Miguel Sobrado

Sociólogo. Político. Fotógrafo. Abuelito.

Categoría: Artículos sobre temas actuales (Página 1 de 8)

APRENDER DE URUGUAY LA OTRA “SUIZA” AMERICANA

Miguel Sobrado

Costa Rica y Uruguay aunque han tenido su desarrollo en contextos geográficos e históricos diferentes tienen algunos elementos comunes.  Son de poca población y extensión sin grandes dimensiones ni estructuras federales, lo que facilita su comparación y contraste. No solo son similares en este aspecto sino que han compartido políticas sociales que buscan la equidad y el bienestar de la población y obtenido algunos resultados convergentes. Uruguay no obstante ha tenido un desarrollo institucional diferente, más descentralizado y con mecanismos de evaluación de resultados que involucran a las regiones y territorios. Una característica del sistema institucional uruguayo es que existe una tradición de continuidad de las políticas, más allá de los procesos electorales.

A partir de 2005, con la llegada al poder del Frente Amplio se fortaleció el sistema de evaluación y control y se dio un cambio en las políticas públicas respecto al agro. En el 2007, el parlamento vota la ley 18126 de descentralización y coordinación de las políticas agropecuarias con base departamental. Los propósitos eran contribuir a generar una política de descentralización, articulando políticas y recursos en el ámbito departamental y promover un mayor involucramiento de la sociedad agropecuaria en la definición de políticas para el sector. Se buscaba sortear la representación de las organizaciones tradicionales, generalmente con acceso al poder, fomentando la acción colectiva a nivel local. Es interesante que en el informe que dio al X Congreso Latinoamericnao de sociología rural en noviembre pasado, el ingeniero uruguayo don Pedro Arbeletche, destacó el apoderamiento de las comunidades sobre los asuntos locales como luz eléctrica, educación vivienda, salud y el acceso a la tierra, más allá de los temas productivos que han tenido, en este contexto, menor demanda e importancia. Se estimuló la capacidad de pasar del abordaje sectorial al territorial e intersectorial que condujo en opinión de uno de los responsables del proceso, a la construcción de ciudadanía en el ambiente rural que incluye a mujeres, jóvenes y asalariados.

Más allá de los efectos en el agro, el país como un todo ajustó la estructura institucional, con la participación de las comunidades y produjó resultados importantes en la primera década. La pobreza que en 2004 era 20%, igual que la de Costa Rica ese mismo año, se reduce al 8% en 2014 y la pobreza extrema que el 2004 era del 7%, similar a la nuestra, se reduce al 0.7% en 2014. Mientras tanto nosotros con una estructura institucional tipo archipiélago, donde no existen instancias operativas regionales y locales que involucren las fuerzas viva, seguimos estancados en los mismos porcentajes de principio de siglo.

Es evidente que nuestro problema está en el sistema institucional y no en la falta de recursos per cápita destinados al sector social. Debemos aprender de Uruguay y ajustar el sistema institucional a las necesidades con la participación efectiva de las comunidades en la gestión pública y en la toma de decisiones. No basta tener la voluntad de cambio desde los ministerios, es preciso dinamizar a las comunidades organizadas con información sobre los resultados para promover los ajustes institucionales requeridos. De otra manera, los controles cuando existan, serán formales y tecno burocráticos, sin efectos reales sobre los resultados de las políticas públicas.

Romper con la inercia no es fácil, las estructuras de poder políticas y de mandos medios establecerán una gran resistencia parapetándose en las leyes y normativas creadas para que nada cambie, pero es posible romper la inercia contando incluso con la participación activa de un parte de funcionariado, que preocupado por la decadencia del sector público, busca estabilidad y futuro en su carrera profesional.

El actual gobierno ha tenido logros relevantes en cuanto a política fiscal y reforma del reglamento de la Asamblea, pero esto no es percibido por el ciudadano de “a pie” que tiene que hacer colas de refugiados en la Caja, que pierde horas valiosas del día en las presas, al mismo tiempo que afrontar la inseguridad ciudadana. En el equipo de gobierno existe gente valiosa, pero anclada en una visión tecno burocrática. Por ahí no saldrán adelante y se les avecinan turbulencias. Hay que gobernar con la gente resolviendo conjuntamente sus problemas. El  ejemplo del Hospital sin Paredes en San Ramón, que construyó 161 puestos de salud con los recursos de las comunidades, es un testigo mudo de lo que se puede hacer. Más recientemente el proyecto Germinadora en la zona sur, a pesar de haber sido frenado en el 2013 por la tecno burocracia ha generado más de 200 empresas gracias a la organización de las comunidades con el respaldo de los Grupos de Acción Territorial de JUDESUR. Los hechos hablan por sí solos de lo que es posible. Los paradigmas asistencialistas que parten de que a los perdedores deben hacérseles las cosas, ciegan y pierden hacen perder el rumbo del desarrollo.

¿PUDO MITIGARSE Y REDUCIRSE EL DESEMPLEO Y LA POBREZA EN LA ZONA SUR?

Miguel Sobrado

El 1 de setiembre La Nación destacó la noticia del desempleo y la pobreza en la Región Brunca. En 2006 en dos seminarios promovidos por el movimiento cooperativo regional y organizado por la Universidad Nacional. En estas actividades, con amplia participación regional, se perfiló el proyecto Germinadora fundamentado en una metodología probada en ex zonas bananeras de Costa Rica y Honduras y en el desarrollo comunal en otros países del continente y Sur África, como la mejor opción para incrementar los ingresos y generar empleo en la región, de acuerdo a las condiciones locales. Este proyecto, en el que participaron como invitados, además de las cooperativas, delegados institucionales regionales, preveía la formación de un destacamento de 42 formadores, para  capacitar masivamente en organización y promover la formación de empresas a la poblaciones vulnerables de Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires. Una vez elaborado se presentó en 2007 a la Junta de Desarrollo del Sur (JUDESUR) para su financiamiento. Ahí estuvo hasta finales del 2009, cuando fue retomado y aprobado el financiamiento de la primera fase de formación de formadores. El proyecto fue impulsado con interés por el Dr. Fernando Marín entonces ministro de bienestar social para su ejecución. Se creó un convenio interinstitucional con el Movimiento Cooperativo, la UNA y el INA, entre otros. Este proyecto fue declarado de interés público por la entonces presidente de la república, doña Laura Chinchilla y se iniciaron los primeros Laboratorios Organizacionales en los cantones. Una limitación del proyecto, derivada de la organización como archipiélago del aparato institucional, fue la carencia de una instancia operativa regional, aparte de que JUDEDUR, en ese entonces, dejó su ejecución en manos de las instituciones nacionales.

Entre 2010 y 2014, a pesar de esa limitación, pasaron en 8 Laboratorios Organizacionales, por cursos pre-profesionales casi 3000 personas de la región y cerca de 900 personas o grupos elaboraron ante proyectos para formar emprendimientos.

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¿DE LA NEUTRAILIDAD Y APERTURA COMERCIAL A TOMAR PARTIDO CON ESTADOS UNIDOS FRENTE A CHINA?

Miguel Sobrado

 

¿Nos conviene alinearnos con los Estados Unidos en su guerra comercial contra China?

Bajo los últimos dos gobiernos, la política exterior frente a China parece estar dando tumbos contradictorios que ponen en entredicho la sana neutralidad y la apertura comercial. Tumbos peligrosos que nos impiden aprovechar la posición geopolítica y geocomercial en nuestras relaciones con la potencia asiática emergente.

No es de recibo que nuestra embajadora en Beijín, Patricia Rodríguez Holkemeyer, una gran especialista nacional en asuntos chinos, saliera molesta por falta de interés de la cancillería en su trabajo. Rechazar, por ejemplo la donación de escáneres para utilización de las aduanas por celos comerciales, no es de recibo, sobre todo cuando la ausencia de estos escáneres ha sido aprovechada para el tráfico de drogas mezclados con mercancías nacionales.

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LA CRUXIFICCION DE LULA

Miguel Sobrado

El juez Moro de Brasil,  un país latinoamericano con un sistema político tradicionalmente  corrupto, ha incursionó, con éxito, en la maraña de relaciones de convivencia entre empresarios y políticos. Ha logrado meter entre rejas a connotadas figuras públicas, especialmente del Partido de los Trabajadores en desventaja numérica legislativa, e incluso a grandes empresarios como Odebrecht.  Otros personajes importantes de la clase política, seriamente cuestionados como el mismo Presidente Temer, se han parapetado tras las mayorías legislativas y logrado hasta el momento permanecer impunes.

Dentro de las acciones probadas que mantienen en la cárcel a destacados colaboradores del Partido de Lula, está el “ordeño” sistemático de Petrobras y el tráfico de influencias para otorgar ventajas a las empresas de Odebrecht y otros empresarios.  Estas acciones de no son nuevas en la política brasileña ni latinoamericana, ha sido una tradición que se realicen tanto para beneficio propio de los gobernantes, como para comprar alianzas y votos en de los partidos. Muchos de estos operan como grupos de alquiler en los Congreso Nacional y en las cámaras de diputados estatales. Con estas compras se han garantizado votos para aprobar políticas y proyectos.

El caso del Partido de los Trabajadores o PT, no se destaca el enriquecimiento personal como motivación principal, sino como mecanismo de configuración de alianzas,  ya que por este medio se garantizó  la aprobación de políticas y leyes  que tuvieron, por casi una década, un gran impacto económico y social en ese país.

Con estas políticas el PT logró aprobar proyectos para sacar de la pobreza e insertar en la clase media 40 millones de brasileños, especialmente de grupos y sectores excluidos de los campos y las ciudades.  Creo 29 nuevas universidades Federales para impulsar la movilidad social y el progreso regional. Una tarea hecha bajo los gobiernos de Lula y Dilma, que ha sido destacada como ejemplar por los organismos internacionales.

Aunque  el fin no justifica siempre los medios,  esos eran los medios operativos  que había utilizado y utiliza el sistema político vigente, oculto pudorosamente bajo un manto formal republicano.

Pienso que el Partido de los Trabajadores se confió en la tradicional práctica de impunidad de los gobernantes y no aprovechó su liderazgo para levantar oportunamente la bandera de la reforma institucional, que transformara el sistema electoral y estableciera un sistema de controles descentralizados. Ahora paga las consecuencias.

Si bien el destape de la red de corrupción ha sido mayúsculo e incluso ha afectado otros 12 países latinoamericanos donde operó Odebrecht y esto es un gran mérito, más allá de las intenciones del juez Moro, las de los políticos que manejan el Congreso, no parecen estar dirigidas solo a limpiar y democratizar la vida republicana, sino más bien a impedir el retorno de Lula inhabilitándolo para ser candidato a la Presidencia.

Si bien Lula difícilmente podía ser ajeno a las operaciones de sus funcionarios, que eran además “normales” dentro de la práctica de gestión latinoamericana, sin embargo, no se le pudo probar su involucramiento personal. Tal como se puede ver en los interrogatorios (depoimientos en portugués) del juez Moro al expresidente Lula del 10 de mayo 2017 y del 13 de setiembre de ese mismo año. Tal  como se evidencia en los interrogatorios, donde se le achacan cargos de uso de un apartamento supuestamente cedido por Odebrecht, posterior a su período presidencial. Estos interrogatorios se encuentran disponibles en YouTube, dentro de las cuales destaco un párrafo significativo:

-“Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?

– No, por eso le pregunto.- Ya le respondí”.

Este juicio ha sido muy acelerado, cosa inusual en la justicia brasileña, y ha ido acompañado del ensañamiento de toda la gran prensa y medios televisivos, que han condenado al expresidente desde el principio sin darle una mínima capacidad de respuesta.

El proceso ha sido tan atropellado, que cuando uno de los recursos de apelación de Lula se encontraba empatado en las votaciones dentro de la Corte Suprema  de Justicia se produjo el pronunciamiento del jefe de las fuerzas armadas indicando que no permitiría que se impusiera la impunidad. Un día después la Pdte. de la Corte decide votar doble y desempatar la votación para que Lula sea llevado a la cárcel.

La crucifixión de Lula

En otras palabras es la urgencia política de inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia se imponen y el juez carente de pruebas, y a contrapelo del principio jurídico de que en caso de duda debe resolver a favor del reo, lo decreta culpable.

La judicialización de la política, es uno de los caminos para combatir la corrupción en nuestra América, pero no puede apartarse del debido proceso que la legitima ni someterse a presiones electoreras, si no quiere devaluarse.  Por sí misma, aunque puede contribuir, pero es incapaz de llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas para que se descentralice y apodere del control del uso de los recursos públicos a las comunidades y grupos.

El problema de la corrupción es del sistema que viene desde la colonia, mientras la política no sea manejada por las comunidades organizadas y esté en manos de patronos y pastores que venden al mejor postor sus ovejas el sistema seguirá produciendo corrupción.

Quizás los ejemplos uruguayo o boliviano marcan senderos relevantes de descentralización participación y desarrollo cívico y resultados económicos ejemplares.

IDENTIDADES Y PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS

Miguel Sobrado

Después de dos siglos de estancamiento, el Celeste Imperio chino, renació de las cenizas en que lo habían dejado las políticas coloniales occidentales y el maoísmo criollo.  Al reencontrar sus raíces China emprendió un proyecto nacional, con proyecciones cada vez más globales, que la ha catapultado como segunda economía del planeta y encarrilado a paso firme, a través de la nueva ruta de la seda, hacia un liderazgo cada vez más cosmopolita.

Renació en apenas 40 años, impulsada por una iniciativa campesina de libre mercado, que cobró dinamismo y fue capaz de integrar las mentes y voluntades de sus habitantes. Luego, paso a paso y con un bajo perfil sumó aliados en el resto del planeta.

Logró la integración el haz de voluntades colectivo, de tal manera que cada grupo de interés, local o extranjero congruente con el proceso emprendido, pudo encontrar su espacio de aporte y enriquecimiento.

Mientras en Latinoamerica…

Para quienes nos formamos en Latinoamérica del siglo XX con el sueño de que nuestra región fuera en algún momento una pieza importante en el ajedrez mundial, los acontecimientos políticos locales del fin de siglo XX e inicios del siglo XXI, nos obligan a una reflexión profunda sobre nuestro papel en siglo que se adentra.

Más allá del rechazo a las políticas imperialistas, primero española y posteriormente inglesa y norteamericana en los siglos XIX y XX, que crearon una unidad continental frente a la agresión externa, conviene destacar algunas de vertientes culturales, de diverso origen que subyacen en nuestra generando identidades diversas y contrapuestas.

En primer lugar nuestra América no es uniforme, está integrada por un conjunto de naciones y culturas con diverso peso étnico en las regiones.

La independencia de España y Portugal fue ante todo una reivindicación de los intereses de los criollos que dejó por fuera los de los indígenas y africanos y mantuvo las relaciones de dominación y privilegio de los ibéricos y otros grupos europeos sobre los nativos y ex esclavos. Esta situación, no solo mantuvo al margen los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, sino también reprimió muchas manifestaciones culturales de estas y sus y los ex esclavos africanos. Quizás lo más grave de esta relación fue la falta de estímulos y tensión creativa que gestaran un liderazgo incluyente. La relación de dominación “sobre lomos de indios y esclavos” facilitaba para la clase dirigente criolla un bienestar fácil que no estimulaba el trabajo ni la innovación.

Empotrados en el sistema patrimonialista originario de la colonia se gestó un hibrido “republicano” que Denise Dresser llama muy acertadamente un “capitalismo de cuates”. Esto es un sistema oligárquico donde desde el poder se definen y asignan las oportunidades y los privilegios. En vez de ser el poder social y económico el que se articula el Estado.

Un sistema que desarrolla destrezas cortesanas, al mismo tiempo que alergia al trabajo. Como lo menciona en una de sus estrofas una popular canción caribeña cuando dice “el trabajo lo hizo dios como castigo”.  De tal forma que los miembros de estas élites solo aprenden a trabajar de verdad cuando lo pierden todo y se enfrentan al exilio o a la pobreza.

Las comunidades indígenas y los africanos, restringidos en sus derechos y expresión ciudadana, coexistieron con expresiones culturales sincréticas, toleradas dentro de la estructura de poder como manifestaciones folclóricas.

La religión católica que favoreció en algunos casos el sincretismo durante la colonia, fue uno de los componentes de una forma de identidad compartida. Más adelante, con la Teología de la Liberación, los obispos latinoamericanos trataron de recuperar esta vertiente de trabajo con las comunidades, pero desde Roma se le quitó impulso y la posibilidad de fortalecer este nexo identitario de organización de los marginados. Situación que aprovechó más adelante, la Teología de la Prosperidad impulsada por las iglesias evangélicas neo pentecostales financiadas generosamente desde los Estados Unidos, para ligar estos movimientos a las políticas neoliberales.

De tal forma la identidad latinoamericana históricamente ha estado más ligada a intereses particulares y un folclor de exportación, que a un entusiasmo por las calidades de liderazgo y valores propios.

Una nueva y brutal  turbulencia enfrenta al patrimonialismo tradicional a un nuevo rival: el narco tráfico. Por primera vez en cinco siglos surge una sólida fuerza económica que se enfrenta al Estado y lo penetra por las venas abiertas de la corrupción. Una fuerza que lo amenaza seriamente en sus fundamentos y que se perfila para el patrimonialismo  como el asteroide que acabó con los dinosaurios.

Recientemente el malestar de la población se ha agudizado en varias partes del continente, carentes de una esperanza, abrumados por la corrupción galopante. Expulsados de sus comunidades por las transnacionales, sin esperanzas por la falta de inversiones significativas en capital humano, con desempleo y delincuencia organizada creciente, las masas de excluidos a pesar de las riquezas de sus países, han empezado a abandonarlos. De tal forma se ha iniciado en los estados fracasados de Centro América, México y más allá, éxodos masivos en búsqueda del “sueño americano. Una marcha de derrota, iniquidad y vergüenza del ser latinoamericano.

Mientras que los países de mayor tamaño del continente pasan por convulsos procesos políticos, cuatro países menores marcan rumbos y sin rumbos. Por una parte Cuba que ha logrado formar un gran capital humano, no puede aprovecharlo por el temor visceral a la empresa capitalista criolla. Uruguay si bien ha logrado una cierta estabilidad institucional y bienestar, está sujeto a los vaivenes económicos de sus vecinos. Chile, por su parte si bien ha logrado indicadores macroeconómicos relativamente buenos, tiene un malestar social latente heredado de la dictadura.

Mientras tanto Bolivia uno de los países más pobres, la única república americana donde los indígenas han tomado el poder y dirigen su Estado, se producen éxitos importantes en su economía y desarrollo social. Se fortalece una nueva identidad.

Se trata de países pequeños donde se cuecen procesos locales que, sin embargo, pueden contribuir a configurar senderos para un nuevo sincretismo

Se colocan las fichas en el gran tablero latinoamericano, pero dada la diversidad del subcontinente, las contradicciones y antagonismos existentes no parece realista pensar en una identidad latinoamericana, como una copia de Europa o los Estados unido. Somos bastante más que eso tenemos una herencia milenaria, tanto americana como africana que hemos menospreciado. Se trata de saberes para la preservación del medio ambiente la alimentación y el arraigo de los habitantes que retoman vigencia  Nos falta un trecho bastante largo por recorrer antes, que empujada por la necesidad, emerja una nueva identidad capaz de atrapar los corazones y las mentes de la región. Un proceso que al mismo tiempo que desarrolle una ciudadanía, integre las fortalezas y saberes regionales con proyecciones cosmopolitas. Esta dentro de lo posible, aunque llevará aún tiempo. La herencia colonial parece aún pesar mucho.

ESTADO EMPRESA DE TODOS VERSUS ESTADO BOTIN

Miguel Sobrado

Para entender la crisis que vive nuestro Estado, cada vez más ineficiente y oneroso, es preciso ir a su esencia histórica.  Esto es ir más allá del desfase institucional coyuntural en que se centran las discusiones cotidianas;  ir al origen colonial patrimonialista del estado latinoamericano. A su carácter invertebrado, producto de la sumatoria de intereses privados, carente de un un propósito colectivo de interés público, que oriente su quehacer e impida que, grupos con intereses no incluyentes, puedan tomar el poder impidiéndole a la ciudadanía aprovechar sus beneficios.

 

Lo que lo convierte en un Estado sin rumbo es  la falta de un proyecto incluyente e integrador. Puede tener incluso su origen en la negación de lo existente como un movimiento popular de cambio “para acabar con la corrupción”, que ve personas pero no tiene una noción del sistema que la genera y difunde.

Sin embargo lo que es más frecuente en la lid política, es que los partidos ven como su misión hacer negocios. De tal forma que una vez tomado el poder se reparten el control de las instituciones asumiendo que el estado es el botín que deben distribuirse los ganadores.

En el primer caso cuando el propósito es “sacar a los corruptos” y colocar a los honrados creando el Estado santulón en nombre de la moralidad el caos es frecuente. El expresidente Solís decía que su ambición era que nadie pudiera decir que había robado nada, pero como se sabe, el hecho de ser honrado es insuficiente para un buen presidente de la República ya que se requiere, además de ser honrado, de un timonel que conduzca el barco. De tal forma aunque se despidan algunos corruptos y se llene de “incienso moralista” las oficinas, el sistema permanece y se produce en su lugar, una paralización institucional que aprovechan los corruptos para retomar la iniciativa.

En el segundo caso se instala un gobierno patrimonialista, que por la naturaleza  de los grupos que ocupan el aparato institucional, sus intereses inmediatos y las clientelas políticas, ven al gobierno como el botín que deben repartirse. Desde esta perspectiva inyectan, desde las cúpulas la esencia de la corrupción que es el beneficio propio que desciende, progresivamente hasta llegar al nivel del funcionario que atiende en las ventanillas al ciudadano.

El problema del patrimonialismo es su carácter sistémico que contagia la corrupción n, en cascada, no solamente a los funcionarios públicos, sino también a los ciudadanos que deben pagar mordidas, biombos o utilizar “amistades” para poder acceder a los servicios públicos. Este sistema, con su práctica llega a disfrazarse como parte de la cultura nacional, de tal forma que todos terminamos siendo culpables de la corrupción. El hecho de “ser todos culpables” no solo mitiga los impulsos de control ciudadano, sino que se acompaña a menudo de mecanismos revestidos de una aparente severidad. Esto es se legislan normas de control muy severas carentes de recursos para su aplicación, que además su aplicación resulta poco atractiva por ser penas desproporcionadas, de tal forma que termina campeando la impunidad y la burla del ordenamiento jurídico.

En otras palabras, como el patrimonialismo es percibido como nuestra respuesta cultural intrínseca y superarlo resulta una tarea compleja a primera vista. Sin embargo esto es posible si se actúa sobre el sistema que la genera, rompiendo progresivamente los círculos viciosos y construyendo paulatinamente círculos virtuosos que consoliden la autoridad de cambio y transformación.

En este sentido la ruptura no puede ser violenta “de una vez por todas”, porque aunque se arranque un “matapalo” este vuelve a resurgir en el  contexto. El proceso de cambio, por su naturaleza sistémica, debe ser paulatino y acumulativo. Tener una base sólida en la gestión generando apoyo técnico pero sin apostar solo por la tecnocracia ya que por este camino tiene el horizonte limitado, como lo está experimentando el actual gobierno. La gestión pública ante todo debe generar un soporte político. Se trata de construir autoridad creciente. No basta la autoridad formal que otorga el proceso electoral, es preciso que los líderes fortalezcan progresivamente su liderazgo con resultados tangibles en áreas sensibles como la salud, la seguridad, la vialidad y el transporte, que evidencien que un camino diferente es posible. Actuar asertivamente no solo genera respaldo creciente, sino que contribuye a eliminar la impunidad.

En este proceso, por una parte, la descentralización con información sobre los resultados locales resulta imprescindible, para incorporar a los actores locales y regionales a la gestión pública. Por otra parte la estructura institucional nacional debe fortalecer los mecanismos republicanos de pesos y contrapesos otorgando autonomía efectiva a los fiscales y promoviendo la investigación sobre la gestión pública entre las universidades, con instituciones como la Caja del Seguro Social, Recope FANAL, etc, tal como hace actualmente el Estado de la Educación..

Hemos sido configurados por la práctica institucional patrimonialista, que heredamos de la colonia, pero no estamos determinados. Podemos reprogramarnos a través de una nueva práctica, que construya  un nuevo sistema de gestión moderno, con apoyo técnico capaz de generar resultados políticos que estimulen la integración, la inclusión y la cohesión del haz de voluntades colectivo, alrededor del Estado como empresa de todos. Eso sí, no hay que confundir la tecnología de la información con la solución en sí misma. La información adquiere dimensión cuando existen metas claras y los resultados no son monopolio del “palacio”, sino que existe rendición de cuentas regulares que activan la participación y auditoria ciudadana.  Se requiere eso si, además de visión y alianzas, de una gran estrategia y táctica política. ¿Verdades de Perogrullo? No, arte de gobernar.

¿ES POSIBLE EL AJUSTE INSTITUCIONAL QUE REQUIERE EL PAÍS EN DEMOCRACIA?

Miguel Sobrado

Existe un malestar creciente en la población. Esta ve crecer los ingresos globales al mismo tiempo que la desigualdad. Mientras un 20%, ligado a la nueva economía y al poder, tiene niveles de consumo crecientes, el grueso de la población está estancada o vive un proceso de franco deterioro. El desempleo y la informalidad crecen peligrosamente al mismo tiempo que las noticias sobre corrupción y los privilegios se desbordan en un marco de pasiva impunidad generando desesperanza y resentimiento.

Como el problema de la corrupción es visto como producto de la falta de ética y moral personal y no se perciben sus causas en el sistema patrimonialista de gobierno donde todos quieren sacar algo del Estado pero nadie aportar “para que no se lo roben”. Cada vez que llega un nuevo gobernante “de manos limpias”  y se repiten los problemas derivados de las “organización” institucional, la normativa e inercia del sistema, cunde la desmoralización y pérdida de fe en el gobierno. Aflora la frustración la impotencia y la disposición al linchamiento. La intolerancia  y la violencia se van consolidando en las redes y en las relaciones sociales.

Ante la desesperanza y falta de alternativas se va creando paulatinamente un clima fértil para un gobierno autoritario y dictatorial, que en nombre de dios o de un líder pida poner fin al “imperio del mal”. Pero, ¿es la dictadura una alternativa en nuestra América? Definitivamente no, la historia está plagada de dictadores “salvadores” que llevaron la violencia, el hambre y la tragedia a sus pueblos. Si este no es el camino y la legalidad democrática está blindada por leyes y reglamentos de los grupos patrimonialistas que entorpecen, cuando no imposibilitan el cambio, ¿Cuál es la alternativa?

Pienso que es con más democracia y cambios políticos que por una parte, y esto es estratégico,  incorpore y abra perspectivas participación con políticas de integración organizada de las poblaciones hoy excluidas del proceso de desarrollo. Que abra la tecnología aplicada, con software libre como la experiencia que con arduinos está llevando a cabo don Arnoldo Mora Vaglio con los estudiantes del colegio de Sixaola, aplicada a las condiciones locales. Todo esto debe conducir, aprendiendo de las mejores prácticas a una reforma educativa que actualice nuestro sistema educativo y nos prepare para el siglo XXI. Al mismo tiempo que se transforma la educación para los niños y jóvenes impulsar, a través de procesos de capacitación masiva, a la población con responsabilidades para gestar encadenamientos productivos y cívicos.

Por otra parte, en el plano táctico es preciso que un gobierno de cambio sepa construir autoridad y respaldo con pequeños logros, en campos sensibles para la población, que tengan poder acumulativo. Estamos programados para la desesperanza de la corrupción patrimonialista, pero no estamos determinados. No vamos a cambiar con sermones ni moralinas, sino con actividades que evidencien que otro mundo es posible, nos reprogramen y capaciten para un Estado ciudadano.

Por ejemplo en nuestro caso en el campo de la salud demostrar que con buena organización y anteponiendo los intereses de los usuarios, es posible reducir la listas de atención en los hospitales. Existen ejemplos de hospitales que pueden ser destacados en una rendición de cuentas, de cara la prensa nacional, la defensoría de los habitantes y el Estado de la Nación, proponiendo metas y compromisos públicos para los otros hospitales y clínicas.

Una situación similar se puede dar en cuanto a obras públicas y movilidad del transporte, destacando a los mejores equipos de trabajo y la necesidad de anteponer los intereses  de los usuarios, en la gestión pública. Destacando en una primera etapa a los mejores y la necesidad de operar sobre información verificable.

En seguridad se puede destacar también las mejores prácticas estableciendo metas locales progresivas.

Todo este trabajo puede y debe ser coordinado con las organizaciones comunales, empresariales y cooperativas locales y regionales buscando que se conviertan en gestores y auditores de la gestión pública. Creando una sólida base de gestión y gobierno.

De este trabajo que empieza por metas pequeñas pero viables y acumulativas, deben surgir planes y compromisos para cada año, de cuyo cumplimiento serán garantes los ministros rectores, Presidentes Ejecutivos y Juntas Directivas de instituciones autónomas.

La viabilidad de esta propuesta que parte de pequeñas metas radica en que por ser pequeñas, siempre que sean relevantes y sensibles para la población, su cumplimiento genera autoridad y respaldo para el gobierno, lo que a su vez le permite evidenciar ante la ciudadanía, las normativas y las trampas institucionales que mantienen los privilegios y la corrupción. Un gobierno que goce de un respaldo creciente puede proponer y presionar para que los cambios institucionales se realicen en la Asamblea Legislativa o a través de  referendo.

Desde luego esta no es una tarea fácil e implica, no solo la convicción de que es la forma de salvar la democracia, sino la determinación por parte del Presidente y el Consejo de Gobierno de destituir a los jerarcas que incumplan los compromisos adquiridos frente a la población.

De tal forma entre las políticas inclusivas, que incorporan el conocimiento a nuestra realidad y dinamizan el potencial organizativo, y una consecuente y rigurosa gestión acumulativa, es posible construir, todos juntos y en democracia, el Estado que necesitamos.

Es una época que requiere abrirse a nuevos paradigmas, para evitar el camino al despeñadero por el que transitamos.

EL BUMERANG DEL MORALISMO

Miguel Sobrado

Criticar solo procedimientos y normativas como base de la moral, sin entender el sistema en que se ubican estas normas puede llevar a absurdas condenatorias como la que realizaron los medios contra doña Epsy Campbell  por haber invitado a su marido a compartir el cuarto de hotel que le pagaba la cancillería, aunque esto no significara ningún costo adicional del patrimonio público.

El origen de esta sin razón está en la misma lógica moralista que le imprimió al PAC su fundador priorizando, el control sobre las personas, de normas, reglamentos y procedimientos como forma de combatir la corrupción en vez de propuestas de reformas estructurales al sistema que las genera. Esta lógica ha llevado a extremos ridículos en que terminan cayendo los propios militantes ortodoxos del PAC. El caso de la señora Campbell es uno de los más sonados, pero no es la primera vez que se objeta, por ejemplo, a un funcionario por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, por utilizar los servicios de Uber o por cualquier otra “infracción” secundaria. Vemos a menudo a  los funcionarios paralizados, por temor a ser acusados de faltas de ética en asuntos resuelven de sentido común.

La moral es importante en un gobernante para garantizar una buena gestión acorde con el interés público, pero el hecho que una persona sea honrada no es suficiente para ser un buen gobernante. Es preciso, ante todo, que tenga un proyecto de interés público y un equipo dispuesto a ejecutarlo. Que entienda de sistemas republicanos y sepa actuar acorde con las exigencias de transformación que imponen las nuevas realidades. Que, trascienda las visiones personales y sea capaz de percibir los problemas del sistema que impiden el control y promueven la corrupción. En especial aquellos referidos a la falta de información oportuna sobre la gestión pública, que restringen la auditoria y los mecanismos de control impidiendo el funcionamiento de los contrapesos.  Por ejemplo, la ausencia la carencia de recursos y autonomía de los fiscales.

Cuando se carece de esta visión sistémica y nos enfrentamos a un estado configurado para la corrupción, o Estado Botín, donde los políticos se reparten beneficios de la gestión pública, los problemas terminan siendo de las personas y no del sistema que los genera. Siendo que si los “problemas” son de falta de moral de los políticos, entonces hay que cambiar a los corruptos y sustituirlos por gente honrada, esto es por quienes propiciamos el cambio. Aquí empiezan los errores que pueden transformarse en horrores. Resulta que la corrupción no es solo un problema de ética personal, sino de un sistema que la genera desde la cúpula y termina distribuyéndola en cascada al interior de las instituciones y a los mismos clientes que deberían ser sus beneficiarios. En este contexto, el cambio de personas puede ayudar, pero no elimina las causas de la corrupción y esta, si no hay cambios sistémicos que garanticen el control ciudadano y acaben con la impunidad, vuelve a aflorar, una y otra vez.

Un buen ejemplo de Estado Botín lo presenta con lujo de detalles Denise Dresser en su libro “Manifiesto mexicano”,  que llama capitalismo de cuates y que permite el control y la corrupción de los grupos de poder. Con menor cobertura, para Costa Rica, pero solo para algunos casos se encuentra el libro de Manuel Antonio Solís “Costa Rica. La democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos).” Que nos perfila el teje y maneje de intereses políticos en la vida institucional.

Cuando se carece de una visión de sistema tampoco se tiene una propuesta para su transformación. Aunque puede hablarse de un cierre o refundición institucional, no debe limitarse a medidas aisladas de reducción del gasto; ya que el cambio, exige un rediseño de reorganización y gestión institucional. Las acciones dirigidas a cambio de personal, y eventuales acciones administrativas o judiciales, manteniendo el moralismo como bandera en las viejas estructuras tienen alcances limitados o fracasan estrepitosamente.

En este contexto, trasciende que los hechos corruptos están generalizados no solo entre los funcionarios sino también entre los clientes en forma de redes. En contubernio con los funcionarios recurren a las propinas o las amistades, que permite resolver las urgencias.  De tal forma se hace evidente, ante la conciencia pública que la corrupción prevalece en toda la sociedad, ya sea para obtener citas para examen de licencia, o ser atendidos por especialistas brincándose la cola. Finalmente resulta algo arraigado en el ADN de la cultura, dentro de un juego en que todos resultamos ser responsables de la corrupción y no hay salida posible.

En este contexto de culpa y desesperanza se gesta una sensación de frustración que se descarga con violencia en las relaciones personales, en linchamientos en los medios virtuales, y  en ocasiones cada vez más frecuente agresiones físicas.

La reducción de la corrupción aun problema personal, no solo impide ver las soluciones sistémicas, sino los procesos que harían viable una ruptura progresiva de los círculos viciosos y la posibilidad de construir círculos virtuosos de carácter acumulativo.   Hay que salir de la visión maniquea, entender que la historia, que nos ha configurado es cierto, pero no que no estamos determinados; que podemos transformarnos, sin sentido de derrota, actuando en la construcción de una nueva cultura y autoridad.

La cerrazón y el odio impiden ver las fortalezas del capital humano que tenemos y las oportunidades geopolíticas y comerciales que nos permitirían construir un Estado incluyente y solidario. Necesitamos salir de las estrechas visiones moralistas y entender que la solución no es solo técnica, sino fundamentalmente política, de participación e inclusión de la mayor cantidad de fuerzas, incluyendo a los empleados públicos innovadores, a la transformación del Estado.

“DIRIGENTES SINDICALES”: LLEVAN A LOS SINDICATOS AL SUICIDIO ¿IMPERICIA O MALA FE?

Miguel Sobrado

Afectar la salud, echándose encima a los asegurados, en un momento donde se responsabiliza a los empleados públicos del déficit fiscal y el mal funcionamiento del Estado, no parece cuerdo ni inteligente.
Por este camino terminarán de destrozar las organizaciones sindicales y su capacidad de incidir en los cambios que realmente requiere el país para superar el patrimonialismo del sistema o capitalismo de cuates, donde ésta se incuba la corrupción y se desparrama en cascada por casi todo el aparato público.

El movimiento sindical, tanto del sector privado como público debe poner su atención en garantizar que los servicios públicos sean eficientes y de calidad. Que nos sirvan a todos y garanticen el mejoramiento continuo de la sociedad y la continuidad y estabilidad institucional.

Hay que encontrar las causas en el sistema vigente, que muy acertadamente llama Denise Dresser “capitalismo de cuates”, esto es grupos de interés que han configurado la administración pública adecuando las leyes y reglamento para servirse, no para servir. Grupos  que no deben confundirse con la gran masa de emprendedores creativos que con grandes esfuerzos sacan nuestra economía adelante a pesar de sufrir el peso de la burocracia y su tramito manía.

Hay que preguntarse por ejemplo ¿por qué las medicinas son más caras en nuestro país que en el resto de la región y gran parte del mundo?; ¿igualmente por qué las carreteras son más caras, su construcción más lenta y pagamos más caro el cemento, el transporte público y los créditos usureros?

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de las verdaderas causas sistémicas. El sindicalismo si quiere permanecer como, lo que debe ser, esto un movimiento social que defiende sus legítimos intereses y propicia el cambio, pero no busca privilegios, debe recuperar las banderas solidarias de la salud y el buen servicio público y jamás, bajo ningún concepto recurrir al maltrato de los enfermos, que son trabajadores igual que ellos.

Actuar de manera irresponsable, como lo han venido haciendo con la presente huelga, es ignorar el clima de repudio que generan sus acciones y su debilidad estratégica en la actual coyuntura, donde los medios han logrado ubicarlos como responsables de la corrupción y la crisis que vive el país. Es poner la cabeza bajo la guillotina en un momento que el verdugo está listo para dejarla caer.

CORRUPCION Y PATRIMONIALISMO

Miguel Sobrado

Es muy frecuente en el lenguaje cotidiano, atribuirle la corrupción a las malas calidades morales de los gobernantes y su eliminación a la sustitución de estos por personas puras e intachables. En otras palabras se ve como un problema de la calidad moral, pero  como por todas partes aparecen corruptos, no solo en las denuncias sobre malversación de fondos, sino como algo cotidiano en los biombos hospitalarios de la CCSS y en el irrespeto de las señales de tránsito, se le atribuye el problema a la cultura. Y por lo tanto todos somos  causantes de la corrupción. Pero resulta, que ese mismo ciudadano que aquí se brinca los semáforos en rojo y se parquea en zona amarilla, cuando llega a Nueva York o Londres acata rigurosamente las leyes de tránsito. Esto nos lleva a percibir, más allá de la moralidad individual, a un sistema que en nuestro caso permite el irrespeto de las normas, pero en otros contextos donde no  existe impunidad porque el interés público predomina, el individuo se comporta como ciudadano. Como muy bien lo dice Denise Dresser en su libro “Manifiesto mexicano” La raíz de la corrupción “no es cultural, sino institucional. No es de hábitos sino de incentivos. No se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona. Los de abajo son corruptos y toleran la corrupción porque los de arriba han creado leyes para permitirla…Un Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés”.

Esto nos lleva a analizar el tipo de Estado que tenemos. Dresser le llama al Estado mexicano “un capitalismo de cuates”, esto es una organización institucional donde predomina el interés de los diversos grupos que ejercen el poder, por encima de los intereses de las mayorías, sin que exista un proyecto nacional que integre las acciones con un sentido de desarrollo inclusivo. Un sistema donde no operan los pesos y contrapesos que requiere el control ciudadano en una república, lo que permite el enriquecimiento de los grupos de poder y promueve, por omisión de controles efectivos y su fundamento en relaciones clientelistas, la corrupción en cascada.

En nuestro país estos grupos han logrado blindar las leyes para mantener monopolios y oligopolios que elevan el costo de la vida y hacen de nuestra patria uno de los países más caros reduciendo su competitividad. Basta citar dos de los casos más conocidos, el de las medicinas y el del cemento, que se distinguen por lo elevado de sus precios en la región y más allá.

Don Teodoro Quirós, quien fue Ministro de Agricultura del primer gobierno de Figueres en los años 50, cuando el país tomó rumbo diversificando su economía, un activo liberacionista de aquellos tiempos, al ser entrevistado 40 años después sobre el papel de ese partido en el panorama nacional dijo en una entrevista que le hizo Mercedes Ramírez en canal 13, “ahora es un grupo de amigos para hacer dinero”. Reafirmando de esa  manera la mutación que había sufrido el Estado costarricense, de un Estado con proyecto a  un estado patrimonialista.

Francis Fukuyama en su documentado estudios sobre el auge y decadencia histórica de los Estados, destaca empezando con China y la India y terminando en lo contemporáneo, que los períodos de auge se dieron cuando existió una conducción que integraba los esfuerzos alrededor de una visión viable. Por el contrario la decadencia y el colapso se tuvieron lugar cuando se perdió esta visión integradora y se instalaron regímenes patrimonialistas, donde cada grupo de poder andaba por su lado. El auge se reafirma recientemente en nuestro país de los 50 y 60s, cuando había un rumbo del Estado inclusivo, alrededor del cual se articulaban los negocios y no a lo inversa, como ha sido en las últimas décadas.

Estado botín latinoamericano

Frente a la repetida práctica latinoamericana, donde cada grupo una vez instalado en el poder, coloca sus intereses en primer plano y se enriquece desde esta posición, se ha gestado un sistema donde la corrupción corre en cascada por las estructuras públicas. Donde la práctica de considerar al Estado un botín, se inicia en la cúpula, pero fluye por las relaciones clientelistas hacia abajo. Esta práctica abarca progresivamente  a muchas de las organizaciones gremialistas que terminan anteponiendo sus intereses de grupo al interés público.

En este contexto, donde “primero estoy yo”, la corrupción se incuba y configura un sistema perverso e ineficiente. No interesa controlar los resultados, ni rendir cuentas, sino aparentarlo frente a las críticas, controlando procedimientos y reglamentos  intrascendentes y formales que terminan entrabando el quehacer institucional.  Llegue quien llegue, mientras no cambie el sistema, la corrupción tiende a reproducirse.

La acumulación de violencia y la necesidad de cambios sistémicos

En este contexto, donde la inequidad crece y la corrupción impune se hace cada vez más visible en las ventanillas, crece el malestar popular y se gesta un clima de agresión proclive al linchamiento.

La corrupción, sin embargo no es un problema de puros frente a corruptos, ni solo de los hechos visibles en las oficinas, sino de todo un sistema que debe ser desmontado y transformado en una auténtica república controlada por la ciudadanía  través de un sistema de pesos y contrapesos. Esto requiere de una reforma institucional que acabe con el archipiélago institucional existente carente de instancias integradoras y de rendición de cuentas. De un proceso de reorganización institucional regional y territorial, donde las políticas nacionales estimulen, la organización e iniciativas locales, donde se estimulen los encadenamientos y se difundan las mejores innovaciones. Donde lo más avanzado de la ciencia y la tecnología adquieran dimensiones en las fortalezas locales y arraiguen a la población al mismo tiempo que generen una visión cosmopolita.

Estas cosas no se pueden lograr de golpe, pero si hay visión nacional y la descentralización se realiza apoderando a la ciudadanía de organización, capacidad de gestión y de demandar cuentas, puede darse un proceso acumulativo que, partiendo de las mejores prácticas que marcan senderos, construya un nuevo sistema institucional.

Hemos sido configurados por un sistema patrimonialista y clientelista que no cambiará con buenos consejos, se requiere de una conducción que estimule el apoderamiento organizacional de las comunidades y grupos que articule el Estado  e integre el haz de voluntades colectivo. Como dijo don José Figueres Ferrer “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” ni pueden ejercer la ciudadanía, añado yo.

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