Miguel Sobrado
En las últimas semanas se han venido destacando en la prensa los pésimos resultados obtenidos por la gestión del INA que dispone de un presupuesto de casi 130.000 millones de colones para la formación profesional que urge en nuestro país para generar empleo, ingreso y mitigar la pobreza. Los resultados son muy magros y ameritan una investigación por parte de la fiscalía: solo 25% de sus graduados laboran en lo que se prepararon, su Presidente Ejecutivo, después de 3 años en el puesto y múltiples viajes internacionales no sabe porque pasa esto y contrata (sic) una jugosa consultoría de 450 millones de colones para averiguar la causa del desastre, como si en la institución no hubiera gente talentosa y experimentada que conoce las raíces del problema.
La actual dirección más preocupada por atender las demandas de un grupo de poder que se parapeta en la llamada Economía Social Solidaria, ha dejado de lado la necesaria y urgente renovación tecnológica al mismo tiempo que ha ignorado los requerimientos de formación semi profesional, que sirva de trampolín incluyente de las poblaciones con menor nivel educativo donde se encuentra el desempleo y la pobreza.
La responsabilidad sobre este desastre debe ser investigada por los entes responsables del control de los recursos públicos y sentarse las responsabilidades del caso. Sin embargo el INA no parece ser algo aislado, sino parte todo una trama de poder e influencias que está procurando afianzarse en las estructuras públicas y económicas del país colocando personal que le sea leal, aunque carezca de calidades, para hacer crecer sus clientelas.
No permanecer solo en el análisis de la mala gestión del INA, sino develar la extensión de las redes y sus dirigentes en las esferas superiores, así como sus intenciones y el costo de esta mala praxis. Se trata de una tarea impostergable en aras de evitar la extensión del mal y del necesario saneamiento de la República.
