder, basada en el clientelismo y en la misma organización institucional, que propone soluciones “desde arriba”.

Fuera de algunos escasos proyectos de apoyo técnico a grupos organizados, los programas son elaborados y ejecutados por el personal institucional, sin consulta ni participación real de las comunidades. En este contexto se estimula la pasividad la dependencia y se fortalecen las relaciones culturales de dominación y subordinación.  Esto es no genera la pro actividad, participación ni la cultura que requiere el desarrollo.

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