Miguel Sobrado

Sociólogo. Político. Fotógrafo. Abuelito.

Categoría: Recomendaciones

Migración y crisis del Estado clientelista en Honduras

Indiana Nomma, una mujer afrolatinoamericana

El 25 de julio se celebra el día de la Mujer Afro-Latinoamericana. Con ocasión de esta festividad, Indiana Nomma, cantante y artista latinoamericana, nos da declaraciones.

José Antonio Casimiro, innovación campesina en Cuba

En este vídeo documental hecho por Mundo Latino – Cuba, podemos descubrir la finca de permacultura de José Antonio Casimiro y su familia.

Agro-ecología, permacultura o innovación campesina?

Hay varios términos para definir estos sistemas de diseño aplicados en las fincas a través de los cuales se responde a problemáticas del ámbito ecológico, económico y social. Bien nos explica José Antonio ”No es nada más arroz y frijoles o yuca, son también esperanzas, son también formas de vida…”, el valor agregado viene en el aprovechamiento máximo de los recursos, pero también en la satisfacción de los trabajadores.

UN HOMBRE DE OTRO TIEMPO: TEODORO QUIRÓS

 

Entrevista al Premio Magón Juan Jaramilo

http://wsimag.com/es/cultura/26466-entrevista-a-juan-jaramillo-antillon

ENTREVISTA AL PREMIO MAGON DR JUAN JARAMILLO

http://wsimag.com/es/cultura/26466-entrevista-a-juan-jaramillo-antillon

Llegó la hora de actuar

NOS LLEGÓ LA HORA DE ACTUAR.
Estimados amigos y conciudadanos.
Insto a todos y cada uno de Ustedes, a reclamar por sus derechos y, sobre todo, por el pan y los frijoles de nuestras familias.
El 1 de junio próximo (en 20 días) entrará a regir el aumento del 1% del aporte de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, de cada uno de nosotros los trabajadores, como medida paliativa del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o sea, un rebajo de nuestros sueldos.
La Junta Directiva de la Institución, de manera arrogante y prepotente insiste que, a cualquier costa, se llevará a cabo dicho aumento, a pesar de conocer plenamente, de los hechos que a continuación detallo:
Desde el año 2012 se encuentra presentada la DENUNCIA ante el Ministerio Público, bajo el Expediente 12-000046-0615-PE, sobre los aparentes culpables del descalabro de dicho régimen y, la Fiscalía General de la República en 5 años cumplidos, no ha hecho nada o casi nada para inculpar a los responsables de dicha debacle, donde inclusive, se sabe que se les podría aplicar la pena de cárcel a algunos de ellos.
Existen nombres y apellidos de estos supuestos culpables y, por irresponsabilidad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, nos vemos en esta apremiante situación.
Nombres de aparentes culpables ante el Ministerio Público, donde existe basta prueba en su contra y, la impunidad impera.
1. Lic Manuel Enrique Ugarte Brenes.

2. Lic Iván Guardia Rodríguez

3. Lic Gustavo Picado Chacón

4. Lic Carlos Montoya Murillo

5. Ing Dinorah Garro Herrera

6. Lic José Luis Quesada Martínez

7. Lic Roy Retana Mora

8. Lic Álvaro Vega Rojas

9. Lic Christian Hernández Chacón

10. Lic José Alberto Acuña Ulate

11. Lic Luis Guillermo López Vargas

12. Licda Sara González Castillo

13. Dra Ileana Balmaceda Arias.

Por ellos, nos culpan a nosotros los asegurados de sus horrores u omisiones, sin embargo, IMPUNIDAD al por mayor.
Los insto, a que no permitamos que los miembros de la Junta Directiva de la Caja metan sus manos sucias en nuestros bolsillos, para arrebatarnos lo que nos pertenece y, por lo que luchamos y sudamos el día a día laborando.
Será ahora o nunca, no pidamos, EXIJAMOS al Fiscal General de la República, cuentas claras y demostremos el poder del PUEBLO que defiende lo suyo a cualquier costa. “BASTA YA”
Pongámonos de acuerdo, aprovechemos las REDES SOCIALES para unirnos y de manera pacífica pero ENÉRGICA, exigir a la Junta Directiva de nuestra Benemérita Institución, derogar esa directriz de aumento, como lo ha pedido vehementemente nuestro Presidente de la República don Luis Guillermo Solís Rivera.
Mañana es tarde, LA UNIÓN HACE LA FUERZA…..empecemos YA..

Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
10 de mayo de 2017
http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/

Estimado don Roberto:
He admirado su constancia, talento y serenidad en esta lucha. Lo felicito, ya distribuí su manifiesto por mi página personal miguel sobrado.com, en mi cuenta facebook y en la red de la UNA .
El tono de su convocatoria es mesurado y firme. Me recuerda aquel el manifiesto de Juan Rafel Mora “Costarricenses ha llegado el momento que os anuncié…” llamando a las armas contra los filibusteros. En este caso se trata de un llamamiento cívico al cual hay que completar con medidas concretas de presión ya sea de convocatorias progresivas o de acciones de resistencia pacífica acumulativas que llamen, integren y movilicen a la tropa ciudadana.
Adelante don Roberto hoy es Usted el que habla en nombre de Costa Rica

Miguel Sobrado

¿REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

http://www.nacion.com/opinion/foros/Reformar-Constitucion_0_1606439350.html

OPINIÓN

¿Reformar la Constitución?

ACTUALIZADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 AM

Con modificar la Carta Magna o hacer una nueva no se lograrían los cambios requeridos

El 14 de diciembre, el Foro de La Nación publicó un artículo de la estudiante universitaria María Pilar Corrales Vargas, en el cual se propone reformar la Constitución Política, ante las graves deficiencias de la administración pública de nuestro país.

Realizaremos un breve repaso de cinco artículos, con el fin de mostrar cómo la posible causa de las deficiencias pudo haber sido la violación sistemática a nuestra Carta Magna.

1) Artículo 11, párrafo 2: “La Administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, como consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra a todas las instituciones públicas”.

A ningún gobernante o diputado le ha interesado proponer, al menos, el proyecto de ley para hacer operativa la evaluación y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas. Nadie se ocupa de esta importante tarea, y cuando se realiza algún estudio parecido a una evaluación, siempre es elaborado por los mismos funcionarios públicos.

2) Artículo 57: “El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.

El manejo sin controles de los salarios, pluses y beneficios en el sector público recién empieza a ser conocido públicamente. En general, existen enormes diferencias entre funcionarios que hacen la misma labor y con los trabajadores del sector privado las brechas son abismales.

Es evidente la inconstitucionalidad de los llamados “pluses” y las diferencias salariales; sin embargo, son comprensibles, aunque no aceptables, las razones e intereses de los funcionarios del Poder Judicial para no valorarlos objetivamente.

3) Artículo 176: “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrán exceder el de los ingresos probables”.

Para la Constitución, el déficit presupuestario ni siquiera se presenta como una posibilidad. Aun así, para todos es conocida la situación de nuestras finanzas públicas. En décadas pasadas, como consecuencia de los enormes déficits fiscales, mediante el mecanismo de la inflación, se ha disminuido drásticamente el salario real de los trabajadores, producto de los derroches gubernamentales.

4) Artículo 189: “Son instituciones autónomas: 1) Los bancos del Estado; 2) las instituciones aseguradoras del Estado; 3) las que esta Constitución establece y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.

Con el fin de evadir la disposición constitucional de requerir mayoría calificada para crear instituciones autónomas, la Asamblea Legislativa se inventó, de manera inconstitucional, la figura de institución “semiautónoma” y el adefesio jurídico de “institución pública no estatal”.

Esto nos ha dado como resultado tener que mantener, con salarios casi tres veces mayores a los del sector privado, a más de 300 instituciones públicas. Cada una requiere siempre, en exceso, funcionarios que no le brindan ningún servicio a la población; son los llamados empleados administrativos, quienes conforman la burocracia kafkiana.

En las instituciones que no se rigen por el Servicio Civil, para los nombramientos y ascensos, es más fácil encontrar el partidismo, el amiguismo y el nepotismo.

5) Artículo 191: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.

Cuando la Constitución menciona al Estado, se refiere a la totalidad de sector público; sin embargo, el estatuto aprobado por la Asamblea Legislativa solo incluye a los empleados de los ministerios, y deja por fuera al Poder Judicial, al Poder Legislativo, instituciones autónomas, municipalidades y demás entes públicos.

Con esta legislación inconstitucional, cada ente público creó su propio sistema de salarios y beneficios sin controles y se desató una competencia entre ellas por más y mayores beneficios. Los funcionarios cubiertos por el Estatuto de Servicio Civil quedaron en desventaja respecto a la piñata de pluses, beneficios y privilegios.

A pesar del mandato constitucional, el Estatuto aprobado no menciona nada respecto a la eficiencia de la administración y, hasta la fecha, es un tema tabú en nuestra administración pública.

En algunos casos, en aras de la llamada autonomía, se dejó en manos de los mismos trabajadores de la institución la determinación de sus propios salarios, pluses y beneficios. El interés particular y la voracidad sindical dejaron como resultado las dos Costa Ricas que hoy tenemos: la de los trabajadores cubiertos por las convenciones colectivas y, en el lenguaje de este gobierno, la de los de a pie.

Con estos pocos, pero importantes ejemplos, pareciera que el caos actual de nuestra administración pública y por ende del país, no es producto de la Constitución, sino de su flagrante y constante violación. Con modificarla o hacer una nueva, no se lograrían los cambios requeridos. Es un asunto de cultura política.

Una posibilidad podría ser la de establecer como delito la violación a la Constitución. El asunto es encontrar quién lo proponga y quién lo apruebe. En estos momentos todo el poder político del Estado está ocupado por funcionarios públicos de carrera. No podemos pretender cambios importantes. Posiblemente para las próximas elecciones este será un tema sensible.

El autor es profesor de la UCR.

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Entrevista a Pacho Gangotena

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